Antes de entrar en materia, producto de la tromba mediática que ha querido pulverizar el contrato de forma despiadada e irreverente —que se ve que abordan el tema por la cultura de la página o con algún interés marcado de envolverlo con vocación de gansos y, bajo una vorágine de descrédito—, y que, por lo que he visto y oído en las redes y otros medios, me ha impulsado razonar que la andanada de críticas, en ningún caso propositiva, luce que no ha descansado en la objetividad propositiva —a mi juicio—, sino en valoraciones desprovistas de conocimientos de causas, y máxime, sin hurgar en el pedigrí de cada una de las partes que intervienen en el acuerdo de servicios.
Si bien es cierto que el contrato que tiene que ver con la dotación del documento de identidad de un conglomerado social como República Dominicana, país quevive una encrucijada con la pretendida agenda internacional de que esta nación se convierta en el receptor de los haitianos en desbandadas, hasta puede resultar natural cualquier reacción de la ciudadanía y que este cambio de cédula de identidad ha chocado coyunturalmente con un estado muy sensible de la sociedad dominicana, la cual, ante esta circunstancia, está presa o cautiva del síndrome de la personalidad chiva o bronca y que, sin lugar a dudas, al paísse le podrían exacerbar los ánimos.
Pero no menos cierto es que, en el caso que nos ocupa, —a nuestro juicio—, lo que ha primado es un desparpajo mediático —que para nadie es un secreto—, absorbido por un populismo de las redes sociales —no comunicacionales—, sino impulsado, según mi criterio, por el espíritu competitivo del que primero publique la noticia más rimbombante posible, sonora, morbosa y sensacionalista, que es propio de la llamada teoría de la conspiración, la cual tiene al país sumido en la cultura del irrespeto, y que todo el mundo se presta a bajeza y chanchullos. Y eso no es así. Aquí hay gente que no se raja.
Entonces, como insumo de una sana discusión o interpretación de mis juicios, quiero invitarles a que nos acompañen en el examen de actores del contrato, a fin de concienciar y justipreciar la moral jurídica, personal e institucional de cada actor, bajo el propósito de poder asumir con objetividad, primero, los temores —que son naturales; si fueran bien intencionados, mejor—. Veamos:
1) Consorcio Emdoc. Empecemos definiendo el término. Según la RAE y junto a una definición propia de quien escribe, resulta un contrato asociativo entre personas jurídicas y/o naturales que se unen para ofrecer servicios en las líneas de su competencia, recibiendo como contraparte unos pagos a cambio de su prestación pactada, y donde cada uno de los integrantes mantiene sus propias autonomías. En este caso que nos ocupa, dicho consorcio, está integrado, según apunta un ilustrativo artículo, calzado por Balbiery Rosario, en Diario Libre, en fecha 21 de agosto del 2025, titulado; “Quiénes son los dueños de Emdoc, el único grupo en la competencia por la nueva cédula”, lo cual agrego como precisión real, que no fue el único de la competencia, sería, mejor dicho, el único oferente que cumplió con las especificaciones de la parte contratante y, que, por efecto, los demás competidores-si es que cabe el termino-, fueron descartados, y en consecuencia, Emdoc, resultó ser quien acumuló mejor puntuación en las evaluaciones de la comisión de licitación, designada por el Pleno de la Junta Central Electoral. Por cierto, muy honorable.
Volviendo al punto focal, la fuente citada, nos ofrece que dicho consorcio, está integrado por cinco empresas con personerías propias, a saber, por; 1) Compañía GSI International, -la líder del consorcio- y la cual es originaria de Panamá y con domicilio legal en República Dominicana cuyo representante en el país es Bernardo Antonio Pérez Díaz (Grupo de Soluciones Informáticas, S.A GSI, es una empresa integradora de soluciones de negocios, siendo líder en sistemas de administración de documentos, imágenes y gestión de procesos de negocios, que cuenta con presencia regional en toda Centroamérica, Panamá y República Dominicana, además de tener representantes en Ecuador, Perú y Puerto Rico, con una experiencia mayor de 30 años. (Ver https:/www.e gsi.net) 2) IQtek Solutions, SRL-, representada en la República Dominica, por Franklin Geovanny Ciprián Goodin, ingeniero dominicano con su domicilio legal, en el país y muy exitoso en los servicios que ha brindado en la materia, 3) la panameña Ultra Tech, su principio es; trabajamos con procesos bajo el sistema de gestión de calidad ISO 9001-2015. Está certificada en la norma ISO 9001:2015, por lo cual estamos comprometidos con su cumplimiento para la estandarización de sus procesos de calidad. Para ello, estamos creando lineamientos bien claros y definidos, enfocados en el cumplimiento de los requisitos del alto nivel de servicio que ofrecemos, enfocados hacia los objetivos y éxitos de nuestros clientes finales. 4) Las alemanas Mühlbauer ID Services GmbH y Veridos GmbH, confirmándose que esta última —asimismo como lo oye— “con experiencia en la región, pues fue responsable de producir alrededor de seis millones de cédulas electrónicas en Haití” —hay que decirlo, ¿y qué?, pero además, Mühlbauer ID Services GmbH fue fundada en 1981 en el corazón de Baviera. El Grupo Mühlbauer ha crecido desde entonces hasta convertirse en un actor global líder en los campos de piezas y sistemas, productos relacionados con semiconductores, soluciones de documentos y equipos para sistemas de seguridad y tecnologías innovadoras para electromovilidad y soluciones solares flexibles. En los últimos 30 años ha instalado más de 80.000 sistemas y módulos en todo el mundo y ha participado activamente en más de 300 proyectos de identificación… (Verlo en https://www.muehlbauer-id-services-gmth)
