Desde el 14 de junio de 1959, el pueblo dominicano puso en primer plano la lucha por la democratización del país y la redistribución de la riqueza.
El programa político que trajeron los patriotas en los días 14 y 20 de ese mes y año consignaba de manera clara esas dos reivindicaciones, entre otras.
Tras la caída de la dictadura de Trujillo el 30 de mayo de 1961 e iniciarse la llamada “transición democrática”, el tema de la democracia fue una bandera de lucha permanente del pueblo dominicano.
Fue en 1978, tras la salida de Balaguer del poder, y como consecuencia de las grandes luchas promovidas por las izquierdas y el PRD de entonces, cuando se logró una apertura política a las libertades públicas y ciertos derechos democráticos.
Pero no fue más.
En las elecciones de ese mismo año, el balaguerismo hizo un fraude electoral parcial al PRD, quitándole algunas senadurías.
En 1990 y 1994, el balaguerismo llevó a cabo otros fraudes electorales contra el profesor Bosch y el PLD, y el Dr. Peña Gómez y el PRD, respectivamente; confirmando parte de los vicios de la democracia dominicana conquistada hasta ese momento.
El trauma electoral de 1994 condujo a unas reformas políticas mínimas que avanzaron a la conquista de una “democracia electoral”, y más nada.
Una democracia electoral limitada que solo dio alguna transparencia a los procesos electorales y dio facilidad al principio de la democracia representativa sobre la “alternabilidad del poder”.
Puede decirse que en alguna medida desapareció el fantasma del fraude a la usanza balaguerista en el que los muertos votaban y un apagón de la luz eléctrica cambiaba la perspectiva de los boletines electorales, y el balaguerismo que perdía, de repente aparecía ganador.
Se había conquistado una democracia electoral limitada.
Limitada, porque solo daba pie al derecho a votar del pueblo; a ejercer la democracia cada cuatro años en 50 segundos en el acto de votar.
No garantiza(ba) justicia social, ni mucho menos equidad en la participación electoral a las izquierdas y sectores populares en general. Por más presencia pública de las izquierdas y en los movimientos populares en la vida nacional, las reglas establecidas bloquean el acceso de estas al Congreso y los ayuntamientos, como mínimo.
Durante el periodo abierto por el fraude de 1990, el PCT planteó la lucha por una Constituyente por voto universal y popular, para una reforma democrática y sustancial al régimen político.
Demanda democrática pertinente desde el punto de vista de la historia dominicana, porque reivindica(ba) el mecanismo al que habitualmente recurrían los liberales progresistas del siglo XIX, es decir, lo que entonces era izquierda; cuando de reformar la Constitución se trataba; y el que formularon los gloriosos patriotas del 14 y el 20 de junio de 1959, que se propusieron derrocar el régimen trujillista y darle al país uno democrático y popular.
El planteamiento del PCT era, por demás, oportuno; porque se hacía en un momento de auge de las luchas populares de masas y estas se podían constituir en torno a esa demanda con significativas posibilidades de éxito; y era posible contar con las fuerzas sociales del boschismo y del peñagomismo que en ese justo momento estaban resentidas contra el balaguerismo.
Era un momento políticamente oportuno para la demanda de la Constituyente.
Pero el movimiento general de izquierdas consideró que esa era una demanda reformista, y prefirió constituir la movilización popular en torno a demandas sociales; y se nos escapó de momento la posibilidad significativa de conquistar una asamblea constituyente democrática y popular.
Hoy, la democracia de electores limitada está en retroceso. Muchos derechos conquistados están en decadencia, o como menos bajo acechanzas. Así están el derecho a cesantía, la libre sindicalización, la seguridad social de los trabajadores y sus familias, entre otros derechos del pueblo.
Cuestión de derechos como es la lucha de las mujeres por las tres causales es rechazada sin contemplación por las instituciones del Estado y los partidos que las sustentan.
La pobreza es cada vez más un nicho de mercado electoral para conseguir votos mediante programas de caridad pública de los gobiernos de turno.
La economía dominicana ha crecido durante 70 años consecutivos, así sea con tasas anuales diferentes. El pueblo trabajador ha creado riquezas cada año. Sin embargo, ha pervivido la pobreza de las mayorías populares, y por demás, ha crecido en provincias del país.
El proceso democrático ha sido tan exiguo en materia de derechos, porque el crecimiento no se ha expresado en desarrollo, que es una medida que integra los derechos democráticos.
La pervivencia de la pobreza es un atentado al derecho a la libertad de elegir de la ciudadanía. Porque la pobreza es un nicho de mercado electoral al que recurren los partidos que sustentan el régimen a comprar con migajas el voto y la conciencia de los pobres.
Nunca antes desde la manera en que fue atacado el gobierno del profesor Juan Bosch en 1963 se había observado tanto discurso y actitud de ataque del conservadurismo a las instituciones y valores democráticos.
Nunca antes la soberanía nacional, y el derecho democrático a la autodeterminación, había sido negada y puesta al servicio de los intereses norteamericanos con tanta impunidad como lo hace el actual gobierno del presidente Luis Abinader.
Y quizás, o sin quizás, nunca antes había existido un contexto internacional tan amenazante y negador de los principios de la democracia.
Todo esto es desafío. La causa democrática nos convoca a peleas más determinantes en la defensa y conquista de derechos democráticos.
En este espíritu toca airear la propuesta de la Constituyente. Constituir las masas populares en torno a la misma.
Como cuestión táctica. Para unir las izquierdas y las reservas democráticas del país. Esta es una tarea pertinente, oportuna y viable.
Y, en ese entendido, debe decirse que desde las perspectivas de las izquierdas, la cuestión no es el dilema de si democracia o revolución.
La cuestión es construir la revolución en la lucha por derechos democráticos.
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