Vivimos tiempos en los que pareciera que la verdad depende de la rapidez con que se comunica una información, de la cantidad de veces que se repite o del número de personas que manifiestan estar de acuerdo con ella. Estamos ante el reinado de la prisa y de la superficialidad.
Es la época llamada de la posverdad, en la cual los hechos objetivos carecen de interés, al mismo tiempo que tienen menos influencia en la opinión pública que las apelaciones cargadas de emociones y de creencias personales. La posverdad no implica solo la difusión de datos falsos, sino la indiferencia ante la verdad.
La lectura apresurada y simplista se abre paso por encima de la necesidad de comprender con la profundidad necesaria las realidades que enfrentamos, conduciéndonos a desechar los procesos cognitivos de orden superior los cuales suponen evaluar, reflexionar e integrar múltiples fuentes de información.
Las redes sociales han transformado profundamente nuestra manera de informarnos, comunicarnos y construir opiniones acerca de los acontecimientos cotidianos. Hoy, prácticamente cualquier persona puede convertirse en comunicador, comentarista o juez de situaciones que apenas conoce, haciéndose “juez de la verdad”.
No pretendo desconocer las enormes posibilidades que estos medios ofrecen para democratizar la información y ampliar la participación ciudadana. Pero también debemos reconocer sus riesgos.
Una noticia aparece y en cuestión de minutos empiezan múltiples interpretaciones. Unos afirmando conocer las verdaderas razones de lo sucedido; otros atribuyendo intenciones, responsabilidades y hasta motivaciones personales. Y no faltan quienes, sin conocer los hechos, se apresuran a establecer culpables e inocentes.
Y así, casi sin advertirlo, pasamos de la información a la especulación, de ésta a la afirmación categórica y, finalmente, a la condena pública. ¿En qué momento una opinión se convierte en verdad? ¿Es suficiente que muchas personas compartan una interpretación para considerarla verdadera?
La filosofía y las ciencias nos han enseñado que el conocimiento es siempre susceptible de revisión. Nuestra comprensión de los fenómenos sociales y naturales está condicionada por experiencias, valores, intereses y circunstancias históricas. Es decir, de las presuposiciones básicas, no siempre explícitas, a partir de las cuales comprendemos las cosas.
Reconocer esta complejidad no significa asumir que todas las afirmaciones que se plantean tengan idéntico valor.
Existen hechos verificables, interpretaciones razonablemente fundamentadas y simples especulaciones. Confundirlas constituye uno de los problemas más graves de nuestra cultura comunicacional.
No hay dudas de que la libertad de expresión es un derecho fundamental de toda sociedad democrática. Pero ese derecho conlleva responsabilidades, particularmente cuando nuestras palabras pueden afectar honras, reputaciones, como la integridad de otras personas.
No se trata de promover el silencio ni de impedir el cuestionamiento de quienes ejercen responsabilidades públicas o institucionales. Por el contrario, una sociedad democrática necesita ciudadanos críticos, capaces de exigir explicaciones y de cuestionar las decisiones del poder.
Sin embargo, una cosa es cuestionar una actuación y otra muy distinta atribuir intenciones sin pruebas. Una cosa es exigir transparencia y otra convertir la intimidad o la dignidad de una persona en espectáculo.
Quizás uno de nuestros mayores desafíos educativos sea aprender a convivir con la incertidumbre. A reconocer que no siempre disponemos de toda la información y que, en determinadas circunstancias, la respuesta más responsable consiste en admitir que todavía no sabemos.
Decir «no lo sé» no debería interpretarse como una expresión de debilidad intelectual. Puede constituir, por el contrario, en una manifestación de honestidad y madurez. Reconocer la ignorancia sobre algún asunto es posible que se constituya en la mayor sabiduría que una persona puede alcanzar en un momento determinado.
Me preocupa particularmente la facilidad con que nuestras diferencias de opinión se convierten en enfrentamientos personales. Parecería que disentir obliga a descalificar, que cuestionar supone agredir y que defender una posición exige negar cualquier legitimidad a quien piensa diferente.
¿Qué estamos enseñando a las nuevas generaciones mediante estas prácticas?
La educación no debería limitarse a desarrollar competencias para acceder, procesar y transmitir información se necesita, además, formar personas capaces de distinguir entre hechos y opiniones, de valorar las evidencias, de reconocer sus propios prejuicios y de respetar la dignidad de quienes sostienen posiciones diferentes.
Se hace necesario, en definitiva, educar para el ejercicio de una ciudadanía crítica, pero al mismo tiempo, prudente; comprometida con la verdad, pero consciente de las limitaciones de su propio conocimiento que representa una manera, entre otras, de comprender determinada situación.
No tengo la pretensión de ofrecer una solución definitiva a estos problemas. Me interesa, más bien, provocar una reflexión que considero necesaria. Porque la verdad no se fortalece mediante la imposición, ni la dignidad humana puede quedar subordinada a nuestra necesidad de tener razón.
La verdad merece ser buscada con rigor. Las personas merecen ser tratadas con respeto. Y ninguna de estas responsabilidades debería sacrificarse en nombre de la inmediatez.
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