La guerra que no vemos y ya estamos perdiendo

Hace poco, en uno de esos encuentros entrañables entre amigos de la universidad, donde el tiempo parece suspenderse entre risas, anécdotas y un trago, la conversación giró, casi sin darnos cuenta, hacia los conflictos del mundo, que han saturado la agenda mediática internacional. Alguien comentó lo inquietante que resultaba sentir que, poco a poco, esos conflictos “le pican cada vez más cerca” a esta isla caribeña que durante años los ha venido observando desde la distancia, no por indiferencia ni desinterés, sino porque la cotidianidad nos absorbe con sus propias urgencias y obliga a concentrarnos en la supervivencia diaria, una idea que Ortega y Gasset captó con precisión cuando dijo que ‘yo soy yo y mi circunstancia’.

Y es que, muchas veces, esa circunstancia isleña, marcada por la urgencia de lo cotidiano, termina imponiéndose sobre lo que pasa más allá del charco en un mundo que parece lejano, aunque ya no lo sea tanto.

Esa sensación de lejanía empezó a resquebrajarse cuando estalló la crisis en Ucrania, con la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014 y, posteriormente, la guerra abierta en 2022, un conflicto que muchos observamos desde el balcón de la geopolítica como un problema distante, propio de otras latitudes y de viejas disputas entre potencias que, en apariencia, no tendría efectos directos sobre nosotros. Luego vino la escalada del conflicto Israel-Palestina tras los atentados terroristas perpetrados por Hamás, seguida de una ofensiva militar de gran intensidad de Israel que ha derivado en una tragedia humanitaria de enormes proporciones en Gaza, con un saldo devastador de víctimas civiles que, como ha advertido el historiador israelí Ilan Pappé, se inscribe en una lógica de violencia estructural y castigo colectivo que marcará a esta generación y será recordada como uno de los episodios más oscuros de este siglo.

Más recientemente, bajo el paraguas de la llamada guerra contra el “narco terrorismo”, la presencia y despliegue de fuerzas militares y navales de Estados Unidos en el Caribe ha reforzado esa sensación de proximidad geopolítica, con una campaña de ataques letales, en el mar Caribe y el Pacífico a pequeñas embarcaciones, supuestamente “narco lanchas”, que, según reportes de diversas fuentes, han provocado más de un centenar de víctimas fatales desde finales de 2025 hasta enero de 2026. A ello se sumaron los acontecimientos del 3 de enero en Venezuela, cuando Estados Unidos llevó a cabo una incursión armada en territorio venezolano que culminó con la detención y posterior traslado del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, para enfrentar, en un corte de Nueva York, cargos federales relacionados con conspiración de “narco terrorismo” y otros delitos. Casi en paralelo, las escaladas en la retórica del presidente estadounidense Donald Trump hacia el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, así como sus declaradas intenciones de tomar control estratégico de territorios como Groenlandia y del Canal de Panamá, volvieron a encender el debate sobre el control de los recursos y la soberanía.

Una soberanía que solemos entender, casi de manera automática, como territorio, fronteras, banderas y control físico del espacio. Pero, y ahí estaba el punto central de la conversación, sin minimizar ni esquivar las causas ni los intereses reales que subyacen a cada uno de estos episodios, les decía a mis amigos que hoy el concepto de soberanía es mucho más amplio y complejo, ya que, existen múltiples dimensiones de la soberanía que no siempre se discuten con la misma intensidad, pero que resultan decisivas incluso para amplificar el daño o condicionar el resultado de los conflictos contemporáneos.

Mientras el mundo debate conflictos visibles por el control del petróleo, el gas, las tierras raras o los corredores estratégicos, se desarrolla en paralelo una confrontación silenciosa, una disputa que no se reconoce formalmente como guerra, pero que gira en torno al control de los “datos” como recurso decisivo.

