El reciente acuerdo que autoriza a los Estados Unidos a utilizar la Base Aérea de San Isidro y el Aeropuerto Internacional de Las Américas no puede leerse como un simple capítulo técnico de la cooperación antidrogas. Se inscribe en la nueva Estrategia de Seguridad Nacional norteamericana de 2025, que reordena el hemisferio occidental como teatro prioritario y reactiva, bajo nuevas formas, la lógica de la Doctrina de Monroe. En ese marco, el interés por Santo Domingo se cruza con cuatro vectores internos que reconfiguran la posición dominicana: el aumento de las incautaciones de drogas, la presión migratoria (legal e ilegal), el crecimiento económico acompañado de nuevas incursiones de actores como Brasil, y una trayectoria reciente de mejoras —todavía incompletas— en la aplicación de la legislación sobre trata de personas.
El triángulo operativo del Gran Caribe y los límites de Vieques y Guantánamo
Desde el punto de vista estrictamente operativo, la geografía dominicana ofrece algo que ni Guantánamo ni Vieques proporcionan por sí solos: un nodo central en el arco que va del Caribe oriental al canal de la Mona y, de allí, a Puerto Rico y al Atlántico norte. San Isidro y Las Américas permiten articular un triángulo operacional eficiente Puerto Rico–República Dominicana–resto del Caribe central para vigilancia aérea, interdicción marítima y respuesta rápida sobre rutas de narcotráfico y otras actividades ilícitas que han desplazado parte de sus corredores hacia esa franja. Se trata, además, de infraestructuras plenamente funcionales, integradas al tráfico regional civil y militar, capaces de soportar despliegues de aeronaves de patrullaje marítimo, plataformas de inteligencia y vuelos logísticos sin la carga política de hablar de “instalaciones estadounidenses permanentes” en suelo dominicano.
En contraste, tanto Guantánamo como la historia de Vieques son activos militares útiles, pero políticamente tóxicos. Guantánamo arrastra décadas de controversias en materia de derechos humanos y se percibe como enclave colonial en territorio cubano, difícilmente compatible con la narrativa de “alianza hemisférica entre democracias” que la Estrategia de Seguridad Nacional pretende proyectar. Vieques, por su parte, quedó marcada como símbolo de resistencia civil a la presencia militar estadounidense en Puerto Rico, de modo que un uso intensivo con alta visibilidad vuelve a topar con costos políticos internos y externos. De ahí que Washington tienda a diversificar puntos de apoyo en el Caribe: táctica y políticamente, le resulta preferible operar desde acuerdos con gobiernos aliados —como el dominicano— que reabrir heridas asociadas a esos enclaves históricos.
Incautaciones, socio “eficaz” y agenda de seguridad integral
En los últimos años, las autoridades dominicanas han logrado incrementos notables en las incautaciones de cocaína y otras drogas, tanto en puertos como en aeropuertos y en acciones conjuntas en alta mar. Esa evolución reposiciona al país no solo como ruta, sino también como Estado que exhibe resultados en la lucha contra el narcotráfico. Este desempeño ofrece a Washington un argumento político cómodo: no es imponer presencia militar sobre un Estado, sino de profundizar la cooperación con un socio que ya muestra eficacia propia y que, con acceso a San Isidro y Las Américas, puede multiplicar su capacidad de interdicción en el corredor República Dominicana–Puerto Rico–Caribe central.
Operativamente, la combinación de plataformas dominicanas con medios estadounidenses crea un triángulo logístico que densifica y acelera las operaciones sobre rutas que se han desplazado hacia el Gran Caribe. Políticamente, las cifras de incautaciones permiten presentar el acuerdo como consolidación de una política ya exitosa, no como un giro de subordinación: la República Dominicana aparece como “socio eficaz” que se integra a una arquitectura regional de seguridad definida en Washington, pero legitimada con resultados locales.
Migración, frontera haitiana y trata de personas
La Estrategia de Seguridad Nacional de 2025 conceptualiza la migración —incluida parte de la migración legal— como amenaza central a la seguridad y prosperidad estadounidenses, y exige a los países del entorno actuar como primera línea de contención. La República Dominicana conoce esa lógica desde su propia experiencia con Haití: flujos migratorios masivos, regulares e irregulares, que presionan servicios públicos, mercado laboral y sistemas de documentación, y que el Estado ha respondido con controles reforzados, deportaciones y políticas cada vez más securitizadas en la frontera.
