La presidencia de la Suprema Corte de Justicia

Nuevamente y en poco período de tiempo, nos encontramos ante la evaluación que está realizando el Consejo Nacional de la Magistratura para la designación de las vacantes en la Suprema Corte de Justicia, entre ellas, la Presidencia de esta alta corte. Sobre esta última ha habido una especie de campaña en el que se dividen dos posturas: una es que dicha Presidencia debe ser ocupada por un abogado en ejercicio; y la otra es que debe ser un miembro de la carrera judicial.

Al final, que la ocupe un abogado o un juez de carrera tiene, como todo, ventajas y desventajas; pero en ningún caso es posible señalar que una de estas características es mejor que otra, pues cada cual podrá aportar desde sus experiencias lo que estimen conveniente para el fortalecimiento del sistema de justicia y del Poder Judicial. Quizás fuera bueno un juez de carrera, pues sería un reconocimiento muy importante al sistema establecido en 1998 y digamos, el cumplimiento final del escalafón diseñado para garantizar independencia, estabilidad e incentivos de continuar en la función.

De hecho, más interesante de si un juez de carrera o abogado en ejercicio es pensar en una presidenta pues sería un hito verdaderamente histórico y un reconocimiento adeudado a las mujeres profesionales del derecho, quienes en los últimos años se destacan grandemente tanto sudando las togas, asumiendo los retos propios de manejar grandes transacciones, así como también dirigiendo los procesos judiciales más complejos de los últimos años.

Ahora bien, al margen de esta discusión, lo que importa realmente es entender el rol preponderante de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia para el sistema de justicia. Este funcionario judicial tiene no solo un rol de gestión a nivel de la Corte de Casación; sino que sus atribuciones de mayor envergadura se vinculan a la dirección administrativa del Poder Judicial como presidente del Consejo del Poder Judicial.

Y sin ánimos de pasar balance sobre la actual gestión del magistrado Molina, es preciso verificar los retos pendientes del Poder Judicial y, en sí, del sistema de justicia, y con ello, la garantía del derecho fundamental a una tutela judicial efectiva.

En un primer orden, quien fuere designado como presidente de esta alta corte se enfrenta directamente una situación presupuestaria que amerita fortaleza y liderazgo frente al Poder Ejecutivo y le Congreso Nacional para que se le asigne el monto legalmente establecido al Poder Judicial o por lo menos que se acerque a este, para poder continuar con las transformaciones que se iniciaron con la actual gestión y realizar las mejoras de personal que durante mucho tiempo han sido exigidos y, parcialmente obtenidas, por los jueces y servidores judiciales.

Acompañado con el tema presupuestario, es importante que quien resulte electo tenga una visión para desarrollar políticas que tengan, por lo menos, los siguientes tres enfoques:

1) Ampliar el acceso a la justicia, lo cual no necesariamente supone una profundización de la digitalización que está en curso. Acceder a la justicia también es contar con infraestructuras adecuadas para el normal desarrollo y el efectivo cumplimiento de los fines de este poder del Estado. No es posible que el Poder Judicial tenga tribunales cayéndose a pedazos o poniendo a sus servidores a desarrollar sus funciones en situaciones de plena calamidad, lo que provoca que los usuarios también mal pasen innecesariamente;

2) Disminuir la burocratización que ha venido ahogando al Poder Judicial a raíz de las operaciones del Centro de Contacto y el desmantelamiento de las secretarías en múltiples jurisdicciones. Este sistema de centralización informativa no funciona y al final, los servidores del Centro de Contacto tan solo disponen de las informaciones que están en la plataforma de Acceso Judicial o en la página web de la Suprema Corte de Justicia, de modo que este centro no agrega un valor real ni tampoco sirve para mejorar el acceso a la justicia como se ha querido vender. Al contrario, ha ralentizado y aumentado los trámites para gestiones sencillas. Por eso, quizás una solución es disponer de ese personal al servicio real de las secretarías y unidades administrativas de los tribunales; y

3) Aumentar la cantidad de jueces y, con ello, reevaluar el sistema de entrada a la Escuela Nacional de la Judicatura y su programa de formación sin perder las exigencias de excelencia que tiene. Ahora mismo faltan jueces tanto para asumir la cotidianidad de un tribunal como también para servir de apoyo en los diferentes distritos judiciales como itinerantes y liquidadores. La falta de jueces carga excesivamente a los actuales y la personal administrativo, lo que impide conocer más procesos en menor tiempo y con ello, agilizar gratamente los procesos.

Entiendo que teniendo en cuenta estos tres enfoques, sin dejar de lado otros trabajos como el fortalecimiento del escalafón, y trabajándolos con ahínco y de la mano con todos los actores del sistema, el Poder Judicial puede entrar en el necesario sendero virtuoso que este momento institucional necesita.