Es un hecho que cuando el presidente escucha oposiciones o rechazos a ciertas medidas, proyectos o reformas dejándolas de lado, recibe aplausos o críticas dependiendo del lado que se ocupe en la discusión, pero lo que no puede pretenderse es que cuando se recula para el favor de algunos intereses esto sea bienvenido y alabado como un ejercicio democrático, y al mismo tiempo sea repudiado como muestra de populismo si es en contra de otros intereses, y el gran desafío es que se pueda tener la precisión de un escalpelo para hacer el corte justamente donde determine el interés general.
Los tiempos han cambiado y el ecosistema de las redes es utilizado como un mecanismo de presión, y lamentablemente también de chantaje, y los que critican que los gobiernos hagan tanto caso a estas son los mismos que las impulsan colocando sus publicidades en ellas, abandonando casi totalmente los medios tradicionales, y utilizando los denominados influenciadores ansiosos de montarse en las crestas de su popularidad, conscientes como están de su penetración, pero quizás inconscientes del peligroso poderío que aúpan.
Muchos aspiramos a mayor firmeza para la adopción de medidas y reformas necesarias a pesar de su costo político o económico, aunque pocos están dispuestos a asumirlo cuando les toca, o a apoyar lo que está bien, aunque sea políticamente incorrecto, y es siempre difícil proyectar si la decisión de echar atrás fue preferible al estallido social que se pretende evitar, o si la firmeza en seguir adelante sería capaz de silenciar la efervescencia de un rechazo poco fundamentado. Ciertamente, es más fácil ceder a la presión de la gente que intentar convencerla de qué es lo que conviene al país, pues incluso en casos en los que durante años la sociedad ha reclamado la necesidad de una reforma como la fiscal, y que hasta una ley como la de Estrategia Nacional de Desarrollo establece que debía producirse a más tardar en 2015, el rechazo puede ser contundente, como ocurrió con el proyecto de ley de modernización fiscal introducido y retirado en octubre de 2024, y todavía muchos lamentamos que no fuera la ocasión para discutir lo que convenía al interés nacional aprobando la mejor reforma posible.
La reciente decisión del presidente Abinader de detener cualquier actividad relacionada con el proyecto minero Romero en la provincia de San Juan de la Maguana, en respuesta a las manifestaciones de rechazo, evidencia nuevamente la necesidad de definir la política minera y medioambiental del país, como territorio insular altamente vulnerable al impacto del cambio climático, y como economía en desarrollo que requiere mayores ingresos y mejor distribución de estos, abordadas con mayor sinceridad, pues el daño a los ríos por la extracción salvaje de materiales de construcción que irresponsablemente continúa sucediendo es probablemente más depredador que las extracciones al subsuelo, y no genera al Estado los ingresos de estas.
La reforma a la Ley Minera 146-71 es indispensable, porque está claro que ni esta, ni la ley de medioambiente contienen garantías de una explotación racional de los recursos mineros, de una justa retribución al Estado y a los territorios por esta, ni de la debida supervisión de su accionar hasta su término con sanciones y sólidas garantías ante incumplimientos, y de que quienes impulsan los proyectos en cuestión con credenciales técnicas y solvencia financiera se mantengan al frente de estos o sean sustituidos por quienes posean similares condiciones, pues la forma en que los dueños originales de la concesión Falconbridge la abandonaron cediéndola a fondos de inversión que no tienen más interés que el lucro, sin haber solicitado autorización al Estado, y la reducida capacidad del gobierno de entonces que terminó aprobándola post facto sin que prestaran garantías reales, habiendo dejado una comunidad impactada debiendo enfrentar el Estado todas las consecuencias, es un retrato de lo que no debe volver a producirse. Pero también es necesario que trabajemos unidos en hacer comprender a la gente lo que es necesario y beneficioso para el país, desmontando desconfianzas y absurdos con base en claras, firmes y fundamentadas acciones, pero para eso tiene que dejarse de lado el populismo que hace que algunos corran de un lado para otro para intentar sacar provecho, y a otros dar un pasito para atrás para desactivar la bomba que no quieren que les explote en sus manos, sin darnos cuenta de que el peor daño al que debemos temer es al de no hacer o no dejar hacer lo que el país necesita en el momento oportuno.
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