«La justicia es la firme y constante voluntad de dar a cada uno lo suyo». — Ulpiano.
Dedicado a Cristian de Jesús López Cabreja, sobreviviente de aquella fatídica madrugada en que su familia fue destrozada, en un rincón remoto de Dajabón, por asesinos despiadados. Desde entonces, la justicia comenzó a avanzar con una lentitud exasperante, agregando al dolor indescriptible de unas pérdidas irreparables la impotencia, el desaliento y la indefensión.
Deberíamos pensar un momento qué ocurre cuando un crimen atroz entra en los circuitos internos del sistema de justicia dominicano. Miles de espectadores son de la convicción de que basta con el ruido en las redes, el escándalo, la intervención judicial, los arrestos, la formulación del expediente y las ruidosas y extenuantes audiencias para que el Estado termine imponiendo una respuesta proporcional al horror cometido. Pero la realidad suele ser muy distinta porque lo que empieza como un hecho que estremece a la nación puede degradarse con el tiempo en un caso atrapado entre tecnicismos, reenvíos, demoras intencionales, corrupción y agotamiento moral.
Eso es justamente lo que parece haber ocurrido con la tragedia perpetrada en la comunidad La Barrera de Aminilla, en la sección La Gorra, municipio Partido, provincia Dajabón, durante la madrugada del 4 de septiembre de 2023. Allí fueron asesinados a tiros en un brutal atraco Ramón Eugenio Medina Hernández, su esposa Carmelina Antonia Cabreja Ramos, su hijo Cristopher Daniel Medina Cabreja y un joven amigo que se encontraba de visita, Charlie Veloz Quezada. Solo sobrevivió Cristian de Jesús López Cabreja, herido de bala en la cabeza. A partir de entonces, el caso dejó de ser únicamente una noticia policial para convertirse en una prueba dolorosa de la fragilidad de la justicia cuando se enfrenta a la barbarie y luego se deja vencer por el tiempo y sus cómplices.
Según las informaciones que trascendieron desde el inicio, no se trató de una riña, de un arrebato ni de una violencia improvisada. Estamos ante una incursión criminal fría, organizada y devastadora. Los atacantes penetraron con fines de robo, redujeron primero al padre de familia y después ejecutaron a quienes se encontraban dentro de la vivienda. La escena fue tan cruel que obligaba a esperar del Estado una respuesta firme, rápida y ejemplar. Lo que sobrevino después no fue precisamente eso.
La reacción inicial de las autoridades pareció enérgica. Se habló de una banda criminal integrada por dominicanos y haitianos; hubo operativos, persecuciones, arrestos y la vinculación formal de varios imputados. El Ministerio Público solicitó prisión preventiva y declaró la complejidad del caso. Sobre el papel, todo parecía indicar que el aparato judicial se pondría en movimiento con la energía que exigía un crimen de semejante magnitud. Pero una cosa es la velocidad del anuncio y otra muy distinta la velocidad de la justicia.
Aquí está el núcleo de la cuestión. Han pasado más de dos años y medio desde aquella aciaga madrugada y el caso sigue arrastrando una sensación insoportable de lentitud. Ese dato, por sí solo, debería estremecer a cualquier sociedad que todavía quiera tomarse en serio la idea de tutela judicial efectiva.
Como ya hemos indicado, cuando la respuesta del sistema tarda demasiado, deja de ser solo un problema de gestión y comienza a convertirse en una forma concreta de impunidad.
Conviene decirlo sin rodeos. La impunidad no consiste únicamente en la ausencia de condena. También hay impunidad cuando el tiempo resta de contenido la promesa de justicia. También la hay cuando los familiares de las víctimas deben asistir a un desfile interminable de aplazamientos, incidentes y audiencias sin desenlace; cuando el sobreviviente de una masacre tiene que cargar, además de sus heridas, con el peso insoportable de ver cómo el proceso se diluye entre papeles, trámites y meses que se convierten en años.
¡El tiempo no es neutro dentro del proceso penal! El tiempo desgasta la memoria de los testigos, enfría la indignación pública, erosiona la confianza de la ciudadanía y castiga dos veces a las víctimas. Primero las castiga el crimen mismo y luego la lentitud institucional. Por eso, en casos como este, la demora no es un detalle técnico ni una imperfección menor del sistema, sino una herida adicional, una prolongación del daño y una forma silenciosa de desamparo.
Lo más inquietante es que esta lentitud no afecta solo a los parientes de los muertos ni al sobreviviente. Afecta a toda la sociedad porque cuando un crimen tan brutal permanece durante tanto tiempo sin una respuesta judicial proporcional, el mensaje que recibe la ciudadanía es devastador. Se instala la idea de que entre matar y ser juzgado existe un territorio inmenso de dilaciones y trampas donde la responsabilidad puede perder fuerza, enfriarse o incluso desdibujarse. Cuando empezamos a creer eso, el derecho deja de ser garantía y comienza a transitar por las neblinas de la ficción.
En una zona fronteriza y rural como aquella, esa percepción es todavía más grave. Sabemos que allí la distancia física respecto de los grandes centros de decisión suele traducirse en sensación de abandono. Si sumamos a eso la flema judicial después de una matanza, lo que se consolida es una peligrosa pedagogía de la impotencia en las cercanías del dolor familiar. La gente empieza a pensar que está sola, que el Estado llega tarde y que la justicia, además de sus trampas, sobornos e insinuaciones pecaminosas, camina demasiado despacio incluso cuando la sangre todavía está fresca en la memoria de la comunidad.
Estamos ante algo más que un expediente penal. Es una radiografía del sistema y no exageramos porque falló la prevención y la protección en una zona vulnerable. También está fallando la justicia oportuna, que es la única capaz de transformar la respuesta del Estado en reparación moral, confianza pública y autoridad legítima.
Lo más trágico no es solo que una familia haya sido exterminada cuando los rayos solares comenzaban a filtrarse entre las paredes de tablas de la casa. ¡Lo más trágico es que, después de tanta sangre derramada, el tiempo transcurrido haya comenzado a parecerse demasiado a otra forma de absolución de los que sobrevivieron a la persecución policial!
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