La próxima víctima puedes ser tú

Esta entrega cierra la serie “Manual de vida en la República del terror”. Recuerdo haber estado en Nueva York durante los años en que Rudolph Giuliani emprendió la reorganización de la Policía y una ofensiva contra la corrupción de sus integrantes. Pude observar personalmente los cambios que comenzaron a producirse en el tratamiento de la delincuencia común, especialmente en las calles. Aquella experiencia despertó mi interés por una cuestión que considero fundamental: cómo organizar las instituciones para que puedan combatir eficazmente el delito sin apartarse de las obligaciones que les impone la ley.

El proceso neoyorquino tenía antecedentes importantes. La Comisión Mollen, establecida durante la administración de David Dinkins, presentó en julio de 1994 un informe que documentaba graves deficiencias en los mecanismos policiales de control de la corrupción. En febrero de 1995, Giuliani creó una comisión independiente para supervisar las medidas adoptadas por la Policía; paralelamente, la reorganización del trabajo operativo incorporó CompStat, un sistema que permitió utilizar las estadísticas criminales para distribuir recursos y exigir resultados a los responsables de las distintas demarcaciones.

Con los años he llegado a considerar aquella experiencia como una reforma que, a pesar de sus resultados, dejó problemas sin resolver. No desconozco que algunos de sus mecanismos de supervisión permanecen vigentes ni que determinadas prácticas policiales suscitaron controversias sobre los derechos ciudadanos. Precisamente por eso, su principal enseñanza no consiste en reproducir el modelo, sino en examinar sus resultados y comprender que una transformación institucional necesita vigilancia permanente.

La República Dominicana enfrenta un desafío semejante, con características propias. Hemos invertido recursos en vehículos, equipos, entrenamiento y programas de modernización policial. Pero todavía necesitamos conseguir que los distintos componentes del sistema de seguridad y justicia funcionen coordinadamente. De poco sirve detener a un delincuente si alguien le advirtió previamente sobre una operación, desaparecen las pruebas reunidas o el expediente llega a los tribunales sin los elementos necesarios para sostener la acusación.

Mi experiencia en las Fuerzas Armadas estadounidenses, en organismos vinculados a la seguridad y en el ejercicio del derecho me lleva a considerar tres aspectos de esa transformación: la organización de las operaciones, la integridad de los funcionarios y la evaluación de los resultados.

Comenzaría por revisar la distribución del personal policial; cada demarcación debería disponer de información actualizada sobre los delitos que ocurren en su territorio, los horarios en que se concentran y las circunstancias que favorecen su ejecución. Los responsables tendrían que explicar periódicamente qué medidas adoptaron, qué resultados consiguieron y cuáles dificultades necesitan resolver. No propongo llenar las calles de agentes ni detener indiscriminadamente a los jóvenes de determinados barrios. Se trata de colocar los recursos disponibles donde puedan resultar más útiles y supervisar su utilización.

La investigación criminal requiere un esfuerzo equivalente. Los policías y fiscales deben trabajar sobre procedimientos comunes que permitan preservar las evidencias y documentar las diligencias realizadas. Cada investigación necesita responsables identificables y registros que permitan conocer quién tuvo acceso a la información y qué ocurrió con las pruebas. Esos controles también permitirían detectar irregularidades que actualmente pueden permanecer ocultas hasta que un expediente fracasa.

La corrupción constituye una amenaza directa contra cualquier reforma de seguridad; no se limita al policía que acepta dinero durante una intervención. Puede encontrarse en el funcionario que proporciona información a una organización criminal, en quien altera las evidencias, en el fiscal que favorece ilegalmente a un imputado o en el empleado penitenciario que permite continuar las operaciones delictivas desde una cárcel. Cada una de esas conductas tiene consecuencias distintas, pero todas perjudican la capacidad del Estado para cumplir sus obligaciones.

Necesitamos controles que alcancen a todas las instituciones que participan en la persecución penal. La Policía Nacional y el Ministerio Público disponen de organismos de supervisión disciplinaria, pero su existencia no garantiza por sí sola que las irregularidades sean descubiertas. Deben contar con recursos, procedimientos verificables y mecanismos que permitan investigar las denuncias sin interferencias de los funcionarios involucrados. La supervisión externa también resulta indispensable, con pleno respeto a las atribuciones constitucionales de cada institución.

Prestaría particular atención a la protección de quienes denuncian la corrupción desde dentro del propio sistema. Un agente o funcionario que conoce una irregularidad puede decidir guardar silencio si considera que denunciarla comprometerá su carrera o su seguridad. Igualmente, necesitamos controles patrimoniales conforme a la legislación vigente y auditorías que permitan identificar actuaciones incompatibles con las responsabilidades de cada cargo. La finalidad no debe ser organizar depuraciones periódicas para presentarlas ante los medios, sino descubrir oportunamente las irregularidades y establecer las responsabilidades correspondientes.

La experiencia estadounidense también ofrece una referencia sobre la importancia de investigar correctamente. En junio de 2016, el Instituto Nacional de Justicia publicó una síntesis de investigaciones según la cual la percepción de una mayor probabilidad de ser descubierto tiene un efecto disuasorio más importante que el simple aumento de las penas. Para nosotros, esa conclusión significa que esclarecer los delitos y llevar a sus responsables ante los tribunales merece tanta atención como las reformas legislativas que anuncian castigos más severos.

El sistema penitenciario debe formar parte de esa organización; necesitamos impedir que las cárceles sirvan para dirigir actividades delictivas y desarrollar programas de rehabilitación cuyos resultados puedan examinarse después de que los condenados recuperen su libertad. La clasificación de los internos, su formación y el seguimiento legalmente procedente de quienes regresan a la sociedad deben responder a criterios profesionales, no a decisiones improvisadas.

Propondría iniciar esta transformación mediante intervenciones integrales en varias demarcaciones cuidadosamente seleccionadas. Cada una tendría un diagnóstico de sus problemas, responsables institucionales definidos y objetivos que pudieran comprobarse: la Policía, el Ministerio Público, las autoridades penitenciarias y las instituciones comunitarias participarían conforme a sus respectivas competencias. Los resultados serían examinados periódicamente, con participación de especialistas independientes, para determinar qué procedimientos merecen conservarse, corregirse o extenderse a otras comunidades.

No necesitamos presentar cada cambio administrativo como una nueva reforma. La continuidad debe convertirse en una responsabilidad institucional que sobreviva a los funcionarios encargados de ejecutarla. Los organismos de supervisión tienen que informar sobre su trabajo y las autoridades deben explicar qué ocurrió con las recomendaciones que recibieron. Solamente así podremos evitar que las irregularidades reaparezcan cuando desaparezca la atención pública.

La próxima víctima puedes ser tú, un familiar o alguien a quien todavía no conocemos; por eso, la seguridad ciudadana no debería medirse exclusivamente por la cantidad de delincuentes apresados, sino por nuestra capacidad para investigar los delitos, impedir que las instituciones sean utilizadas para protegerlos y reducir las posibilidades de que vuelvan a ocurrir.

La reforma que necesitamos no termina cuando presentamos nuevos policías, equipos o estadísticas. Su verdadera continuidad comienza cuando somos capaces de vigilar también a quienes tienen la responsabilidad de protegernos y convertimos esto en una actividad permanente.