El abordaje del gasto en salud mental en nuestro país puede definirse como "kafkiano". El sistema atrapa al ciudadano en un bucle burocrático, legal y económico sin salida aparente, donde coexisten leyes que garantizan derechos que el propio presupuesto del Estado hace imposibles de cumplir. Es la viva estampa de un entramado incoherente donde la teoría legal, la gestión pública y la práctica médica se contradicen de forma sistemática. Al final, este laberinto parece diseñado para que al paciente se le haga cuesta arriba recibir la ayuda que necesita, sumiéndolo en la impotencia.
Veamos en detalle algunas razones por las que este problema —fundamental para dar respuesta a la demanda de la población— adquiere un carácter verdaderamente kafkiano:
La paradoja de la ley vs. el presupuesto. La Ley sobre Salud Mental es la n.º 12-06, la cual estipula en detalle el derecho a una atención digna y con calidad. No obstante, históricamente el presupuesto real asignado a esta área apenas ronda el 0,7 % del presupuesto general de salud, colocándonos por debajo de países con ingresos similares en la región como Costa Rica o Panamá. El sistema otorga un derecho, pero lo niega materialmente al no asignar los fondos, creando una estructura burocrática vacía. Es efectivamente la paradoja del presupuesto invisible.
Al respecto, aunque las autoridades de salud anuncian con frecuencia incrementos en la materia, al calcular el punto de partida real la cifra se queda lejos del 5 % que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS); peor aún, no sobrepasa el histórico y estático 0,7 %. Esto genera una profunda disonancia: el Estado reconoce en sus planes estratégicos que cerca del 20 % de la población dominicana padece algún trastorno mental, pero se niega a financiar la solución del problema.
El camuflaje estriba en una ilusión matemática. El presupuesto asignado al Ministerio de Salud Pública (MSP) efectivamente ha aumentado, tanto en porcentaje en relación con el PIB (2 % en 2024), con un monto equivalente a RD$146 277 millones (frente al 1,9 % del PIB, unos RD$61 687 millones en 2014). Sin embargo, la partida específica para la salud mental se mantiene congelada en torno al 0,7 %, ignorando la inversión necesaria para un país de ingresos medios. Las autoridades ofrecen cifras que solo en apariencia reflejan crecimiento; el monto total sube por arrastre, pero el porcentaje interno permanece estático. Ese lenguaje burocrático, difuso y contradictorio, es la esencia misma de lo kafkiano.
El absurdo de las Aseguradoras de Riesgos de Salud (ARS). Mientras la ley defiende el derecho a la salud, en la práctica el catálogo de prestaciones del Plan Básico de Salud —regulado por el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS)— excluye casi la totalidad de la atención psiquiátrica y psicológica continua. Un ciudadano que paga con puntualidad su seguro médico descubre, al momento de una crisis, que su ARS no cubre las consultas o impone topes anuales mezquinos que se agotan en apenas dos visitas; peor aún, no incluye ingreso clínico. Los medicamentos psiquiátricos —esenciales para condiciones como la esquizofrenia, el trastorno bipolar o la depresión severa— frecuentemente quedan fuera de la cobertura regular. Esto empuja a las familias de bajos recursos al gasto de bolsillo catastrófico o al abandono del tratamiento, con el consecuente agravamiento de la condición del paciente. Una falta de lógica con tintes de pesadilla.
La descentralización truncada que centraliza el caos. En 2016 se dio un paso humano y necesario: el cierre del antiguo "28″ (el Hospital Psiquiátrico Padre Billini), para sustituirlo por un modelo de Centros de Rehabilitación, Unidades de Intervención en Crisis (UIC) en hospitales generales y Centros de Salud Mental Comunitarios (CSMC). La idea, noble y correcta, era integrar al paciente a la sociedad. Se avanzó en la habilitación de las UIC, se inauguraron los dos primeros CSMC y para 2020 se dejaron planificados diez más. Lo kafkiano ocurre en la ejecución y en la falta de visión sistémica: ni se ha presupuestado ni se ha construido la red comunitaria suficiente para sostener el modelo. El resultado es que las camas de las UIC colapsan de inmediato, sin importar cuántas nuevas camas se sumen —esfuerzo que, es menester reconocer, realizan las autoridades actuales—. Al cumplir el tiempo límite de internamiento, los pacientes reciben el alta médica, pero al no existir una red comunitaria de apoyo, recaen rápidamente. Así, vuelven a hacer crisis, demandan un nuevo ingreso o terminan regresando a hogares que carecen de recursos económicos y educativos para contenerlos. Los encontramos, en muchos casos, deambulando por las calles. El modelo queda trunco y la planificación padece de una falta de lógica que vuelve la respuesta del sistema siempre insuficiente.
La burocracia de los datos ciegos. El propio MSP ha admitido en sus informes la escasez de datos estadísticos sistemáticos y confiables sobre salud mental. No se sabe con precisión cuántos pacientes crónicos existen en nuestro país, qué fármacos consumen con mayor urgencia ni dónde están ubicados. Se diseña y se gasta a ciegas para pacientes que, para las estadísticas del Estado, son invisibles.
El surrealismo presupuestario. El número de las Asociaciones sin Fines de Lucro (ASFL) registradas y subvencionadas en el Ministerio de Salud Pública asciende a 106, con una asignación anual de alrededor de 2000 millones para el año 2025 (RD$1 918 222 025,00, según el MSP). Es pertinente destacar que no nos oponemos a estas subvenciones; las apoyamos. Lo delirante e incomprensible es que el propio MSP indica que al departamento de Salud Mental se le asignaron para el mismo año apenas RD$514 667,00 para cumplir sus labores de rectoría nacional. Con poco más de medio millón de pesos al año, se le exige a un departamento formular políticas, diseñar lineamientos estratégicos, regular el sistema, promoción y prevención de la salud, monitoreo y evaluación y producción de datos (mientras que en el Centro de Contacto se invirtió algo más de 5 millones). Exigirle milagros regulatorios a un departamento sin presupuesto es el retrato más fiel del absurdo técnico-político.
En conclusión, el abordaje del gasto gubernamental en salud mental encarna la definición más pura de lo kafkiano: una estructura legal y teórica impecable que se estrella de frente contra una ejecución presupuestaria raquítica e invisible. El Estado ha construido un sistema donde el acceso a la atención psicológica y psiquiátrica es un derecho en el papel, pero un laberinto impracticable en la realidad. Salir de ese laberinto implica, en primer lugar, dejar de alimentar la burocracia del absurdo y empezar a financiar, con partidas reales, tangibles y fiscalizables, el bienestar de las personas más vulnerables que hoy sufren en el silencio de la indiferencia.
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