De los cinco mensajes destacados por la CEPAL al concluir su cuadragésimo primer período de sesiones en Santiago de los Caballeros, uno identifica los activos estratégicos de América Latina y el Caribe y las condiciones para movilizarlos. Pero ¿qué queda fuera de esa enumeración y qué tensiones encierra? La experiencia regional muestra que determinadas formas de crecimiento económico pueden deteriorar las condiciones ecológicas y sociales del propio desarrollo.
Del 7 al 9 de octubre de 2026, Santiago de los Caballeros acogió el 41.º período de sesiones de la CEPAL, dedicado a las transformaciones productivas, sociales y ambientales frente a las rupturas internacionales.
En el encuentro, el secretario ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar-Xirinachs, presentó el documento de posición institucional Gestión de las transformaciones en una era de rupturas. Al clausurar las sesiones, destacó cinco mensajes principales. El segundo merece especial atención: «Los activos de la región —recursos naturales, biodiversidad, capacidades productivas y conocimiento, mercados, y capital humano— solo se traducirán en desarrollo si existen estrategias claras, instituciones sólidas y gobernanza efectiva para movilizarlos».
El mensaje también reclama políticas frente al cambio climático, la pobreza y la desigualdad. La crítica no apunta a la ausencia de estas preocupaciones, sino al lugar que ocupan en la identificación de los activos.
Disponer de recursos y capacidades no garantiza el desarrollo. Pero la enumeración suscita interrogantes sobre los activos seleccionados, sus relaciones y la concepción que orienta su movilización.
La primera cuestión concierne a la selección de los activos. En esta enumeración específica predominan recursos y capacidades vinculados con la producción, los mercados y la competitividad. Quedan insuficientemente representadas las capacidades colectivas de organización, cooperación, participación democrática y construcción compartida de decisiones. Tampoco figuran explícitamente los derechos humanos como dimensión constitutiva del desarrollo.
La noción de capital humano puede reforzar esa limitación si las capacidades personales se valoran principalmente por su contribución económica. Desde la perspectiva de Amartya Sen, ampliada por Martha Nussbaum, el desarrollo comprende libertades y capacidades para construir formas de vida consideradas valiosas. La educación, la autonomía, la participación y la realización de derechos poseen valor propio, independientemente de su rendimiento productivo.
La segunda cuestión concierne a la relación entre recursos naturales y biodiversidad. Su inclusión como activos estratégicos plantea una tensión: la biodiversidad ofrece oportunidades económicas, pero sus funciones ecológicas no se agotan en el aprovechamiento productivo. ¿Establecen las estrategias límites efectivos cuando la movilización de recursos amenaza la integridad de los ecosistemas? La preservación de la biodiversidad no puede condicionarse exclusivamente a su utilidad económica.
Estas tensiones se manifiestan de distintas maneras: mediante transformaciones territoriales asociadas a la expansión productiva, riesgos y fallas en actividades extractivas, o conflictos entre explotación económica y protección de espacios ecológicamente sensibles.
En el turismo, un estudio de Graciela Pérez Villegas y Eurosia Carrascal, publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México en 2000, documentó que la construcción inicial de la zona hotelera de Cancún eliminó 370 hectáreas de manglar. La expansión turística transformó ecosistemas cuya integridad constituía, paradójicamente, parte del atractivo del destino.
En la minería, el colapso de una presa de residuos de la empresa Vale, en Brumadinho, Brasil, en enero de 2019, movilizó aproximadamente 12 millones de metros cúbicos de desechos mineros. La catástrofe causó 272 muertes y afectó el sistema fluvial del Paraopeba. Los estudios científicos posteriores documentaron alteraciones en la calidad del agua y efectos biológicos adversos.
La República Dominicana tampoco es ajena a estas tensiones. En febrero de 2025, la Academia de Ciencias denunció operaciones extractivas de caliza en el entorno de las Cuevas del Pomier, con posibles afectaciones a su zona de amortiguamiento y patrimonio natural y cultural. Posteriormente, las autoridades dispusieron paralizar y excluir las actividades extractivas del núcleo y su amortiguamiento.
La documentación dominicana también registra controversias sobre proyectos turísticos y energéticos en entornos protegidos. No todas constituyen infracciones comprobadas: algunas corresponden a denuncias, autorizaciones cuestionadas o delimitaciones pendientes de verificación. Pero revelan conflictos persistentes entre aprovechamiento económico y protección ecológica.
Los casos mencionados no demuestran que toda actividad turística o minera sea incompatible con la biodiversidad. Pero sí evidencian que el crecimiento económico puede acompañarse de pérdidas ecológicas y daños sociales que los indicadores productivos no expresan suficientemente.
La tercera cuestión remite a la concepción del desarrollo. Una gobernanza eficaz no garantiza la distribución equitativa de beneficios, la realización de derechos ni la preservación ecológica. Los beneficios económicos y los costos sociales y ambientales pueden recaer sobre actores y territorios distintos. Importa cómo se movilizan los activos, pero también para qué, para quiénes, quiénes soportan los costos y con cuáles límites ecológicos.
Esta reflexión adquiere especial pertinencia por la historia intelectual de la CEPAL. Desde sus aportaciones estructuralistas sobre las desigualdades entre centro y periferia, pasando por la transformación productiva con equidad, hasta sus propuestas de cambio estructural para la igualdad y sostenibilidad ambiental, el organismo ha contribuido a cuestionar la identificación del desarrollo con el simple crecimiento económico.
Sería injustificado atribuirle una concepción exclusivamente economicista a partir de un mensaje de cierre. Precisamente porque su trayectoria conceptual es más amplia, resulta pertinente interrogar una enumeración que parece restringir aquello que reconoce como fundamento del desarrollo.
De ahí que el desafío no consista simplemente en añadir nuevos activos. Exige reconocer que los derechos humanos, las capacidades sociales y la integridad ecológica no son únicamente instrumentos para alcanzar competitividad: constituyen fines, fundamentos y límites de las transformaciones económicas.
América Latina y el Caribe necesitan instituciones sólidas y estrategias efectivas. Pero necesitan, igualmente, una concepción del desarrollo donde la economía esté al servicio de la vida social y no la vida social y la naturaleza subordinadas a las exigencias de la economía.
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