Límites reales del crecimiento económico 

El crecimiento económico no comienza en las cifras, sino en las expectativas. Sin confianza no hay inversión, y sin inversión no hay expansión productiva posible. Por eso, el optimismo institucional no es un exceso retórico, sino una condición necesaria para sostener la actividad económica. Sin embargo, cuando ese optimismo no se corresponde con los fundamentos reales de la economía, deja de ser un instrumento de política para convertirse en un riesgo: el de confundir el deseo con la capacidad efectiva de crecer.

Bajo esa lógica deben leerse las proyecciones que distintos organismos internacionales y autoridades económicas han divulgado para la República Dominicana de cara a 2026. Tanto la CEPAL como el Fondo Monetario Internacional, así como el Ministerio de Hacienda y el Banco Central de la República Dominicana, coinciden en estimar un crecimiento superior al 4%.

Conviene recordar, además, que no es la primera vez que estas proyecciones se formulan con un alto grado de optimismo. Al cierre de 2024, esos mismos organismos nacionales e internacionales proyectaban para 2025 un crecimiento económico del 5% o incluso superior. Sin embargo, a medida que el año avanzó, la realidad fue obligando a revisar esas estimaciones a la baja, en un contexto marcado por menor dinamismo de la inversión, debilidad del crédito productivo y agotamiento de los motores tradicionales de la expansión. Este antecedente no invalida el valor de las proyecciones, pero sí obliga a analizarlas con prudencia y a contrastarlas con los fundamentos estructurales de la economía.

Desde la perspectiva institucional, estas estimaciones cumplen una función clara: anclar expectativas, sostener la confianza de los agentes económicos y evitar que el pesimismo se traduzca en parálisis. En economías pequeñas, abiertas y altamente dependientes de flujos externos —turismo, inversión extranjera y financiamiento—, la narrativa de estabilidad y crecimiento forma parte del conjunto de herramientas de la política económica.

No obstante, el optimismo no genera crecimiento por sí mismo. Y cuando se mantiene sin ajustes estructurales de fondo, corre el riesgo de erosionar la credibilidad de las propias instituciones que lo promueven.

La República Dominicana no crecerá más rápido simplemente porque se repita que puede hacerlo. Crecerá si reorienta el gasto público hacia inversión productiva

En un artículo publicado recientemente advertíamos que la República Dominicana se acercaba al 2026 con señales evidentes de agotamiento económico y fiscal. No se trataba de una lectura catastrofista, sino del resultado de observar tendencias persistentes: desaceleración del crecimiento, debilidad de la inversión pública, aumento del gasto corriente, presión creciente del servicio de la deuda, déficit cuasifiscal en ascenso y un deterioro progresivo de sectores clave.

Ese diagnóstico sirve como punto de partida para una reflexión más profunda: ¿cuál es realmente la capacidad de la economía dominicana para crecer de manera sostenida en el corto y mediano plazo?

Cuando se analizan los fundamentos, la respuesta es menos alentadora que las proyecciones oficiales. Excluyendo choques externos positivos extraordinarios, el crecimiento potencial de la economía dominicana —es decir, aquel que puede alcanzarse sin generar desequilibrios macroeconómicos— luce hoy por debajo del 2% anual.

Las razones son estructurales. La inversión pública de capital se mantiene en niveles insuficientes para dinamizar la economía. La construcción, históricamente uno de los principales motores del crecimiento, acusa la falta de obras de infraestructura, el encarecimiento de materiales y unas tasas de interés que no han reaccionado plenamente a la política monetaria expansiva. El turismo, aunque mantiene volúmenes aceptables, muestra una pérdida relativa en calidad de ingresos, con menor gasto promedio y mayor volatilidad en los mercados emisores.

A ello se suma un sector eléctrico crónicamente deficitario, que continúa absorbiendo recursos públicos sin una estrategia creíble de transformación, y una política monetaria cuyos efectos se diluyen porque el principal freno no es la liquidez, sino la confianza y la rentabilidad de la inversión productiva. El Estado, además, compite con ventaja por los recursos del sistema financiero, desplazando al sector privado y limitando la expansión del crédito productivo.

En este contexto, existe un solo sector con capacidad real de alterar de manera significativa la trayectoria de crecimiento en el mediano plazo: la minería. Bien gestionada, con reglas claras, sostenibilidad ambiental, licencia social y una participación estratégica del Estado, la minería puede aportar divisas, ingresos fiscales, empleo indirecto y encadenamientos productivos, sumando entre uno y dos puntos porcentuales adicionales al crecimiento.

Sin embargo, aquí aparece un elemento que suele omitirse en los discursos optimistas: el tiempo.

Las nuevas explotaciones mineras no se activan por decreto ni por expectativa. Requieren procesos largos y complejos: exploración avanzada, permisos ambientales, acuerdos con comunidades, estructuración financiera y desarrollo de infraestructura. Pretender que ese impacto se materialice en 2026 es desconocer la naturaleza misma del sector.

Si el objetivo es que la minería contribuya de forma significativa al crecimiento en 2027, entonces 2026 debe ser, necesariamente, el año de la formalización. Formalización de una política minera coherente, de un marco regulatorio estable, de reglas fiscales claras y de una narrativa estatal que supere la ambigüedad y el cálculo político de corto plazo. Sin ese paso previo, el potencial minero seguirá siendo una promesa postergada.

Nada de lo anterior implica que las instituciones deban abandonar el optimismo. Promover confianza forma parte de su mandato. Pero el optimismo económico debe estar acompañado de una lectura honesta de los límites estructurales y de decisiones que permitan ampliarlos.

La República Dominicana no crecerá más rápido simplemente porque se repita que puede hacerlo. Crecerá si reorienta el gasto público hacia inversión productiva, si corrige distorsiones que asfixian al sector privado y si asume, sin evasivas, las decisiones estratégicas que pueden transformar su estructura productiva.

De lo contrario, las proyecciones optimistas terminarán chocando con una realidad más austera: un crecimiento insuficiente para generar empleos de calidad, sostener el ingreso real y preservar la cohesión social. Y cuando ese choque se produzca, el debate dejará de ser técnico para convertirse, inevitablemente, en político.