Una mañana de octubre de 2022, previo a la reunión del jurado evaluador del Premio Nacional de Periodismo Turístico Epifanio Lantigua (PEL), en un salón de las oficinas del Grupo Punta Cana en el centro del Distrito Nacional, le pregunté al gerente Simón Suárez si la poderosa cadena turística internacional ideada por el dominicano Frank Rainieri tenía planes de inversión en la construcción del destino Cabo Rojo anunciado por el presidente Luis Abinader.
El gentil Simón, con su voz de trueno educada, fue cauteloso.
Antes de responder, contextualizó el largo proceso de construcción y consolidación de Punta Cana, desde el terreno agreste, el primer hotel en los años 70 y el vibrante aeropuerto con el mismo nombre, en la provincia La Altagracia, extremo sureste del territorio nacional (casi 200 kilómetros distante de la capital), hasta la más reciente iniciativa de inversión con matiz experimental: la casa club en Punta Arena, municipio Baní, provincia Peravia, 57 kilómetros al suroeste de la capital.
En tono diplomático dijo que el turismo en Pedernales representa un gran desafío a largo plazo porque –puntualizó- ha comenzado de cero, sin la infraestructura básica de servicios imprescindibles para atraer a los inversores privados.
La noche del 22 de octubre de 2024, minutos antes del inicio del acto de entrega de los galardones de la XX edición del PEL, en un salón del hotel Sheraton, le hice la misma pregunta al joven Jorge Subero, vicepresidente ejecutivo de la otra poderosa cadena Cap Cana, competencia de Punta Cana, en la provincia oriental.
Sentado a mi lado, a la mesa principal, en medio del bullicio, fue breve y cortante: “No, no estamos en eso; con las cinco mil habitaciones que tenemos allá, en Cap Cana, es suficiente, eso es una ciudad”.
La actual gestión que preside Abinader se ha embarcado en ejecutar el proyecto de desarrollo turístico de Pedernales, tras la recuperación por el Estado de los terrenos con vocación turística durante una lucha judicial que comenzó en el primer cuatrienio presidencial de Leonel Fernández (1996-2000), a través de funcionarios como Wilton Guerrero, Picky Lora y Abel Rodríguez del Orbe, y finiquitó en 2018 con la presidencia de Danilo Medina.
Desde la presentación y primera palada, el 26 de mayo de 2022, las autoridades buscaban un socio estratégico nacional o internacional que contribuyera a la sostenibilidad de la iniciativa oficial. Y llamaron a licitación.
En la Feria Internacional de Turismo (Fitur-2023) realizada en Madrid, España, el entonces director de la Dirección General de Alianza Público Privada, Sigmund Freund, ahora ministro de Administración Pública y director ejecutivo del fideicomiso Pro Pedernales, informó que el socio estratégico debería aportar al menos 570 millones de dólares durante los próximos cuatro años en que se construirán siete hoteles de los nueve planeados, el aeropuerto y las áreas comerciales.
Freund enfatizó que esperaban seleccionarlo ese mismo año para que el dinero comenzara a fluir
El plan contempla 12,000 habitaciones en edificios de cuatro pisos, aeropuerto, puerto, infraestructura básica y otras, atractivos. La inversión estimada al término es de US$2,245 millones.
Mientras, con cargo al erario, el Gobierno ha levantado ya hoteles (dos a término), vías de acceso, infraestructura sanitaria y acueducto, instalaciones eléctricas; avanza con el aeropuerto internacional y reconstruye a paso de jicotea desde hace cuatro años la carretera Enriquillo-Pedernales (74 kilómetros); ITM Group/Taíno Bay han readecuado el muelle (1957) hasta convertirlo en terminal turística.
Este lunes 9 de junio de 2025, los pedernalenses (y el país) se han despertado con el anuncio del comité administrador del fideicomiso Pro Pedernales sobre la determinación de adjudicación al Consorcio Cabo Rojo, que lidera Grupo Punta Cana, como “socio estratégico minoritario” para la operación y mantenimiento del complejo.
Según Freund, la adjudicación resulta tras una profunda evaluación técnica del proceso competitivo nacional e internacional de referencia FID-SE-0001”.
Líderes empresariales dominicanos y extranjeros, incluyendo al pionero del turismo del este Frank Rainieri, asistieron a los actos de presentación y puesta en marcha del proyecto de desarrollo turístico en Cabo Rojo.
Hoy tenemos un hecho concreto: el Grupo Punta Cana, con hogar principal en el extremo sureste del territorio nacional, no agota su proceso de expansión en Punta Arena, Baní, en el suroeste central. Su área de influencia se extiende hasta el otro extremo, Cabo Rojo, Pedernales (495 kilómetros), donde hallará una buena plataforma construido por el Gobierno.
Me ha comentado este lunes, Simón: “Estamos asimilando el reto”.
Y sí, hay desafíos serios.
En el este, el emprendedor Rainieri comenzó desde cero, desbrozando guasábaras y cambrones en un lugar rocoso, hasta levantar una ciudad grande de lujo donde predomina el “all inclusive”.
En la provincia Pedernales hallará un gran potencial ecoturístico con dos parques nacionales de interés científico como atractivos, hoyo de Pelempito, cenotes, playas siniguales y, se supone, un plan maestro con un proyecto ejecución, orientado –han dicho las autoridades- al turismo sostenible no masivo, todo en terreno estatal (48 millones de metros cuadrados). O sea, una nueva experiencia en la que deberá garantizar el prestigio internacional de su marca. Está por verse.
Entretanto, con la escogencia los pedernalenses esperan que la eficaz diligencia oficial para desarrollar Cabo Rojo se transfiera a los municipios Pedernales y Oviedo, hasta convertirlos en modelos de desarrollo integral con bienestar general, en “una tacita de oro”. El desbalance hasta ahora es abismal y vergonzante.
La “tacita de oro” que prometió Fernández (1996-2000) durante el primer Diálogo con el Presidente (con directores de medios, yo como director de Radio Mil Informando), difundido en vivo por Tele-Antillas en 1997.
Año en que tal vez él desconocía la dimensión sideral del caso Bahía de las Águilas sobre el hurto de 362 millones de metros cuadrados de terrenos estatales con vocación turística (Parcela 215-A), perpetrado desde 1992 por funcionarios balagueristas, empresarios y otros políticos, incluidos de oposición.
Cabo Rojo con Bahía de las Águilas y entorno, ahora epicentro del desarrollo turístico, eran parte del robo del siglo.
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