Una temporada de crisis consecutivas ha marcado el rumbo del mundo repercutiendo de forman sensible cada una de las economías locales, generando incertidumbres que requieren acciones para mantener la estabilidad y el bienestar.
El COVID 19 marcó el inicio de una década de coyunturas especiales que nos ha llevado en los últimos seis años a ser testigos de guerras, conflictos sociales, afectaciones climáticas, tensiones geopolíticas, crisis alimentaria, entre otros sucesos que emergen como amenazas externas, pero con gran incidencia en la vida cotidiana de cada nación.
Esta situación requiere lo mejor del Gobierno Dominicano para administrar las amenazas contínuas que arremeten contra la estabilidad y a su vez planificar un manejo eficiente de los fondos públicos para reducir las brechas y potenciar las oportunidades en cada rincón de la geografía nacional.
La correcta administración de las amenazas nos ha permitido gozar de estabilidad macroeconómica, reconocida por entidades como Fitch Ratings quien elevó la calificación crediticia soberana de BB- a BB, con perspectiva estable y la más reciente declaración de la misión del Fondo Monetario Internacional quien destacó el "admirable comportamiento de la economía dominicana". Factores que generan confianza en los agentes económicos, los cuales han visto recuperar en lo que va del año sectores claves como el turismo, la construcción y la manufactura local.
Como complemento, en tiempos de crisis se requiere planificar con precisión milimétrica el manejo de los fondos públicos con el fin de que cada peso del presupuesto pueda ser utilizado para atender las urgencias del presente y prepararnos para el futuro que nos espera. Para estos fines la planificación territorial permite conducir las acciones de todo un gobierno sobre metas focalizadas y localizadas en algún lugar del territorio.
La presente administración ha incorporado la territorialización de las políticas públicas como bandera para conducir la acción de gobierno en todo el país. Las iniciativas están vinculadas a una comunidad, a una demarcación y de esta manera se acerca el presupuesto a la gente.
Como evidencia de esta política se han identificado las demandas priorizadas de la sociedad civil para el Presupuesto General del Estado, escuchando las urgencias del territorio en los Consejos de Desarrollo Provincial ajustadas a una visión estratégica regional. De esta manera no es solo demandar, sino solicitar que la inversión pública, los bienes y servicios reduzcan las brechas estructurales y complementen la inversión privada local, como base del desarrollo productivo de toda la nación.
La fórmula para tiempos de crisis reposa en la gestión permanente de los indicadores macroeconómicos combinado con la planificación focalizada del presupuesto en atención a cada rincón del territorio.
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