La política perversa heredada del dictador

Las secuencias de escándalos de corrupción de las últimas décadas demuestran que existe una constante en el ejercicio de gobernar, heredada de la dictadura y agravada en democracia, resultando familiar en la conducta de ciertas figuras, otrora honestas y hoy grandes corruptas.

Lo primero que hay que destacar es la concepción que se tiene del Estado, el gobierno y el partido. El nacimiento hipertrofiado del Estado dominicano ha marcado la deformidad de su concepción, tiempo y ejercicio de gobernar, consolidados durante la dictadura, cuando el dueño absoluto del país era el dictador, al que pertenecíamos y al que pertenecía todo. Lo que puede haber influido también en la relación que tienen los ciudadanos comunes con las instituciones públicas.

En dictadura, Estado, partido y gobierno tenían un solo hilo conductor: la lealtad al dictador. En democracia, existe una simbiosis confusa entre el rol del Estado, el partido y el gobierno; para muchos es la misma cosa. No existen límites, lo que se traduce en que las instituciones del Estado son secuestradas y asaltadas por los partidos que gobiernan.

Tras caer el régimen, la sociedad no se limpió de la escoria dictatorial; no hubo ruptura. Colaboradores y asesinos salieron disparados hacia el extranjero, y testaferros y acólitos se mimetizaron con las luchas democráticas a nivel nacional.

Los hijos naturales del dictador, anónimos, sobrevivieron hasta ayer, ricos y tranquilos.

La transición de dictadura a democracia se hizo en la impunidad, sin comisión de la verdad, algo que se ha transmitido de generación en generación como una práctica aceptada y recurrente de un ejercicio disfuncional de la sociedad y la política, destacándose una especie de complicidad e hipocresía entre los que gobiernan y el empresariado, lo que se traduce en impunidad amplificada.

Como el dictador era rico, gobernar ha sido asociado al hecho de enriquecerse en el poder, siendo Trujillo, el "padre de la patria", el único corrupto conocido y aceptado.

Desde entonces, el Estado es objeto de todo tipo de transacciones y sus instituciones están sujetas a ser negociadas: la energía eléctrica, el transporte, los consulados, la salud, la seguridad, la migración, los desechos, el turismo, la nacionalidad, etc. Es un país susceptible de ser negociado y adulterado. Los actuales casos de corrupción lo ilustran.

Durante la dictadura, la administración pública contaba con una empleomanía de calidad que, cuando salía del rol asignado, era sancionada y eliminada hasta de la vida social. El nepotismo lo lideraba el apellido Trujillo, con la familia privilegiada por encima de todo el país. Hoy, el nepotismo es una práctica común y corriente, ejercida por cualquier incumbente, que puede llegar a tener hasta cuarenta miembros de su familia en la institución que dirige.

Las empresas del dictador pasaron a manos privadas y el patrimonio del trujillato también: propiedades inmobiliarias, obras de arte, joyas, el respaldo de la moneda en oro – e incluso las amantes – pasaron a otras manos de quienes participaron en el régimen o fueron sus enemigos y se sentían con el derecho de apropiación al caer el mismo. Nadie sabe dónde fueron a parar estas riquezas… Nuestra democracia ha heredado estas deformaciones de la dictadura que, si bien hombres excepcionales trataron de cambiar al caer el régimen, eso no bastó.

Hoy las expropiaciones que realiza la justicia a diversos delincuentes caen también en manos privadas.

La genética de la política perversa ha quedado aquí, y más de una gestión democrática de tiempos recientes arrastra destellos autoritarios y corruptos ante los que sucumbe la institucionalidad.

El Estado no ha podido superar su condición de mayor empleador, que arrastra desde la dictadura, masificando su rol y siendo la fuente de enriquecimiento e instrumento para pagar favores y compromisos políticos, engrosándose la nómina pública cada cuatro años.

Muchos funcionarios salen millonarios de sus posiciones gracias a los sueldos y al uso indiscriminado de las instituciones, bajo la creencia de que la institución les pertenece y de que los conocimientos gerenciales los otorga el nombramiento. El uso y la usurpación de la cosa pública se reproducen históricamente.

En cada período de gobierno, los que llegan suelen evadir la responsabilidad, la transparencia y la rendición de cuentas, porque el Estado pertenece al que lo administra. Ya decía el ex presidente Hipólito Mejía: "El poder es pa' usarlo".

La democracia cambió el paisaje político del país: del partido único, el Partido Dominicano, con fieles y obligados militantes al servicio del régimen, saltamos al pluripartidismo intenso y tenebroso, con unos treinta y cuatro partidos registrados. Lo que ha permitido que el partido político funcione con la misma filosofía gerencial del colmado, aceptando a todo el que llega: delincuentes, narcos, políticos fósiles, arribistas e idealistas convergen, militan y hasta conforman las cámaras legislativas.

La proliferación de partidos ha facilitado el transfuguismo vergonzoso, práctica dirigida a sobrevivir en el negocio político, pleno de carencias y falta de propuestas. Cualquier sujeto monta su tienda aparte, lo que le permite estar en todos los gobiernos y recibir una asignación que garantiza su funcionamiento sin que los "dirigentes" tengan nada que hacer. La Junta Central Electoral subvenciona sus actividades; solo en 2024, desembolsó RD$2,000 millones, repartidos entre cinco fuerzas políticas (PLD, FP, PRM, PRD).

El clientelismo es la práctica presente en todos los casos de corrupción: la necesidad de pagar favores a gente que oferta un supuesto capital político o da dinero para la campaña, que nadie sabe de dónde sale, pero que siempre se recupera. La gratitud convertida en instrumento que vehicula la corrupción lleva a ciertos sujetos a pretender que su apoyo a decisiones de gobierno debe ser premiado; no se espera que el compromiso político o ciudadano sea gratuito.

Con votantes envilecidos que tienen precio y carecen de espíritu crítico, el quehacer político se ha empobrecido.

Mientras no acabemos con esa concepción compleja del “Estado + gobierno + partido”, heredada del trujillato, no se controlará la corrupción, el transfuguismo y el clientelismo rampantes, y nuestro país seguirá siendo una vulgar caricatura de lo que puede llegar a ser una sociedad decente, con una democracia estructurada y una clase política comprometida con los intereses de la sociedad, al servicio de una ciudadanía gratuitamente responsable.