Hay momentos en la historia de las naciones en que la prudencia diplomática debe dar paso a una firmeza inequívoca. La crisis que atraviesa Haití es uno de ellos. La República Dominicana, por su proximidad geográfica y sus vínculos históricos con el pueblo haitiano, no puede permanecer indiferente ante una tragedia que amenaza con desbordar sus fronteras.
Nuestros hermanos haitianos son víctimas de una situación que no merecen: violencia, inseguridad, colapso institucional y pérdida progresiva del control territorial. Sin embargo, la solidaridad con ese pueblo no debe impedirnos reconocer una realidad fundamental: la República Dominicana tiene el derecho y el deber de proteger su territorio, su estabilidad y la seguridad de sus ciudadanos.
La solidaridad entre naciones es un principio humanitario, pero no puede convertirse en una obligación de sacrificio unilateral.
Las bandas criminales y los intereses que las sostienen
La violencia haitiana no puede entenderse únicamente como el resultado de la actuación de grupos armados. Durante años se han denunciado vínculos entre determinadas élites económicas y políticas y las organizaciones criminales que operan en Haití. Se ha señalado que algunos sectores poderosos podrían financiar o favorecer a esas bandas para proteger sus intereses, mientras estas participan en actividades como la extorsión, el secuestro, el narcotráfico y otras formas de criminalidad organizada.
Si se pretende pacificar Haití, no basta con perseguir a los hombres armados. También es indispensable investigar quiénes los financian, quiénes les suministran recursos y quiénes se benefician de la inseguridad.
Esta preocupación adquiere especial relevancia cuando surgen denuncias sobre empresarios con inversiones en la República Dominicana que presuntamente podrían estar relacionados con el financiamiento de esas organizaciones. Si alguno de ellos ha sido objeto de sanciones por parte de Estados Unidos, las autoridades dominicanas deben verificar la naturaleza y los fundamentos de esas medidas.
No se trata de condenar a nadie sin pruebas, sino de impedir que nuestro territorio se convierta en refugio financiero de quienes pudieran contribuir al sostenimiento del crimen organizado.
Ningún interés económico debe estar por encima de la seguridad nacional ni de la aplicación de la ley.
Una comunidad internacional que debe asumir su responsabilidad
La comunidad internacional lleva años anunciando iniciativas para resolver la crisis haitiana, pero los resultados siguen siendo insuficientes frente a la magnitud del problema.
La presencia de fuerzas internacionales de seguridad representa un intento de recuperar el orden y contener a las bandas. Sin embargo, sus resultados deben evaluarse por su capacidad real para proteger a la población, recuperar territorios y contribuir al fortalecimiento de las instituciones haitianas.
No podemos asegurar que Haití se encamine inevitablemente hacia una guerra generalizada. Pero tampoco sería prudente descartar una escalada de violencia que provoque desplazamientos masivos de población hacia los países vecinos.
Ante esa posibilidad, la República Dominicana debe prepararse.
No sería razonable que nuestro país, con sus propias necesidades sociales, económicas y presupuestarias, terminara soportando de manera desproporcionada las consecuencias de una crisis que afecta a toda la región.
La comunidad internacional no puede limitarse a expresar solidaridad con Haití y, al mismo tiempo, dejar que la nación dominicana enfrente prácticamente sola las repercusiones de esa tragedia.
Una frontera que debe demostrar su eficacia
Se ha hablado de una frontera dominicana blindada. Pero la eficacia de una frontera no se demuestra mediante declaraciones oficiales, sino mediante resultados verificables.
Los videos y testimonios que muestran cruces por lugares no habilitados deben investigarse y contrastarse con la información de las autoridades. Si existen puntos vulnerables, deben identificarse y corregirse.
Una frontera extensa requiere vigilancia permanente, tecnología, inteligencia, controles migratorios eficaces y coordinación entre las autoridades militares, policiales y judiciales.
Si se produjera un desplazamiento masivo desde Haití, el Estado dominicano tendría que afrontar simultáneamente la entrada irregular de personas, la posible infiltración de integrantes de organizaciones criminales y las necesidades humanitarias de familias que huyen de la violencia.
Por eso, necesitamos un plan de contingencia que contemple distintos escenarios y defina con anticipación los recursos, las responsabilidades y los mecanismos de cooperación internacional.
Una frontera verdaderamente protegida no es aquella que se proclama invulnerable, sino aquella cuya eficacia puede demostrarse.
Los refugiados y los compromisos internacionales
La República Dominicana se adhirió en 1978 a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y a su Protocolo de 1967. Estos instrumentos establecen obligaciones internacionales de protección para las personas que reúnen las condiciones jurídicas correspondientes. El organismo de las Naciones Unidas especializado en esta materia es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR.