No hay tanques, buques, drones ni bombardeos,  pero sí existe una disputa constante, furtiva y profundamente asimétrica por los datos que generamos a diario con cada interacción digital. Una afirmación que no surge de la especulación, sino que ha sido señalada de forma reiterada por organismos como el Foro Económico Mundial, la OCDE, la ONU y múltiples centros de pensamiento en materia de seguridad, tecnología y gobernanza digital. Son datos que describen quiénes somos, cómo vivimos, qué consumimos, qué pensamos, cómo votamos, dónde nos movemos y cuáles son nuestras vulnerabilidades.

En esta batalla no declarada participan de manera real y estructurada las grandes potencias económicas y las corporaciones tecnológicas globales, que concentran el control de infraestructuras, plataformas, servicios en la nube, algoritmos y capacidades de procesamiento masivo. Por otro lado, el resto del mundo, la mayoría de los países y sus ciudadanos, quedamos relegados, en muchos casos, al rol de usuarios y consumidores de tecnología, con márgenes muy limitados de soberanía digital y, aún más reducidos, de soberanía de datos.

Es precisamente ahí donde el concepto tradicional de soberanía empieza a mostrar sus límites, ya que hoy, aun cuando el control territorial sigue siendo un elemento indispensable para la existencia de un Estado, no resulta suficiente si no se acompaña de cierta capacidad para gobernar la información que genera, describe y organiza a la población que lo habita. Tampoco basta con aspirar a la soberanía alimentaria o energética si los datos personales y estratégicos de un país se almacenan, procesan y explotan bajo reglas definidas fuera de su ámbito de decisión. En el siglo XXI, la soberanía no se juega únicamente en el mapa; se disputa, cada vez más, en los servidores, los algoritmos y las decisiones invisibles que se toman a partir de los datos.

Esta asimetría no es teórica ni hipotética. Tiene expresiones jurídicas concretas que muestran cómo se ejerce hoy el poder en el entorno digital. Un ejemplo ilustrativo es el CLOUD Act (Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act), una ley aprobada por el Congreso de los Estados Unidos y promulgada en 2018, la cual establece que las empresas estadounidenses de servicios digitales y de computación en la nube (como Amazon Web Services, Microsoft Azure o Google Cloud, Meta, entre otros) están obligadas a entregar datos a las autoridades de ese país cuando medie una orden judicial válida, incluso si dicha información se encuentra almacenada físicamente fuera del territorio estadounidense. En la práctica, esto significa que datos de ciudadanos, empresas o incluso instituciones públicas de otros países, cuando son gestionados por compañías bajo jurisdicción estadounidense, pueden quedar sujetos a decisiones legales adoptadas fuera del ámbito soberano del Estado de origen. No se trata de una anomalía, sino de una manifestación concreta de cómo las grandes potencias ejercen su soberanía en el plano digital y de por qué el control de la infraestructura y del lugar donde residen los datos se ha convertido en un elemento central del debate contemporáneo.

Reconocer este desequilibrio de poder, sin embargo, no implica aceptar un destino inevitable. La soberanía de datos no puede entenderse como una condición absoluta, sino como una capacidad que se construye. Incluso en un escenario dominado por grandes potencias y corporaciones, muchos Estados han comenzado a disputar márgenes reales de control mediante marcos legales de protección de datos, el fortalecimiento del control institucional sobre infraestructuras críticas, el resguardo bajo dominio nacional de la información más sensible, incluyendo su almacenamiento localizado dentro del territorio, y la definición de reglas claras sobre el acceso, uso y transferencia de los datos.

Son pasos incompletos y, en muchos casos, insuficientes. Pero revelan algo fundamental, que aun en este contexto adverso, la soberanía de datos no es una ilusión, sino un campo de disputa política, institucional y estratégica, puesto que del mismo modo que los Estados luchan por garantizar la soberanía territorial o la soberanía alimentaria de sus pueblos, están llamados a asumir como prioridad la capacidad de custodiar, gobernar y decidir sobre los datos que se generan dentro de sus sociedades.