“Mátalos sí, pero recuerda que ese no es tu trabajo; tu trabajo es cuidar, prevenir, proteger. Y si tú no haces ese trabajo, tampoco me hagas creer que me estás salvando de las consecuencias de no haberlo hecho.”
La frase de Vanessa Alexandra Santana Ozuna incomoda porque pone el dedo donde duele. No pide impunidad ni concede licencia para matar. Le recuerda al Estado que su trabajo empieza mucho antes de un tiroteo: empieza en prevenir el delito, proteger a la gente, investigar a quienes lo organizan y llevar a los responsables ante la justicia. La fuerza letal puede ser necesaria ante una amenaza real e inminente; convertir las muertes en espectáculo de gestión es otra cosa.
La Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, establecida por la Ley 1-12, trazó ese camino. Su objetivo 1.2.2 ordena combatir las causas de la delincuencia mediante políticas articuladas de prevención, persecución y sanción. Exige trabajar con las comunidades, impulsar una policía comunitaria y establecer controles internos que garanticen transparencia y respeto a los derechos fundamentales. Ninguna de esas obligaciones se cumple contando cadáveres.
El 19 de junio de 2023, el presidente Luis Abinader anunció en el Palacio de la Policía Nacional que acudiría cada lunes a dar seguimiento a la seguridad ciudadana. Prometió coordinación entre las instituciones y estadísticas para identificar dónde funcionaban las medidas y dónde había que corregir. Asumió personalmente la dirección política de ese esfuerzo. Tres años después, la pregunta no es cuántos lunes se reunió. Es qué cambió en la vida del barrio.
Hay capturas que reconocer y cifras de homicidios que deben examinarse con seriedad. También hay un dato que exige explicaciones: Diario Libre contabilizó 27 muertes en presuntos intercambios de disparos durante septiembre, con corte al día 22, casi el doble de las registradas en todo septiembre de 2025. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha denunciado que muchas de esas muertes serían ejecuciones encubiertas. Esa denuncia merece investigaciones independientes, caso por caso; un parte policial no puede ser, al mismo tiempo, la versión de los participantes y la conclusión definitiva del Estado.
Pero quedarse en la discusión sobre los disparos sería mirar solamente el final de la historia. Hay una pregunta anterior, más incómoda: ¿cómo se sostiene el negocio del delito a plena vista de quienes tienen el deber de impedirlo?
En la República Dominicana no han cuajado, con la lógica que vemos en otros países, grandes bandas autónomas capaces de disputarle de manera sostenida el control del territorio al Estado. Eso no significa que aquí falten bandas, violencia o puntos de droga. Mi lectura es más inquietante: en muchos barrios persiste la convicción de que una organización criminal no necesita enfrentarse al aparato de fuerza cuando puede pagarle a una parte de ese aparato para operar. Si esa percepción corresponde siquiera parcialmente a la realidad, el problema no sería solo la presencia del crimen frente al Estado. Sería su alojamiento dentro de las instituciones llamadas a combatirlo.
No voy a presentar cada relato del barrio como un expediente probado. Tampoco voy a fingir sorpresa ante lo que se denuncia desde hace años: puntos que operan a la vista de todos, avisos antes de los operativos y pagos por protección. Si un punto permanece abierto durante meses, ¿nadie sabe dónde está? Si lo intervienen y vuelve a funcionar, ¿quién explica su regreso? Si se habla de cuotas para operar, ¿quién ha seguido la ruta de ese dinero? ¿De verdad vamos a creer que el único integrante identificable del negocio es el joven que aparece muerto en la nota policial?
Estas preguntas no absuelven a quien vende drogas ni a quien comete delitos violentos. Exigen perseguir también a quienes puedan estar haciendo posible su permanencia. Cuando un agente cobra para mirar hacia otro lado, deja de perseguir el crimen y pasa a administrarlo. Cuando un mando tolera o participa en ese arreglo, el operativo ocasional puede retirar a una persona sin tocar el negocio. Cambia el nombre del punto; permanece la protección.
No sostengo que toda la Policía esté involucrada. Sería injusto con los agentes que cumplen su deber y arriesgan la vida. Precisamente por ellos hay que identificar y separar a quienes puedan estar cobrando al delito. La lealtad a la institución no consiste en proteger a sus miembros corruptos, sino en impedir que manchen a todos los demás.
Ahí está la prueba de los lunes presidenciales. ¿Cuántos mandos asignados a zonas con puntos conocidos han sido investigados patrimonialmente? ¿Cuántas denuncias de vecinos se han convertido en expedientes protegidos de filtraciones y represalias? ¿Cuántos operativos han llegado a quienes financian, abastecen o protegen el negocio? ¿Qué seguimiento se da a los lugares donde un punto reaparece después de ser «desmantelado»? El Presidente no tiene que conocer cada respuesta de memoria. Tiene que exigirlas, verificar que se investiguen y rendir cuentas al país.
También debe exigirse una investigación rigurosa de cada muerte causada por agentes. Si hubo una agresión que justificó el uso de la fuerza, las pruebas deben sostenerlo. Si no la hubo, los responsables deben responder ante los tribunales. La condición de sospechoso no elimina el derecho a la vida ni autoriza a sustituir la justicia por un comunicado.
La seguridad que prometió la END se reconoce de otra manera: una madre puede caminar sin miedo; un joven tiene oportunidades antes de que lo reclute un punto; un vecino puede denunciar sin que su nombre llegue a manos del denunciado; y un policía sabe que servir a la comunidad vale más que cualquier pago ilegal. Eso requiere prevención, investigación, controles internos y sanciones que alcancen a todos los niveles.
Gobernar la seguridad no consiste en sentarse cada lunes en el Palacio de la Policía. Consiste en impedir que cualquier parte de la institución se convierta en aduana del crimen. Consiste en perseguir al que dispara y al que cobra, al que vende y al que protege, al ejecutor visible y a la estructura que se beneficia mientras cambian los nombres en la nota roja.
Vanessa Alexandra pidió oficio: cuidar, prevenir, proteger. La END convirtió ese deber en mandato. Abinader prometió dirigirlo personalmente. El barrio ya no necesita otro lunes de estadísticas y fotografías. Necesita saber quién investiga a los que podrían estar cobrando en la puerta mientras el Presidente cuenta los caídos.
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