El 16 de octubre, mientras el Consejo de Seguridad contaba los votos de su sexto sondeo para elegir a quien sucederá a António Guterres al frente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el embajador de Estados Unidos, Mike Waltz, dijo ante la prensa una frase que merece leerse dos veces. Lo importante, afirmó, es acertar, «no necesariamente en función de plazos u otras restricciones». Cuando se le preguntó si la decisión podría pasar del 1 de enero, respondió que su país preferiría cerrarla antes de que termine el mandato de Guterres. Preferir no es comprometerse.
Fue el primer sondeo con papeletas diferenciadas, que revelan si una candidatura enfrenta la oposición de algún miembro permanente, aunque no de cuál. Según los resultados que publicó PassBlue, aún no oficiales, Rebeca Grynspan obtuvo nueve alientos, cinco desalientos y un «sin opinión»; Rafael Grossi y Carolyn Rodrigues-Birkett, ocho, seis y uno. Grynspan alcanzó exactamente los nueve apoyos que exige una recomendación; le falta la otra mitad de la regla: que ninguna potencia se oponga. Las tres recibieron dos desalientos de miembros permanentes. Las papeletas no dicen de quiénes. Un diplomático, sí: los de Grynspan, afirmó, procedían de Estados Unidos y el Reino Unido.
Más atrás, Macky Sall, Olara Otunnu y María Fernanda Espinosa sumaron tres desalientos permanentes cada uno, e Ivonne A-Baki, que se decía respaldada por Washington, los cinco. Frente a las tres primeras, los permanentes no forman un bloque: están divididos. En 2016, el primer sondeo con colores dejó a Guterres sin un solo desaliento, y al día siguiente el Consejo lo recomendó. Esta vez, ninguna de las siete salió limpia. La pregunta deja de ser académica: ¿qué ocurriría si llega enero sin acuerdo?
Conviene evitar el alarmismo. Un desaliento no es todavía un veto: en la votación formal, una potencia puede abstenerse. En 1996, Francia se opuso a Kofi Annan en varios sondeos y levantó su objeción el 13 de diciembre, día en que el Consejo lo recomendó. En 1981, Javier Pérez de Cuéllar emergió también en diciembre, como candidato de compromiso tras semanas de vetos cruzados. Pero dos posibles vetos por candidatura obligan a mover dos capitales, no una, y una organización responsable prepara alternativas antes de necesitarlas.
El artículo 97 de la Carta de las Naciones Unidas establece que la Asamblea General nombra al secretario general a recomendación del Consejo. Un acuerdo entre las cinco potencias no basta: necesita apoyos de miembros electos y el nombramiento de la Asamblea.
Un informe de septiembre de la coalición de la sociedad civil 1 for 8 Billion, que promueve la elección de la primera secretaria general, examina las salidas. Elaborado por Fred Carver y Ben Donaldson por encargo de Plataforma CIPÓ, distingue tres problemas: nombrar a alguien, prolongar un mandato y garantizar continuidad administrativa.
La solución con menor incertidumbre jurídica sería un interino recomendado por el Consejo y nombrado por la Asamblea. Así ocurrió con U Thant en noviembre de 1961, tras la muerte de Dag Hammarskjöld. Pero también un interino necesita superar el veto: cambiar la duración del encargo no elimina las diferencias políticas.
Hay otro precedente útil: en 1966, ambos órganos prorrogaron brevemente el mandato de U Thant mientras resolvían su continuidad. Un mes después fue reelegido. La prórroga concertada funcionó como puente hacia un acuerdo, no como sustituto del procedimiento.
Más controvertida sería una extensión unilateral. En 1950, la Asamblea prolongó por tres años el mandato de Trygve Lie mediante la resolución 492 (V), sin nueva recomendación del Consejo. El bloque soviético desconoció aquella continuidad. La salida preservó el cargo, pero no aseguró su aceptación política.
Hoy existe un obstáculo adicional: la resolución 2580 (2021) del Consejo incluyó expresamente el 31 de diciembre de 2026 como término del mandato de Guterres. Los autores sostienen que la Asamblea conserva autoridad para modificarlo. Es una tesis argumentada, no una competencia indiscutida.
El escollo no es solo jurídico. La revista Al Majalla informó, citando documentos confidenciales, que Washington no quiere que Guterres permanezca después de diciembre. Recogió reservas rusas sobre el papel que la entonces presidencia de la Asamblea buscaba para ese órgano. Son indicios de resistencia política, no una resolución conjunta contra la prórroga.
