Recordemos que La Comisión Económica para America Latina (CEPAL) es un organismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuya principal responsabilidad es hacer investigaciones y presentar resultados y su análisis, sobre la realidad económica de los países latinoamericanos y el caribe.
El último estudio económico, sobre el desempeño económico de los países latinoamericanos del año 2025, los primeros meses del año 2026 y perspectivas de desarrollo de este año y el 2027 que con el título “ Crecimiento y productividad en un contexto de alta informalidad: factores limitantes y desafíos para impulsar la formalización productiva en la región”, la CEPAL pone especial atención al tema que una gran limitante para el desarrollo y bienestar de los habitantes de estos países como lo es la informalidad productiva y laboral.
En el estudio presentado por CEPAL se destaca que en el año 2025 la región siguió creciendo, llegando a un promedio 2.4% del producto interno bruto (PIB), a pesar del entorno de incertidumbre, aumento del proteccionismo del comercio internacional, niveles de volatilidad financiera, así como la situación de riesgo por los conflictos de carácter geopolítico, en un escenario en el cual la economía mundial se desacelerará de un 3.5% en el 2025 a 2.9% en el 2026; a pesar de todo esto la inflación siguió rondando las metas de los bancos centrales, el empleo siguió creciendo pero a un ritmo menor que anteriormente y el salario real mejoró ligeramente.
Pero en dicho estudio se destaca que, aunque el entorno internacional gradualmente mejore, el crecimiento será insuficiente para de forma sostenida aumentar el ingreso por habitante, así como reducir las brechas que impiden el desarrollo. El análisis entonces expresa que el problema de los países latinoamericanos es estructural, manifestado en bajos niveles de inversión y productividad, así como una alta tasa de informalidad.
Una de las conclusiones de la CEPAL es que la informalidad laboral y productiva es una de las razones principales para que se mantengan bajos niveles de crecimiento económico, que no debe entenderse solo como un problema del mercado laboral o de protección social, como generalmente se ha venido enfocando por las políticas publicas de los gobiernos y más que eso, una restricción estructural que frena la capacidad de los países, para traducir el crecimiento económico con aumento sostenido de productividad, inversión productiva y calidad del empleo.
Destacamos la evolución de la informalidad laboral que se ilustra en el siguiente gráfico.
Como bien se expresa en el gráfico, presentado en la publicación del estudio de la CEPAL, la tasa de informalidad laboral en America Latina en el periodo 1990-2025, que alcanzo su nivel mas alto en el año 2000 de 57,8% de forma sostenida, fue disminuyendo hasta el nivel de 45.9% en el año 2013, pero a partir del año 2014 este comenzó a crecer llegando a 48.1% y manteniéndose a un nivel aproximado hasta el año 2025 que fue de 48.0%. Este periodo (2014-2025) se caracterizó por un crecimiento bajo, donde se desacelera la inversión y donde de manera persistente casi la mitad de los trabajadores están insertos en el mercado informal.
Esta tendencia evidencia como en los países de America Latina los problemas no solo son de carácter coyuntural, sino mas bien estructural donde, aunque en algunos años se presenta crecimiento, pero no sostenido, lo que limita la acumulación de capital, la transformación del sector productivo y el progreso en términos de nuevas tecnologías en el proceso de producción.
Ante esta disyuntiva es fundamental que se tome en cuenta esta realidad para el diseño de políticas públicas, ya que la informalidad limita el impacto de las políticas laborales, a la vez que limita la capacidad de recaudación de ingresos del Estado, también restringe las acciones del sistema financiero y limita las políticas en términos de desarrollo productivo.
A partir de lo anterior es necesario, atendiendo al análisis de los técnicos de la CEPAL, que las políticas implementadas con respecto a la inserción laboral, estén orientadas a promover estrategias de formalización productiva, que fundamentalmente vayan en la dirección de aumentar las capacidades productivas de las personas y las empresas, más allá de reformas regulatorias coyunturales o incentivos de corte administrativo. Esta es una recomendación que está hecha como traje a la medida para el caso de la República Dominicana, donde persisten los problemas de informalidad es de más del 54% de población ocupada, medida en el primer semestre del presente año 2026.
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