Un país que crece…, pero se tranca

Recién concluida la Semana Santa, millones de dominicanos regresan a sus hogares con una experiencia que, más allá del descanso, deja una reflexión inevitable: largas horas en tapones, carreteras colapsadas, accesos saturados a polos turísticos y una infraestructura vial claramente insuficiente para la realidad del país. No se trata de un hecho aislado ni de una coyuntura estacional. Es, en esencia, una radiografía del modelo de crecimiento económico que estamos experimentando.

Según cifras oficiales, la economía dominicana creció un 2,1 % en 2025. Algunos economistas, utilizando metodologías alternativas, sitúan ese crecimiento incluso por debajo, en torno al 1,8 %. Pero aun aceptando como válida la cifra oficial, la pregunta relevante no es cuánto creció la economía, sino cuánto de ese crecimiento se tradujo en bienestar real para la población. En un país donde la población crece aproximadamente entre un 0,8 % y un 1 % anual —e incluso podría ser mayor si consideramos dinámicas migratorias no plenamente capturadas— el crecimiento real per cápita se ubica apenas en torno a un 1 %. Es decir, un crecimiento débil, prácticamente imperceptible para la mayoría de los hogares.

Pero el problema no es solo la magnitud del crecimiento, sino su composición. Los principales motores del desempeño económico en 2025 fueron factores externos o sectores con bajo nivel de encadenamiento interno. Las remesas, por ejemplo, continúan siendo un importante alivio para miles de hogares dominicanos, pero no generan capacidad productiva ni fortalecen la estructura económica del país. La inversión extranjera directa, aunque relevante, no logró dinamizar con la fuerza esperada sectores clave como la construcción, que evidenció una desaceleración significativa. Las exportaciones, impulsadas en buena medida por el aumento en los precios internacionales del oro, aportan al crecimiento macroeconómico, pero con escasa distribución hacia el resto de los agentes económicos. El turismo, que creció algo más de un 3 %, sí muestra un mayor efecto multiplicador en empleo y actividad económica, pero no ha sido suficiente para compensar las debilidades del resto del aparato productivo.

El resultado es una economía que crece, pero cuyo crecimiento no se derrama. Los salarios reales no muestran mejoras significativas, el costo de vida continúa presionando a los hogares, la informalidad sigue absorbiendo buena parte de la fuerza laboral y la percepción generalizada es que el crecimiento económico no se siente en la vida cotidiana. En ese contexto, medidas como la indexación de las escalas imponibles del impuesto sobre la renta adquieren una relevancia particular, en la medida en que permitirían evitar la pérdida de poder adquisitivo por efecto inflacionario y mejorar, aunque sea de forma marginal, el ingreso disponible de los quintiles de menores ingresos.

A este cuadro se suma un elemento estructural determinante: la rigidez del presupuesto público. Más del 87 % del gasto está comprometido en gastos corrientes —intereses de la deuda, nóminas abultadas, transferencias sociales con limitada focalización, pensiones y otros— mientras que menos de un 13 % se destina a inversión de capital. Esto limita severamente la capacidad del Estado para impulsar infraestructura, productividad y crecimiento sostenible. Un presupuesto que prioriza el gasto corriente por encima de la inversión es, en esencia, un presupuesto que administra el presente, pero compromete el futuro.

Adicionalmente, los sistemas de salud y educación enfrentan una presión creciente. La demanda por estos servicios no solo responde al crecimiento natural de la población, sino también a dinámicas migratorias que incrementan su uso, particularmente en zonas específicas y en determinados centros, como las maternidades públicas. Esto genera una mayor presión sobre recursos ya de por sí limitados, diluyendo aún más el impacto del gasto público sobre la calidad de vida de los ciudadanos.

Y es aquí donde la experiencia reciente de la Semana Santa cobra sentido como evidencia concreta. Lo vivido en esos días —carreteras colapsadas, flujos vehiculares desbordados y soluciones improvisadas para manejar el tránsito— no es más que la manifestación visible de un problema más profundo. El evidente desorden y la falta de modernización de nuestras ciudades, producto de años de limitada planificación e insuficiente inversión pública, hoy se expresa con mayor crudeza en nuestras vías de comunicación y en los accesos a los polos turísticos. La circunvalación de Baní, concebida originalmente como una vía de cuatro carriles y construida con apenas dos, operando en un solo sentido para intentar mitigar el congestionamiento, es un símbolo de esa brecha entre planificación y ejecución. Lo mismo ocurre en corredores estratégicos como la autopista Duarte, la autopista 6 de Noviembre y en los accesos a los principales destinos turísticos del país.

Estos cuellos de botella no solo generan incomodidad; tienen un costo económico real: pérdida de productividad, aumento en los costos logísticos, mayor consumo de combustible, incremento en la accidentalidad y deterioro del tiempo de vida de los ciudadanos. En definitiva, son el reflejo de años de baja inversión en infraestructura frente a una economía, una población y un parque vehicular que sí han crecido. Y en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas, conflictos y volatilidad en los precios del petróleo, estos problemas adquieren una dimensión aún más crítica, al trasladarse rápidamente a mayores costos de transporte, energía y bienes básicos para los hogares.

La conclusión es clara. No basta con que el PIB crezca. Para que ese crecimiento se traduzca en bienestar, debe superar el crecimiento poblacional, estar impulsado por sectores con alto encadenamiento interno y estar acompañado de una política fiscal que priorice la inversión productiva. De lo contrario, seguiremos viendo una economía que mejora en los indicadores agregados, pero que no logra mejorar de forma significativa la vida de su gente.

Porque al final, más allá de las cifras, la verdadera medida del desarrollo no está en los reportes macroeconómicos, sino en la experiencia cotidiana de los ciudadanos. Y hoy, esa experiencia nos dice que algo no está funcionando como debería.