Escuchar a la ciudadanía fortalece la democracia. Pero la escucha verdadera no empieza cuando estalla el conflicto; se inicia antes, con consultas, evidencia y transparencia.
Cuando una decisión pública llega al debate nacional sin suficiente explicación, sin pedagogía y sin legitimidad social, el conflicto ocupa el espacio que debió llenar la información. Entonces el Gobierno queda atrapado entre retirar lo que presentó como necesario o sostenerlo sin haber construido la confianza requerida que le otorgará la licencia social.
Entre ignorar a la ciudadanía y decidir tarde bajo presión existe un espacio más exigente: la conducción responsable del Estado.
Hoy en día, con múltiples proyectos se instala una señal preocupante en el ámbito nacional e internacional: las políticas públicas no están naciendo con suficiente estudio, legitimidad ni capacidad técnica.
Una política pública seria requiere diagnóstico riguroso, consulta genuina con los sectores afectados, diseño técnico sólido y pedagogía ciudadana sostenida. Cuando ese proceso se omite o se abrevia, la presión no encuentra una institucionalidad capaz de responder.
Max Weber advertía que "la política es una lenta y fuerte perforación de tablas duras" y que requiere "pasión y perspectiva". Esa idea conserva plena vigencia: gobernar exige templanza, método y sentido de responsabilidad, pues no se trata de defender decisiones impuestas ni gobiernos cerrados al diálogo.
En los últimos años, la República Dominicana ha visto repetirse una secuencia inquietante en las autoridades: el Gobierno anuncia una medida, la presenta como necesaria, enfrenta rechazo, retrocede y luego presenta ese retroceso como expresión de escucha democrática, dejando al descubierto deficiencias de origen: análisis previo insuficiente, limitada anticipación de riesgos y débil construcción de consensos antes de decidir.
Esta lectura no juzga intenciones. Observa hechos.
En octubre de 2024, el presidente solicitó el retiro inmediato del Proyecto de Ley de Modernización Fiscal del Congreso Nacional, declarando que en democracia "se puede conseguir todo con el pueblo, pero nada contra el pueblo". Algunos medios reportaron que la decisión respondía al rechazo generalizado y a la falta de consenso.
La pregunta es para este caso: si la reforma era tan necesaria para ordenar las finanzas públicas, ¿por qué llegó al Congreso sin consenso con los actores fundamentales, sin la gradualidad que la hiciera factible y el respaldo político-social indispensables? Una reforma fiscal no fracasa el día que se retira. Fracasa antes, cuando se diseña sin legitimidad suficiente.
En enero de 2025, el Decreto 30-25 reguló el ITBIS a servicios digitales prestados por proveedores del exterior. En marzo, el Decreto 107-25 lo derogó por completo. Menos de dos meses. Y si bien la economía digital requiere reglas claras, previsibles y construidas con participación del ecosistema productivo, una norma que nace sin consenso y muere sin explicación deja incertidumbre donde debió haber institucionalidad. Y en materia económica, la incertidumbre también tiene costo.
En enero de 2022, el presidente solicitó posponer el fideicomiso de Punta Catalina en el Senado hasta recibir opiniones del Consejo Económico y Social. La decisión llegó tras escuchar las preocupaciones sobre las termoeléctricas. Ese episodio mostró una falla recurrente: decisiones de alto impacto comunicadas tarde, explicadas de manera insuficiente y defendidas cuando la desconfianza ya había ocupado el espacio que debió llenar la información.
El proyecto minero Romero, en San Juan de la Maguana, fue detenido por orden presidencial tras una fuerte movilización ciudadana. Según los informes, el proyecto se encontraba en etapa de evaluación ambiental, sin autorización para explotación. San Juan merece respeto profundo. Su vocación agrícola, su relación vital con el agua y la preocupación legítima de sus comunidades no pueden minimizarse. Precisamente por eso, el país debió conocer los estudios, los riesgos hídricos y las garantías reales (si las había) antes de que la presión sustituyera el proceso técnico.
Detener un proyecto puede ser correcto si la evidencia técnica, ambiental y social lo justifica. Lo grave es que el país no sepa con claridad si la decisión respondió a evidencia, presión o cálculo político.
En 2023 el Gobierno retiró o reformuló varios proyectos por presión política o mediática, incluyendo iniciativas vinculadas a trata de personas, ciberdelincuencia y la creación de un Ministerio de Justicia. Cada caso tiene su particularidad. Vistos en conjunto, revelan una falla de origen: se presentan sin análisis profundo previo, sin suficiente madurez técnica, jurídica y política.
En la gestión de alto nivel (pública o privada) esto tiene un nombre preciso: riesgo de ejecución mal gestionado. Dicho de forma sencilla: decidir sin preparar adecuadamente el terreno. Ninguna institución seria aprueba decisiones de alto impacto sin estudios de factibilidad, análisis de actores involucrados y planes de contingencia ante posibles resistencias. La diferencia crítica es que, en el sector privado, el error lo absorbe la empresa. En el sector público, lo paga la ciudadanía. Esa asimetría debería elevar el rigor antes de decidir.
Cuando la presión aumenta, el Gobierno suele recurrir a la explicación de la herencia recibida. Es cierto: la República Dominicana arrastra problemas fiscales, institucionales, ambientales y sociales acumulados durante décadas. Sería intelectualmente irresponsable negarlo.
Pero la herencia explica el punto de partida; no justifica la improvisación permanente. Después de varios años en el poder, la referencia constante al pasado pierde fuerza como explicación y empieza a funcionar como excusa. Los problemas pueden ser heredados; la forma de gestionarlos pertenece a quien gobierna.
Un país que observa cómo sus decisiones pueden revertirse según la intensidad del ruido público recibe una señal delicada: la evidencia no siempre conduce la decisión; la está conduciendo la coyuntura.
Eso tiene consecuencias reales sobre la seguridad jurídica, la confianza institucional y la calidad de las políticas públicas. Una reforma fiscal retirada sin consenso previo y no abierta al diálogo para llegar a acuerdos, un decreto derogado en semanas, un fideicomiso pospuesto por crisis de confianza y una evaluación ambiental suspendida sin transparentar sus resultados no son episodios aislados, junto a muchos otros. Muestran una forma de gobernar que prioriza el alivio político inmediato sobre la construcción institucional y de país de largo plazo.
Rectificar puede ser un acto de madurez democrática. Sin embargo, cuando la rectificación se convierte en práctica recurrente, el problema deja de ser la decisión puntual y pasa a ser la calidad de la conducción y de gerencia pública.
La República Dominicana necesita líderes que estudien los problemas antes de anunciarlos, consulten con seriedad a los sectores involucrados, anticipen resistencias y expliquen con transparencia las razones de cada decisión. También necesita autoridades capaces de corregir cuando la evidencia lo demande y de sostener lo correcto cuando el interés nacional lo exija.
Gobernar no es anunciar y retirar. Gobernar es conducir. Escuchar al pueblo fortalece la democracia. Improvisar, retroceder y llamar a eso escuchar, la debilita.
La verdadera prudencia no consiste en detener todo lo que genera conflicto. Consiste en decidir con evidencia, consultar con seriedad y explicar con transparencia antes de que la presión sustituya al gobierno.
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