La escalada del conflicto en el Medio Oriente entre Estados Unidos, Israel e Irán vuelve a poner al mundo frente a una realidad conocida: cuando el precio del petróleo se dispara, las economías dependientes se estremecen. Para la República Dominicana, altamente dependiente de combustibles fósiles importados, es una amenaza directa a su estabilidad económica y fiscal.
El país importa más del 80 % de la energía que consume. Cada aumento en los precios internacionales del petróleo presiona la inflación, deteriora la balanza de pagos y obliga al Gobierno a ampliar subsidios para evitar problemas sociales. En 2023 y 2024, el subsidio eléctrico ha superado los mil millones de dólares anuales, una carga creciente para unas finanzas públicas muy comprometidas.
La pregunta, por tanto, no es si la crisis nos afectará. La pregunta es por qué seguimos siendo tan vulnerables.
La respuesta es incómoda: falta de decisión.
Durante años se ha diagnosticado correctamente el problema, pero se ha postergado la solución estructural. Hoy, la coyuntura internacional obliga a actuar.
El primer eje de esa acción es la diversificación real de la matriz energética. No como discurso, sino como política de Estado ejecutada con urgencia. En este punto, el desarrollo de fincas energéticas debe ocupar un lugar central. El cultivo de biomasa en terrenos no aptos para la producción de alimentos permitiría generar energía con recursos locales, reduciendo la dependencia de combustibles importados.
Pero su importancia va más allá del ámbito energético. Estas iniciativas generan empleo rural —temporal y permanente—, dinamizan economías locales y contribuyen a la recuperación de suelos y del recurso agua. En un país donde ya se manifiestan señales de estrés hídrico, ignorar este vínculo sería un error estratégico.
En paralelo, resulta inaceptable que la gestión de los desechos sólidos urbanos continúe siendo un problema crónico sin solución estructural. Su aprovechamiento como fuente de generación eléctrica permitiría transformar un pasivo ambiental en un activo energético, mejorar las condiciones sanitarias y reducir la presión sobre vertederos colapsados. La decisión debe ir acompañada de un programa de educación ciudadana sobre la disposición correcta de la basura.
A esto se suma la necesidad de acelerar, sin ambigüedades, la inversión en energías renovables y en programas de eficiencia energética. La capacidad instalada en parques eólicos y plantas fotovoltaicas ha crecido de manera importante en los últimos años, superando ya los 2700 MW. Esa base existe. Lo que falta es escalarla con decisión política y coherencia regulatoria.
Sin embargo, ninguna de estas medidas será suficiente si no se enfrenta el problema más costoso y persistente del sistema eléctrico dominicano: las pérdidas en distribución.
Las empresas distribuidoras estatales registran pérdidas totales superiores al 35 %, muy por encima de los niveles técnicamente reconocidos. Esta ineficiencia es, en la práctica, el principal generador del déficit del sector eléctrico. No es un problema técnico. Es un problema de gestión, de incentivos y de gobernanza.
Y aquí es donde se requiere la decisión más difícil —y más necesaria—: retomar la capitalización del segmento de distribución.
Seamos sinceros y realistas. El Estado ha demostrado, durante décadas, su incapacidad para operar eficientemente estas empresas. Mantener el modelo actual no es una postura ideológica; es una decisión que perpetúa pérdidas, subsidios y endeudamiento. Y el sector privado ha demostrado ser eficiente.
La participación del sector privado en la gestión de la distribución permitiría, en un plazo negociado, reducir las pérdidas a niveles compatibles con la tarifa técnica, mejorar la calidad del servicio y transformar a las distribuidoras en empresas rentables.
El impacto fiscal sería inmediato y profundo. Los recursos que hoy se destinan a cubrir ineficiencias —más de mil millones de dólares anuales— podrían reorientarse hacia subsidios focalizados para los sectores más vulnerables, o hacia inversión social y productiva.
Además, el Estado dejaría de endeudarse para financiar la expansión de redes y recibiría ingresos extraordinarios derivados del proceso de capitalización, recursos que resultarían cruciales para enfrentar los efectos fiscales de la crisis petrolera actual.
Seguir posponiendo esta decisión tiene un costo que el país ya no puede permitirse.
La República Dominicana no controla los conflictos en el Medio Oriente. Pero sí controla su política energética.
Hoy, el país enfrenta una disyuntiva clara: o continúa administrando su vulnerabilidad, o asume, de una vez por todas, la reforma estructural de su sistema eléctrico.
Las decisiones oportunas son las que transforman los países y logran el cambio.
Lo demás es seguir apostando a que la próxima crisis no llegue demasiado pronto.
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