Una justicia “eficiente” es aquella que, además de gestionar la productividad, resulta “efectiva” en la tutela de derechos. Lo cual exige repensar los criterios de evaluación judicial.
La mora judicial continúa siendo uno de los principales desafíos que enfrenta el Poder Judicial dominicano, tanto por sus implicaciones en la eficiencia institucional como por el impacto que genera en la confianza ciudadana. En respuesta a esta problemática, en los últimos años se han impulsado diversas estrategias orientadas a reducir los retrasos procesales y fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de justicia. Entre estas iniciativas destaca el Plan contra la Mora Judicial (diseñado originalmente en 2020 y actualizado en 2024), cuyo propósito es optimizar la gestión de los expedientes mediante la fijación de plazos razonables para la tramitación y fallo de los casos, así como mejorar la distribución de la carga de trabajo entre los tribunales. Asimismo, este plan constituye un paso importante en la modernización institucional, al incorporar una base de datos de criterios jurisprudenciales, destinada a promover la coherencia y uniformidad de las decisiones judiciales, además de facilitar la consulta y aplicación de precedentes.
Este enfoque ha reducido significativamente los niveles de mora judicial. De manera que, en este marco de avances institucionales, se abre una oportunidad valiosa para continuar fortaleciendo la gestión judicial mediante la incorporación de criterios que no solo midan la productividad, sino también la calidad de las decisiones jurisdiccionales. Actualmente, se priorizan los indicadores de carácter cuantitativo, lo cual, en la práctica, pudiera traer consecuencias en la coherencia y motivación de las sentencias.
El Índice de Congestión Judicial en las Américas (CEJA 2025) subraya que la República Dominicana presenta avances en la medición de desempeño a través de indicadores como la tasa de resolución y la tasa de congestión
Se atribuye a Séneca la expresión “nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía”, la cual mantiene plena vigencia. No obstante, conviene recordar que una justicia precipitada y deficiente en su fundamentación puede resultar aún más injusta que aquella que demora, pues la prisa en decidir no siempre se traduce en una decisión justa. Aunque la rapidez procesal es una de las principales aspiraciones institucionales, es preciso considerar que puede comprometer elementos esenciales como la debida motivación de las sentencias, generar decisiones contradictorias y, a su vez, debilitar la confianza en la función jurisdiccional.
Medir la eficiencia judicial únicamente a partir de los plazos en los que se dictan las decisiones genera un incentivo institucional inadecuado, pues conduce a los órganos jurisdiccionales a privilegiar la cantidad de sentencias emitidas por encima de la debida fundamentación jurídica. Este enfoque produce decisiones que, con frecuencia, terminan siendo revocadas por la Suprema Corte de Justicia o rectificadas por tribunales de apelación. De manera que un modelo complementado con parámetros cualitativos permitiría la emisión de decisiones mejor fundamentadas.
A la luz de lo anterior, más que mejorar el rendimiento institucional, este fenómeno puede generar percepciones distorsionadas de eficiencia y aumentar los costos de acceso a la justicia. Ello implica que las partes terminen invirtiendo más tiempo y recursos económicos en la interposición de procesos destinados a corregir errores en decisiones previamente emitidas. La justicia se convierte en un circuito interminable de apelaciones, prolongando los procesos judiciales indefinidamente.
En este escenario, resulta pertinente destacar que la labor de los jueces y de quienes integran el sistema judicial es compleja y exige sabiduría, equilibrio y sentido de responsabilidad. Ser juez es una de las labores más loables, pues implica tomar decisiones que impactan la vida, los derechos y las libertades de las personas, pues supone cargar sobre los hombros uno de los mayores honores y, a la vez, uno de los desafíos más exigentes que puede conferir el Estado. Por ello, más que una profesión, la judicatura es una vocación, al servicio de la dignidad de las personas. De manera que esa función jurisdiccional debe estar acompañada de métricas que permitan resaltar los logros alcanzados en las distintas instancias.
Para comprender el alcance de este planteamiento, debemos precisar que una decisión judicial sin la debida fundamentación o afectada por errores sustanciales vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y el debido proceso, consagrado en el artículo 69 de la Constitución. Este derecho implica que las sentencias sean motivadas jurídicamente y que sean congruentes con lo pedido y debatido. “Pues la obligación de fundamentar en derecho las sentencias no queda satisfecha con la mera declaración de voluntad del juzgador en un sentido o en otro, sino que se requiere una exposición más o menos detallada de la argumentación que sirve de fundamento al dispositivo” (Jorge Prats, 2024). Además, exige que lo fallado sea congruente con lo solicitado por las partes.
El Índice de Congestión Judicial en las Américas (CEJA 2025) subraya que la República Dominicana presenta avances en la medición de desempeño a través de indicadores como la tasa de resolución y la tasa de congestión. No obstante, resulta indispensable que se incorporen otros mecanismos, tales como la cantidad de sentencias revocadas o anuladas por instancias superiores, así como aquellas que son rectificadas por errores de forma o de motivación. Pues tales datos ofrecen una visión más precisa sobre la calidad con que se ejerce la función jurisdiccional.
De igual modo, la mejora en la gestión del desempeño judicial debe complementarse con el fortalecimiento de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, lo cual contribuiría a reducir la judicialización excesiva de controversias y, con ello, la carga que actualmente impacta los tiempos y la capacidad de respuesta del sistema de justicia.
Solo mediante la incorporación de estos indicadores propuestos podrá avanzarse hacia una evaluación integral de la eficiencia del sistema judicial, asegurando que la justicia combine la implementación de tiempos razonables con mayor solidez en la fundamentación jurídica. Lo cual, en última instancia, se traduce en la protección de los derechos fundamentales.
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