2) La Junta Central Electoral (JCE). Yo, que conozco uno por uno los miembros del pleno actual, y con la verticalidad que caracterizan mis artículos y que no soy séquito de conciliábulos, me permito decir que este pleno persigue la gloria histórica —ya lograda con alta moral de guardianes de la identidad—. Este solio está integrado por personas de alta convicción de la defensa de la democracia, y aunque no nos referiremos por sus nombres, por ser piezas profesionales con su alto y demostrado compromiso con la patria, la ley y la moralidad, que ya es harto conocida. Y no es verdad que, habiendo sido absorbido por la historia por su probidad y honradez a todas pruebas, defraudarían a la patria.
En este sentido, se extrae de su comunicado de fecha 14-10-2025, lo siguiente:-resumiendo-, a) Se convocó con suficiente tiempo para la participación a nivel mundial para que los interesados hicieran sus propuestas, b) respetaron los plazos de la ley 340-06, sobre compras y contrataciones, c) se hicieron las siguientes publicaciones: 25 y 26 de abril del 2024 (Listín Diario, Diario libre, El día, Diario Libre y el Nacional. Y en fecha 26 y 29 de abril de 2024, en los periódicos internacionales, “The New York Post”, en los Estados Unidos de América y en el periódico “El País” de España, para Europa, lo que comprueba el respeto a la garantía de la libre participación a nivel nacional e internacional. (Ver comunicado)
c) Citando: También es menester precisar que, la JCE, ha establecido que, el mismo Emdoc, únicamente se encargará de suplir los equipos, materiales y servicios para la renovación de la cédula y, según lo que establece el artículo vigésimo primero del indicado contrato, la Junta Central Electoral tiene: “la propiedad, control, administración y custodia exclusiva de todos los datos generados, tratados o almacenados en virtud del presente contrato, incluyendo, de manera enunciativa y no limitativa: datos personales, biométricos, demográficos, registros de identidad, metadatos asociados y cualquier información vinculada a la emisión y gestión de la Cédula de Identidad y Electoral (CIE), la Cédula de Identidad (CI) y la Cédula de Identidad Digital (Mobile ID). Y según asegura el pleno, la Junta Central Electoral tiene el control absoluto de los datos de los dominicanos y dominicanas, siendo custodio de la información, según lo que establecen la Constitución y las leyes dominicanas. Y en eso ha de creerse, porque este organismo comicial ha venido dando señales de su seriedad.
Pero por necesidad lógica, aquí debemos agregar, según el propio comunicado, y así está comprobado por testimonios, todo el proceso de la nueva cédula, incluida la licitación, ha contado con el acompañamiento de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos reconocidos, es decir, bajo todo escarceo de los principales actores del proceso electoral y los guardianes del padrón electoral. Es decir, el listado de todos los dominicanos —dije dominicanos— con el derecho de elegir y ser elegible. Creo que no hay ni un ápice de brecha a la duda de que este proceso resulte ser transparente, garantista y de gran cedazo para realmente determinar los reales empadronados, a los que sean legalmente dominicanos y a todos los ciudadanos que han obtenido su nacionalidad dominicana por la vía legal, razón por la cual estamos confiados en que saldremos fortalecidos en razón de identidad, ya que todo mundo sabe que ahora los documentos mafiados se quedarán fuera y, por el contrario, el peculado quedará desarropado y fuera de nuestro registro de identidad.
Por lo tanto, me adhiero y todos los hombres y mujeres sensatos/as debieran sumarse también a seguir dando a esta junta los altos niveles de confianza que se ha ganado la presente gestión presidida por el Magistrado Román Andrés Jáquez Liranzo y su pleno. Por lo tanto, cierro con esta sentencia lapidaria expresada por la Junta Central Electoral, que reza: “La identidad y seguridad de las informaciones de los dominicanos y dominicanas se encuentran resguardadas y protegidas; el pueblo dominicano puede estar seguro de que sus datos e informaciones de carácter personal no están en riesgo, preservándose, de este modo, nuestra integridad, soberanía, identidad y democracia”. ¡Veritas te liberabit!
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