El Gobierno presentó su propuesta fiscal como una respuesta a la guerra en Medio Oriente y al aumento de los precios del petróleo. Ese argumento pierde fuerza.
Los precios internacionales del crudo han comenzado a retroceder. El Brent volvió a colocarse por debajo de los US$80 por barril tras los anuncios de una posible desescalada del conflicto. La situación sigue siendo incierta, pero la dirección del mercado es distinta a la observada cuando el barril llegó a superar los US$110. Si el principal riesgo utilizado para justificar la urgencia fiscal se reduce, corresponde revisar el diagnóstico.
República Dominicana es vulnerable a los choques energéticos. Cada aumento sostenido de US$10 por barril puede agregar cerca de US$760 millones a la factura petrolera anual. Eso afecta combustibles, transporte, electricidad, inflación y subsidios. Nadie discute esa realidad.
Lo discutible es utilizar una coyuntura internacional para justificar medidas tributarias permanentes.
El proyecto sometido por el Gobierno excede una respuesta temporal. Busca recaudar entre RD$40 000 y RD$50 000 millones mediante aumentos impositivos y nuevas cargas tributarias.
Incluye el incremento del impuesto a cheques y transferencias, mayores gravámenes a determinadas empresas, impuestos a nuevas actividades económicas, aumentos en la tributación de casinos y juegos de azar, así como el cobro del ITBIS en aduanas a contribuyentes informales.
Eso tiene otro nombre: reforma fiscal.
La contradicción resulta evidente. El Banco Central y el Fondo Monetario Internacional proyectan un crecimiento cercano al 4 %, inflación dentro del rango meta, estabilidad financiera y fortaleza del sector externo. Al mismo tiempo, el Gobierno plantea nuevos impuestos bajo el argumento de una crisis internacional cuya intensidad parece moderarse.
La pregunta es inevitable: ¿la crisis es externa o es fiscal?
Las cifras apuntan hacia el frente interno. La deuda del Sector Público No Financiero alcanzó US$66 408 millones en abril de 2026, unos US$23 000 millones más que en septiembre de 2020. Solo el pago de intereses supera este año los RD$324 000 millones.
El problema también aparece en la composición del gasto. Entre 2021 y 2025, el gasto corriente representó cerca del 86.6 % de la ejecución presupuestaria, mientras que la inversión de capital apenas alcanzó el 13.4 %.
A esto se suma el déficit eléctrico. Las transferencias presupuestadas a las empresas distribuidoras para 2026 ascienden a RD$92 476 millones.
Hay un dato adicional. El 30 de abril, el propio Gobierno anunció medidas para liberar alrededor de RD$40 000 millones mediante recortes de gasto. Si ese espacio existía dentro del presupuesto, el problema principal no era el petróleo.
La presión fiscal proviene del crecimiento del gasto corriente, del aumento de la deuda, del déficit eléctrico y de la baja calidad del gasto público.
El petróleo puede agravar esas tensiones. No las explica.
Antes de aprobar nuevos impuestos, el país merece una explicación más clara sobre las verdaderas causas del problema fiscal.
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