Además, cualquier extensión necesita la cooperación del titular. La Asamblea puede discutir sus competencias; no puede presumir la disposición de Guterres a permanecer. Una solución jurídicamente defendible puede ser políticamente inviable.
Waltz añade una pieza. Si Al Majalla está en lo cierto, la potencia que se declara menos atada al calendario sería también la menos dispuesta a prolongar el mandato vigente. En toda negociación, quien menos prisa tiene fija el precio, y Washington acaba de decir que la prisa no le dictará la decisión. El 31 de diciembre presiona menos a quien tiene el veto que a todos los demás. El puente de 1966 pierde viabilidad; la vía de 1961, un interino pactado entre las potencias, gana terreno.
La Vicesecretaría General tampoco ofrece una sucesión automática. La resolución 52/12 B le permite suplir ausencias, pero dispone que su mandato no exceda el del secretario general. Cubrir una ausencia durante un mandato vigente no equivale a heredar un cargo cuyo período ha terminado.
El informe propone combinar una prórroga breve, la extensión del mandato de la vicesecretaria y una posterior renuncia de Guterres, para que ella asuma interinamente. La fórmula requiere cooperación y una interpretación jurídica que podría impugnarse. No es una cadena sucesoria establecida ni una decisión adoptada.
Nombrar directamente a otra persona desde la Asamblea sería todavía más discutible. El informe invoca precedentes fundacionales, pero reconoce el obstáculo del artículo 97. En 1950, la Corte Internacional de Justicia sostuvo que la Asamblea no podía admitir Estados sin recomendación del Consejo. Aquella opinión consultiva no resuelve esta sucesión, aunque dificulta justificar que se omita ese paso.
Si fracasan esas alternativas, persistiría la necesidad de administrar la ONU. Richard Gowan, del International Crisis Group, mencionó en Devex una posible continuidad mediante la Asesoría Jurídica. Es una hipótesis atribuida, no una norma oficial de sucesión.
La diferencia importa: sostener operaciones no equivale a disponer de autoridad incontrovertida para ejercer las funciones del secretario general. Una conducción cuestionada podría mantener oficinas abiertas mientras debilita la representación, la mediación y la responsabilidad institucional.
La resolución 79/327 prevé iniciar una selección acelerada ante una interrupción imprevista del mandato. No regula expresamente su vencimiento ordinario sin sucesor. Esa distinción explica por qué hacen falta orientaciones jurídicas previas, no interpretaciones improvisadas durante la última noche del año.
Existe, además, otro riesgo: que la urgencia sirva para imponer una candidatura tardía sin escrutinio suficiente. Waltz no cerró esa puerta, y el sondeo la ensanchó. Presentar más candidaturas, dijo, es un derecho soberano de los Estados. Y no desmintió el reportaje de Politico según el cual Washington no respalda a ninguna: lo despachó como otra nota de fuentes anónimas.
El interinato puede comprar tiempo; también podría convertirse en un atajo para devolver la selección a los acuerdos reservados que las reformas buscaron limitar. Continuidad y transparencia deben protegerse juntas.
La región también queda interpelada. Waltz dijo que Washington «entiende» el deseo de rotación regional y acogería a una mujer si fuera la mejor candidata, pero que solo busca «al mejor»: alguien que devuelva la ONU a lo básico, a la paz y la seguridad, y la ponga «a dieta». El turno regional y la primera secretaria general quedan así subordinados a un criterio que define quien tiene veto. Si ninguna de sus tres cartas supera los desalientos, el turno podría perderse ante una candidatura tardía de otra región. A la región le conviene defender también el procedimiento: es el terreno donde sus votos pesan.
Ese terreno ofrece un primer paso concreto. Sugiero que los países de América Latina y el Caribe promuevan que la presidencia de la Asamblea solicite a la Secretaría orientaciones jurídicas sobre los arreglos provisionales, antes de que diciembre convierta la duda en urgencia.
A mi juicio, cualquier arreglo debería precisar duración, facultades, rendición de cuentas y calendario para completar la selección. Defender una candidatura regional y exigir conducción legítima son responsabilidades compatibles. La segunda protege la credibilidad de la primera.
En julio escribí que la fumata aún no era blanca. En octubre, la pregunta es qué hará la ONU si sigue sin serlo cuando llegue enero. Prepararse para el desacuerdo no debilita al Consejo: le recuerda que bloquear una candidatura no exime de garantizar continuidad institucional.
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