Es importante precisar que una llegada masiva de ciudadanos haitianos no convertiría automáticamente a todos ellos en refugiados. La condición jurídica de cada persona debe determinarse conforme a las normas aplicables, respetando las garantías de protección que correspondan.
Sin embargo, una crisis de dimensiones extraordinarias podría generar necesidades humanitarias que exigirían recursos considerables para atender a las personas desplazadas, organizar su identificación, proteger a los menores y responder a las emergencias sanitarias y alimentarias.
¿Quién financiaría esa operación? ¿Quién asumiría los costos de la asistencia médica, la alimentación, los albergues temporales (que quizás se conviertan en definitivos) y los demás servicios indispensables?
La República Dominicana tiene obligaciones con quienes necesitan protección, pero también con sus propios ciudadanos. Nuestros hospitales, escuelas, infraestructuras y programas sociales disponen de recursos limitados, y el Estado está en la obligación legal y moral de garantizar que pueda seguir atendiendo las necesidades fundamentales de la población dominicana.
Cumplir los compromisos internacionales no significa que la República Dominicana deba asumir sola, y sin recursos suficientes, las consecuencias de una crisis regional.
La solidaridad internacional debe traducirse en financiación, cooperación logística y distribución de responsabilidades, no simplemente en declaraciones.
La presión sobre los servicios públicos y el desafío demográfico
La demanda de servicios públicos vinculada a la migración haitiana constituye otro asunto que debe examinarse con rigor.
Según cifras del Servicio Nacional de Salud correspondientes a 2024, recogidas por la prensa dominicana, de 91,661 nacidos vivos registrados en la red pública ese año, 32,967 correspondieron a madres haitianas, aproximadamente el 36 %.
El Estado debe conocer el costo real de la demanda sanitaria, educativa y social, planificar sus recursos y evitar que las limitaciones presupuestarias terminen perjudicando tanto a los dominicanos como a las personas que necesitan asistencia.
La preocupación por las consecuencias demográficas de una migración masiva también es legítima. La soberanía no consiste únicamente en poseer un territorio delimitado: implica la capacidad efectiva de controlar las fronteras, aplicar las leyes y administrar los recursos públicos.
Basta con reconocer que una migración extraordinaria, sin planificación ni capacidad institucional suficiente, puede generar consecuencias profundas y duraderas.
Tampoco debemos confundir a los haitianos que buscan seguridad y oportunidades con quienes financian bandas criminales o participan en actividades ilícitas. Las responsabilidades deben establecerse individualmente y conforme a derecho.
La soberanía no se negocia
La República Dominicana debe mantener una posición humanitaria y respetar sus compromisos internacionales. Pero también tiene la obligación irrenunciable de proteger a sus ciudadanos, preservar la integridad de su territorio y garantizar la estabilidad de sus instituciones.
Ambos deberes son compatibles. El desafío consiste en cumplirlos sin sacrificar uno en nombre del otro.
Por ello, el Gobierno dominicano debe fortalecer la frontera, investigar las redes financieras del crimen organizado, elaborar un plan nacional de contingencia y exigir a la comunidad internacional compromisos concretos para financiar cualquier respuesta humanitaria extraordinaria.
Asimismo, debe promover una solución duradera para Haití, que permita recuperar la seguridad, reconstruir las instituciones y crear condiciones para que sus ciudadanos puedan vivir dignamente en su propio país.
La República Dominicana no puede desear que Haití se hunda en la violencia. Una crisis prolongada perjudica también nuestra economía, nuestra seguridad y nuestra estabilidad. Ayudar a nuestro vecino a recuperar la paz responde, por tanto, tanto a un principio humanitario como a nuestro propio interés nacional.
Pero una cosa es contribuir a resolver la crisis y otra muy distinta es aceptar que sus consecuencias recaigan indefinidamente sobre nuestro país.
No podemos esperar a que una eventual catástrofe nos encuentre sin planes, sin recursos y sin una posición internacional claramente definida.
La diplomacia debe anticiparse a los acontecimientos; la política debe reconocer los límites de la realidad, y el Estado debe prepararse para proteger a su población.
La República Dominicana puede ser solidaria sin ser irresponsable. Puede respetar los tratados internacionales sin renunciar a sus leyes. Puede tender una mano al pueblo haitiano sin olvidar las obligaciones que tiene con el suyo.
La solidaridad es un deber moral. El cumplimiento del derecho internacional es un compromiso jurídico. Y la protección de la soberanía constituye una responsabilidad irrenunciable del Estado dominicano.
Ayudar al vecino es un acto de humanidad. Preservar la República Dominicana es un deber histórico.
Compartir esta nota