A esta dimensión se suma la trata de personas. Durante años, la aplicación de la Ley 137‑03 sobre tráfico ilícito de migrantes y trata de personas fue criticada por su baja efectividad: pocas condenas, persecución fragmentaria y escasa protección de víctimas, especialmente migrantes haitianos y otros colectivos vulnerables. En los ciclos más recientes, sin embargo, se han observado avances: incremento de investigaciones y procesamientos, imposición de penas más severas —incluyendo sentencias de máximo castigo en casos emblemáticos— y reformas legislativas orientadas a ajustar el marco normativo a estándares internacionales. Informes externos han reconocido estos esfuerzos con una mejora en la clasificación del país, señalando al mismo tiempo las brechas pendientes, sobre todo en trabajo forzoso y protección de víctimas en contextos de alta vulnerabilidad.
Desde la óptica de Washington, la conjunción de más incautaciones de drogas, control migratorio reforzado y avances —aunque parciales— en la lucha contra la trata configura un socio que no solo aporta ubicación estratégica, sino también una narrativa de mejora institucional en temas que la propia Estrategia de Seguridad Nacional eleva a rango de amenazas prioritarias. El interés en operar desde San Isidro y el AILA se integra así en un discurso de lucha “integral” contra el crimen organizado transnacional, donde drogas, tráfico ilícito de migrantes y trata, se abordan como dimensiones interconectadas de un mismo ecosistema ilícito.
Crecimiento económico, Brasil, Embraer y disputa de influencias
Al mismo tiempo, la economía dominicana se ha consolidado como una de las de mayor crecimiento en la región, atrayendo inversión extranjera en turismo, zonas francas, construcción e infraestructura. Ese dinamismo ha despertado el interés de actores diversos, entre ellos Brasil, cuyos bancos de desarrollo y empresas de ingeniería y construcción han buscado proyectos en energía, transporte, obras civiles y otros sectores en territorio dominicano. La experiencia latinoamericana muestra, sin embargo, que parte de esa proyección brasileña ha ido acompañada de esquemas de corrupción y sobornos que terminaron expuestos en grandes casos judiciales.
En este paisaje destaca el caso Embraer: la empresa aeronáutica brasileña admitió pagos de sobornos en varios países para asegurar contratos de venta de aeronaves, incluida la República Dominicana, lo que derivó en procesos y acuerdos de culpabilidad en jurisdicciones externas. Este precedente coloca al país bajo un foco particular en materia de integridad y cumplimiento: no solo es un mercado atractivo, sino también un escenario donde ya se han probado vulnerabilidades frente a prácticas corruptas asociadas a equipos estratégicos. Para Estados Unidos, un socio que crece económicamente, que recibe nuevas olas de inversión —incluida brasileña y china— y que ha estado en el centro de un caso paradigmático como Embraer debe ser al mismo tiempo apoyado y vigilado: la agenda de seguridad se superpone con la de transparencia, compliance y alineamiento geopolítico.
En la lógica de la Estrategia de Seguridad Nacional 2025, el objetivo no es solo impedir que China ocupe posiciones clave en puertos, energía o telecomunicaciones; también se trata de asegurar que otros competidores —como Brasil— no capturen de manera opaca sectores estratégicos mediante prácticas de soborno, crédito condicionado o construcción de dependencias financieras. El control operativo de nodos como San Isidro y Las Américas se combina así con un interés más amplio en el marco regulatorio, las adquisiciones públicas y la arquitectura de inversiones dominicanas.
Un nodo estratégico en un hemisferio reordenado
La combinación de estos factores —ubicación geográfica, resultados crecientes en incautaciones, presión migratoria gestionada con una lógica de seguridad, avances imperfectos en la lucha contra la trata, crecimiento económico acelerado y llegada de capitales con historiales mixtos— explica por qué, aun teniendo Guantánamo y la experiencia de Vieques, Estados Unidos “quiere” y “necesita” acceso a la Base Aérea de San Isidro y al Aeropuerto Internacional de Las Américas. El propósito no es reemplazar esos enclaves, sino de complementarlos con un nodo flexible, políticamente más presentable y mejor insertado en la narrativa de cooperación hemisférica que hoy se intenta construir.
Para la República Dominicana, la decisión de abrir sus principales infraestructuras aéreas a la operación conjunta con Estados Unidos significa entrar de lleno en el nuevo diseño hemisférico de la Estrategia de Seguridad Nacional: un esquema que premia a los socios alineados en seguridad, migración, trata y gobernanza económica, pero que al mismo tiempo incrementa la exposición a presiones, condicionalidades y escrutinio externo. El desafío será aprovechar la cooperación, el respaldo y las oportunidades económicas que de ello se derivan —incluido el refuerzo de capacidades institucionales y reputacionales en la lucha contra el narcotráfico, la trata y la corrupción— sin que San Isidro y Las Américas terminen convertidos, con el paso del tiempo, en símbolos de una soberanía crecientemente condicionada por las agendas cruzadas de seguridad y poder en el Gran Caribe.
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