En una ciudad que aspira a ser moderna, segura e inclusiva, la señalización vial no es un elemento decorativo ni accesorio. Es una herramienta esencial para garantizar el orden, la seguridad y la previsibilidad en la circulación, tanto de vehículos como de peatones. Por ello, cualquier acción u omisión que afecte la visibilidad, comprensión o eficacia de las señales de tránsito constituye una amenaza directa a la seguridad vial y un incumplimiento grave de las obligaciones del Estado y de los gobiernos locales.
En el Distrito Nacional, sin embargo, se ha normalizado una práctica particularmente alarmante: la colocación de vallas y elementos publicitarios de gran formato en lugares que obstaculizan total o parcialmente señales de tránsito, anulando su función preventiva y reguladora. Este fenómeno no es aislado ni teórico. Tiene manifestaciones concretas, visibles y persistentes, que demandan una respuesta inmediata y coordinada de las autoridades competentes.
Uno de los casos más evidentes y preocupantes se presenta en la intersección de la avenida Rómulo Betancourt con la avenida Winston Churchill, cuando se circula en sentido oeste-este. En este punto estratégico de la ciudad, una señal que prohíbe el giro en U ha sido prácticamente neutralizada por la instalación de una valla publicitaria de dimensiones desproporcionadas, más de veinte veces mayor que la señal reglamentaria, colocada justo delante de ella, impidiendo su visibilidad o reduciéndola a un punto irrelevante en el campo visual de los conductores que transitan en esa vía.
En este caso, la publicidad comercial anula la señalización pública de tránsito.
La señal de tránsito, ubicada en la isleta de la vía, solo resulta perceptible cuando el conductor ya se encuentra prácticamente encima de ella, sin margen real para reaccionar, corregir la maniobra o adoptar una conducta distinta. En términos prácticos, la prohibición existe en el papel, pero no en la realidad efectiva de la circulación.
Este hecho genera una situación profundamente injusta y contraria a los principios más elementales del derecho administrativo y de la seguridad vial. La norma exige que las señales sean claras, visibles, oportunas y comprensibles, precisamente para prevenir infracciones y accidentes. Una señal oculta, minimizada o eclipsada por una valla publicitaria no cumple ninguna de esas funciones.
Más grave aún es que esta situación no solo es sufrida por los usuarios de la vía, sino que ocurre a plena vista de las autoridades responsables de hacer cumplir la ley, quienes, en vez de corregir esa situación indebida, lo que hace es que se aprovechan de ella en una actuación policial cuestionable y abusiva.
De manera reiterada, a toda hora del día, se observa la presencia de dos o más agentes de la DIGESETT apostados bajo los árboles de la acera norte de la avenida Rómulo Betancourt, a la espera del próximo conductor que realice el giro en U prohibido. No se trata de una falta sorpresiva o producto de la imprudencia deliberada, sino de una infracción inducida por la deficiente visibilidad de la señal.
El mensaje implícito que se transmite es profundamente perturbador: se tolera, o se ignora, la causa estructural del problema (la valla publicitaria que bloquea la señal), pero se sanciona al ciudadano que, de buena fe, no tuvo información visual suficiente para cumplir la norma.
Esta forma de actuación resulta indebida e injusta, y vulnera principios básicos como la buena fe, la razonabilidad y la finalidad preventiva de la potestad sancionadora del Estado. La función de la DIGESETT no es sorprender ni recaudar, sino ordenar, prevenir y proteger la vida y la integridad de las personas.
El marco jurídico dominicano no deja espacio a dudas sobre las responsabilidades en este tipo de situaciones:
El Ayuntamiento del Distrito Nacional tiene la competencia directa sobre el ordenamiento del espacio público y la autorización de publicidad exterior en su territorio. No puede permitir instalaciones que interfieran con la señalización vial ni con la seguridad ciudadana.
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) es responsable de la infraestructura vial y de garantizar que la señalización cumpla su función técnica y preventiva.
El INTRANT, como órgano rector del sistema de movilidad y tránsito, tiene la obligación de regular y fiscalizar la publicidad visible desde las vías públicas, especialmente cuando esta afecta la seguridad vial.
La DIGESETT, como autoridad encargada de la vigilancia y control del tránsito, no solo debe sancionar infracciones, sino también reportar, advertir y exigir la corrección de condiciones viales que inducen al error o al incumplimiento involuntario.
La omisión conjunta o individual de estas entidades configura una falla institucional que no puede seguir siendo ignorada.
La coexistencia de una valla publicitaria dominante y una señal de tránsito minimizada no es un simple error técnico; es una violación al principio de jerarquía funcional del espacio vial. La señalización reglamentaria debe prevalecer siempre sobre cualquier elemento privado de carácter comercial.
Permitir que una publicidad opaque una señal es invertir las prioridades del Estado: colocar el interés económico por encima del derecho a la información vial clara y, en última instancia, por encima de la seguridad y la vida.
Además, sancionar conductores en estas condiciones compromete la legitimidad de la actuación administrativa y erosiona la confianza ciudadana en las instituciones. La autoridad pierde autoridad cuando actúa sin corregir previamente las causas que ella misma está obligada a controlar.
Esta situación nos motiva a hacer un llamado firme y urgente; por todo lo anterior, resulta imperativo exigir que el Ayuntamiento del Distrito Nacional, el MOPC, el INTRANT, la DIGESETT y cualquier otra autoridad competente actúen de manera inmediata y coordinada para:
1. Retirar o reubicar la valla publicitaria que obstruye la señal de tránsito en la intersección de la avenida Rómulo Betancourt con la avenida Winston Churchill.
2. Garantizar la visibilidad plena, anticipada y efectiva de la señal que prohíbe el giro en U.
3. Revisar la actuación de la DIGESETT en ese punto específico, suspendiendo la práctica de sancionar infracciones inducidas por señalización defectuosa.
4. Establecer protocolos claros que impidan la instalación de publicidad exterior en conflicto con señales de tránsito en todo el Distrito Nacional.
La seguridad vial no admite ambigüedades ni excusas. Las señales deben advertir, no sorprender; las autoridades deben prevenir, no aprovechar; y el espacio público debe organizarse en función del interés general, no del beneficio particular.
Corregir este caso concreto no es solo una cuestión administrativa. Es una prueba de coherencia institucional, de respeto a la legalidad y de compromiso real con una ciudad más justa, segura y ordenada.
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