Es la primera vez en la historia que los Estados Unidos realizan una intervención o un ataque directo contra un país de América del Sur. Este hecho, por sí solo, marca un punto de inflexión en las relaciones hemisféricas y obliga a una reflexión serena, más allá de simpatías ideológicas o rechazos personales.
Desde mi más profunda convicción democrática, el régimen de Nicolás Maduro es un gobierno ilegítimo. Su permanencia en el poder se sustenta en la usurpación de la voluntad popular, tras desconocer los resultados de unas elecciones en las que el pueblo venezolano ejerció su derecho soberano al voto. Este hecho no admite relativizaciones ni justificaciones políticas.
Conviene aclarar, además, que quien escribe se identifica con el pensamiento conservador y ha simpatizado abiertamente con muchas de las políticas impulsadas por Donald Trump, particularmente en materia económica, migratoria y de defensa del interés nacional estadounidense. Esta reflexión, por tanto, no surge de una postura ideológica contraria a los Estados Unidos ni de un rechazo al liderazgo conservador, sino precisamente desde una visión que valora el orden, la soberanía y el respeto a las reglas que rigen el sistema internacional.
Sin embargo, reconocer la ilegitimidad de un régimen no implica validar cualquier medio para enfrentarlo. La acción emprendida por los Estados Unidos entra en abierta contradicción con los principios fundamentales del derecho internacional, en particular con el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados. Este principio no es un formalismo jurídico: es una de las pocas barreras que protegen a las naciones más débiles de la imposición de la fuerza como mecanismo de resolución política.
Hoy es Venezuela; mañana podría ser cualquier país que, por razones políticas, económicas o estratégicas, entre en conflicto con esos intereses
La intervención no solo afecta a Venezuela. Introduce un factor adicional de inestabilidad para toda América Latina, una región históricamente marcada por intervenciones externas que dejaron secuelas profundas en términos de soberanía, institucionalidad y cohesión social.
Conviene señalar, además, un elemento que no puede ser ignorado en un análisis honesto: existen otros regímenes igualmente ilegítimos en la región, como los de Cuba y Nicaragua, frente a los cuales no se ha producido una acción similar. La diferencia sustancial es evidente: ninguno de esos países posee las mayores reservas petroleras del mundo. Este contraste refuerza la percepción de que los intereses estratégicos pesan más que la defensa universal de la democracia.
En lo personal, deseaba que la comunidad internacional actuara con mayor firmeza frente a la usurpación de la voluntad popular del pueblo venezolano, como también frente a cualquier gobierno que desconozca la soberanía de su pueblo. Pero la forma en que se ha procedido deja un mensaje inquietante: la soberanía de los países latinoamericanos parece quedar condicionada a su alineamiento con los intereses de una potencia.
El precedente es peligroso. Hoy es Venezuela; mañana podría ser cualquier país que, por razones políticas, económicas o estratégicas, entre en conflicto con esos intereses. La normalización de este tipo de acciones erosiona el orden internacional y debilita los mecanismos multilaterales que, con todas sus imperfecciones, siguen siendo preferibles a la ley del más fuerte.
Mi pronóstico es preocupante: un mayor aislamiento internacional de los Estados Unidos, la condena de numerosas naciones latinoamericanas y de otras regiones del mundo, y el riesgo de que se inicie una carrera armamentista en América Latina como reacción defensiva ante este nuevo escenario.
La defensa de la democracia no puede hacerse sacrificando el derecho internacional. Cuando eso ocurre, no se fortalece la libertad: se abre la puerta a un mundo más inestable, más inseguro y, paradójicamente, menos democrático.
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