Cuando un proceso penal se acerca al borde de la extinción y un informe ciudadano lo documenta con precisión clínica, suele ocurrir una cosa vieja y predecible: el acusado deja de defenderse y comienza a acusar. No al Ministerio Público, a quien le correspondería. No a los jueces, que administran el tiempo. No al expediente —de más de doce mil páginas y seiscientos sesenta y seis mil archivos, según sus propios números— que él mismo califica de inabordable. Acusa al mensajero.
Esta semana, el exprocurador general Jean Alain Rodríguez convocó una rueda de prensa para desmontar —según sus palabras— el Octavo Informe del Observatorio de Casos de Corrupción Administrativa de Participación Ciudadana. El informe, pulcro en su aritmética, recuerda lo que el país ya sospecha: noventa y cuatro aplazamientos en la etapa preliminar, veintidós reenvíos desde la apertura del juicio de fondo en septiembre de 2024, y un reloj procesal que corre desde el verano de 2020 y ya excede cualquier estándar razonable. En lugar de responder a los números, el exprocurador optó por un truco tan antiguo como la retórica misma: el argumento ad hominem. Y su objetivo, personificado, fue don Francisco «Pancho» Álvarez Valdez, actual coordinador general de Participación Ciudadana.
Una nota de transparencia antes de seguir: don Pancho Álvarez fue mi jefe durante mi paso por Headrick Rizik Álvarez & Fernández, y ha sido, a lo largo de los años, uno de los mentores intelectuales y éticos más importantes de mi formación. Escribo, por tanto, desde el afecto, pero también desde la honestidad que él mismo me enseñó a exigirme.
La acusación de Rodríguez es espectacular en su vaguedad: que Álvarez acudía a su despacho, que iba «como hacen ahora», que preguntaba «¿cómo te ayudé, qué quieres que diga?». El exprocurador llegó a insinuar, en la misma intervención, que se le pidió «hacer daño a personas». Hay algo casi novelesco en el giro: el acusado de encabezar una red que presuntamente estafó al Estado con más de seis mil millones de pesos convierte en victimarios a quienes hoy observan el reloj que corre en su contra.
La respuesta de Álvarez fue, como cabía esperar en él, escueta y digna. A quien lo imputa sin pruebas, le respondió con lo único que un hombre serio puede responder: que las haga públicas, que las acompañe de evidencia, que el país lo merece. «Haría bien», dijo, en hacerlo. Es la respuesta que solo se permite quien no tiene nada que esconder: invitar a la luz.
Aquí conviene detenerse. Porque en la República Dominicana ha ido cundiendo la costumbre perniciosa de equiparar trayectorias, de tratar al acusado y al acusador como si pesaran lo mismo en la balanza moral del debate público. No pesan lo mismo. No en este caso. No cerca.
Don Pancho Álvarez es miembro de Participación Ciudadana desde 1997. Por tercera ocasión —las dos primeras fueron en el año 2000 y en 2012— sus pares lo eligieron coordinador general del capítulo dominicano de Transparencia Internacional, en la trigésima segunda Asamblea General Ordinaria, celebrada el pasado mes de marzo. Es socio sénior de Headrick Rizik Álvarez & Fernández, una de las firmas jurídicas más respetadas del país, con una práctica reconocida en litigios, arbitraje y derecho bancario. Sus columnas en El Caribe, Clave Digital y Acento han formado, durante décadas, a dos generaciones de juristas y ciudadanos. Ha publicado trabajos académicos sobre joint ventures, fianza de solvencia judicial, métodos alternativos de resolución de conflictos, conflictos electorales y la Cámara de Cuentas.
Es decir: en casi treinta años de vida pública, no hay mancha. Ni expediente. Ni sombra. Solo un hombre que ha gastado su tiempo —y hay que decirlo así, gastado, porque el tiempo no se recupera— observando instituciones, enseñando a estudiantes, defendiendo causas que le restan clientes y no le suman amigos. En un país donde la neutralidad es cara, la de Álvarez se ha cobrado, por décadas, en moneda de silencio y enemistades discretas.
Frente a esa biografía, el argumento del exprocurador se desploma por su propio peso. Si don Pancho Álvarez hubiera hecho alguna vez lo que Rodríguez insinúa, habría, en primer término, pruebas; en segundo, testigos; en tercero, una oportunidad, entre 2016 y 2020, de denunciarlo ante los medios o ante los tribunales. Hubo cuatro años de ventana. No hubo denuncia. Hay, apenas, una acusación lanzada seis años después, justo cuando el reloj procesal aprieta y los números del informe ya no admiten discusión. El timing, dicen los abogados, es parte de la prueba.
El problema, entonces, no es don Pancho. El problema es el reloj. El artículo 150 del Código Procesal Penal establece plazos, y los plazos se acercan. Cuarenta imputados; veintidós sociedades; más de seis mil millones de pesos; la mitad de los acusados ya ha reconocido su participación y ha señalado a los que aún no lo hacen. El país no puede permitirse que un proceso de esta magnitud termine extinguido por vencimiento de plazo, porque lo que se extingue con la acción penal no es la acusación: es la fe de la gente en que, alguna vez, en algún lugar, alguien paga.
Por eso Participación Ciudadana cumple. Por eso Álvarez observa. Por eso el informe existe. Porque la democracia, a falta de dioses, necesita mensajeros.
Y hay una enseñanza antigua que conviene recordar en estos días: matar al mensajero no cambia el mensaje. Solo revela al asesino.
Compartir esta nota