La gran ficción de celebrar elecciones en un Haití sin Estado

¿Puede un país celebrar elecciones cuando ha dejado de existir como Estado?

Antes de responder esa pregunta, permítame hacer una reflexión. No escribo estas líneas para juzgar al pueblo haitiano, ni para defender posiciones ideológicas, ni para alimentar las pasiones que suelen rodear este tema. Escribo porque resulta imposible permanecer indiferente ante una de las tragedias humanas más dolorosas de nuestro tiempo.

Haití no es solamente una crisis política, ni únicamente un problema migratorio. Es una sociedad donde la pobreza extrema convive con la violencia sistemática, donde el Estado ha perdido buena parte de su capacidad para proteger a sus ciudadanos y donde miles de niños crecen entre el miedo, las armas y la ausencia de oportunidades.

Más que un artículo de opinión, le propongo un ejercicio de reflexión sobre la teoría del Estado aplicada al caso haitiano. No pretendo convencerlo mediante afirmaciones categóricas. Prefiero hacerlo mediante preguntas. Después de todo, las buenas preguntas suelen conducir a mejores respuestas que los discursos.

Olvidemos por un momento a Haití. Pensemos en cualquier democracia del mundo. Imaginemos que un país decide celebrar elecciones nacionales. ¿Qué necesita para hacerlo? ¿Basta con fijar una fecha, imprimir boletas e instalar colegios electorales? ¿O existen condiciones previas, sin las cuales el acto electoral pierde su esencia democrática?

Ahora volvamos a Haití. Le invito a que sea usted quien responda. ¿Cuáles de esas condiciones anteriormente expuestas existen hoy? Si las condiciones mínimas para celebrar unas elecciones libres y auténticas no existen hoy en Haití, entonces llegamos a la pregunta más difícil de este análisis.

¿por qué la comunidad internacional insiste en presentar las elecciones como el camino para superar la crisis?

No formulo esta pregunta desde el escepticismo ni desde la descalificación. La formulo porque, después de varias décadas de intervenciones, misiones internacionales, resoluciones, conferencias de donantes, programas de cooperación y asistencia humanitaria, resulta legítimo preguntarse si el problema haitiano ha sido realmente comprendido en toda su dimensión.

Durante décadas la comunidad internacional ha administrado la crisis haitiana mediante procesos electorales, operaciones de mantenimiento de la paz, proyectos de cooperación y programas de asistencia. Sin embargo, mientras esos esfuerzos se sucedían, el Estado haitiano continuaba perdiendo control territorial, autoridad, capacidad administrativa, y legitimidad. Quizás el mayor error haya consistido precisamente en administrar la crisis en lugar de reconstruir el Estado.

Quizás la mayor contradicción del Derecho Internacional contemporáneo consiste en que ha desarrollado complejos mecanismos para supervisar elecciones, proteger procesos democráticos y vigilar el respeto a los derechos políticos, pero todavía carece de un modelo eficaz para reconstruir un Estado cuando éste deja de existir materialmente. Haití no demuestra el fracaso de la democracia. Demuestra las limitaciones del propio sistema internacional para reconstruir las condiciones que hacen posible la democracia.

¿Puede elegirse un gobierno allí donde el Estado carece de la capacidad mínima para ejercer el poder? La pregunta no pretende cuestionar la democracia. Todo lo contrario. Pretende defender su autenticidad. Porque las elecciones no crean un Estado; son consecuencia de su existencia. Constituyen el momento culminante de una democracia, nunca su punto de partida.

Primero nace el Estado. Después se consolidan sus instituciones. Más tarde florecen las libertades públicas. Solo entonces las elecciones expresan auténticamente la voluntad popular.

Invertir ese orden en Haití no significa reconstruir la democracia; significa correr el riesgo de convertir el acto electoral en una ficción jurídica destinada a ofrecer una apariencia de normalidad allí donde el Estado ha dejado de existir materialmente.

Cuando se invierte ese orden, el riesgo es evidente: el proceso electoral puede convertirse en un mecanismo de legitimación formal de instituciones que continúan siendo incapaces de gobernar efectivamente el territorio y proteger a la población.

No creo que Haití necesite menos democracia. Creo que necesita las condiciones que hacen posible una democracia verdadera. Y ahí es donde, a mi juicio, la comunidad internacional debe revisar profundamente su estrategia.

La reconstrucción de Haití no puede seguir reduciéndose a respuestas fragmentarias ni a soluciones de corto plazo. La magnitud del colapso institucional exige una respuesta igualmente estructural. Si el propósito real es preservar a Haití como un Estado soberano y ofrecer a su pueblo una oportunidad cierta de reconstrucción, entonces el esfuerzo internacional debe concentrarse, antes que nada, en reconstruir las instituciones que hacen posible la vida del Estado.

No hablo de una tutela colonial ni de una sustitución permanente de la soberanía haitiana. Hablo de una responsabilidad internacional compartida, temporal y orientada exclusivamente a reconstruir capacidades estatales. Justicia, seguridad pública, salud, educación, administración financiera, infraestructura y gobierno local. Estos temas no pueden seguir siendo tratados como problemas aislados, forman parte de un mismo proceso de reconstrucción institucional que requerirá tiempo, coordinación y un compromiso político que hasta ahora la comunidad internacional no ha querido asumir plenamente.

Solo cuando esas instituciones recuperen su capacidad de funcionar, las elecciones dejarán de ser un ejercicio de legitimación formal para convertirse en la expresión auténtica de una sociedad que vuelve a gobernarse a sí misma.

La democracia no comienza el día en que se depositan las papeletas en las urnas. Comienza mucho antes, cuando existe un Estado capaz de garantizar que cada ciudadano pueda votar libremente, que cada voto sea respetado y que el gobierno elegido tenga la capacidad real de ejercer la autoridad que el pueblo le ha conferido.

Allí donde el Estado ha desaparecido, las elecciones corren el riesgo de convertirse en una ficción jurídica que ofrece una apariencia de normalidad, mientras la crisis estructural permanece intacta.

Si el mundo reconoce que Haití ya no posee las condiciones mínimas para celebrar unas elecciones libres, auténticas y eficaces, ¿seguiremos organizando elecciones para administrar la crisis o tendremos, por fin, el valor político y moral de reconstruir primero el Estado que las haga posibles?