El debate sobre si la nueva Ley 47-25 logrará desterrar finalmente la burocracia pública no solo es necesario, sino sumamente oportuno. Como bien se ha analizado recientemente, la agilidad en la Administración pública no se decreta por ley, sino que se construye a través de procesos eficientes. Desde la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), compartimos plenamente esa visión: la eficiencia no puede ser una promesa al aire, sino el resultado de un sistema que ya estamos desplegando sobre bases institucionales y técnicas sólidas.
Para que esta agilidad deje de ser una aspiración y se convierta en una realidad operativa, el primer paso ha sido fortalecer el brazo ejecutor. En un hito sin precedentes, hemos aprobado junto al Ministerio de Administración Pública (MAP) una nueva estructura estándar para las Unidades de Compras de cada institución del Estado.
Con esto, no buscamos un simple cambio de nombres en un organigrama, sino una profesionalización real de las áreas con perfiles técnicos especializados en derecho administrativo, finanzas y planificación, para garantizar la gestión de acuerdo al ciclo de las contrataciones y responder de manera eficiente a cada una de las etapas precontractual, contractual y postcontractual. Estamos convencidos de que una ley moderna requiere, ante todo, de una maquinaria humana capaz de operarla con el rigor y la velocidad que los tiempos exigen.
Sin embargo, contar con los equipos correctos es solo la mitad del camino; también se requieren reglas que entiendan la complejidad de lo que se adquiere. Por ello, hemos diseñado reglamentos especiales, fichas técnicas, documentos estándares, algunos aprobados, otros en fase de consulta pública o en elaboración, que permiten respuestas ágiles y atender necesidades de la administración. Estas normas y políticas especiales darán más certeza y seguridad jurídica a los funcionarios, permitiéndoles decidir con rapidez sin temor a caer en vacíos legales o interpretaciones ambiguas.
Esa misma lógica de especialización nos ha llevado a enfrentar uno de los mayores cuellos de botella históricos: la redacción de pliegos de condiciones desde cero para cada proceso. Para romper con esta inercia, estamos impulsando una estandarización técnica masiva. A la fecha, contamos con un robusto catálogo de fichas técnicas ya aprobadas, otro grupo importante en fase de consulta y cerca de 50 nuevas fichas en pleno proceso de elaboración. Esto significa que, cuando una institución necesite un bien común, ya tendrá a su disposición especificaciones prevalidadas, reduciendo semanas de burocracia a solo unos días de gestión administrativa.
Todo este andamiaje institucional y normativo se apoya en un motor tecnológico que hoy cuenta con decenas de herramientas diseñadas para agilizar y vigilar cada paso del proceso. Desde las mejoras implementadas y otras en marcha en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) o el Sistema de Alerta Preventiva (SAPP), que detecta riesgos antes de que un proceso se detenga, la tecnología es nuestra mayor aliada contra la lentitud.
A esto se suma la interoperabilidad con varias entidades del Estado con el Registro de Proveedores, buscando eliminar el absurdo de pedirle al ciudadano documentos que el propio Estado ya posee en sus bases de datos.
En definitiva, la Ley 47-25 no es un evento aislado, sino el marco de una transformación profunda que ya está en marcha. Con la nueva estructura del MAP, los reglamentos específicos, la masificación de las fichas técnicas y el despliegue de herramientas digitales, estamos eliminando la discrecionalidad que tradicionalmente genera retrasos.
Para muestra basta con indicar que el primer trimestre de 2026 marca un punto de inflexión en la eficiencia operativa del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas (SNCP). Coincidiendo con los primeros tres meses de implementación de la Ley 47-25, el sistema no solo ha logrado los mejores indicadores de actividad y competencia desde que se tiene registro, sino que ha transformado la capacidad de ejecución de las instituciones.
La eficiencia se manifiesta en un salto cuantitativo del 72,7 % en la inversión contratada, pasando de RD$19 471 millones en 2025 a RD$33 642 millones en 2026. Este crecimiento no es fortuito; responde a una mejor planificación estratégica y a una optimización de los flujos de trabajo que ha permitido reducir los procesos cancelados y dinamizar la firma de 14 612 contratos.
Más allá de las cifras, la eficiencia se refleja en la salud del mercado público: una base de proveedores más diversificada y una mayor participación de mipymes, garantizando que el gasto público sea un motor de inclusión, participación y competencia real por cada proceso publicado. Nuestra meta es clara: que la compra pública sea el motor que impulse el desarrollo nacional, llegando a tiempo, con calidad y con total transparencia. La agilidad ya no es una meta lejana; es el estándar que estamos construyendo día a día.
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