En mis últimos artículos he comentado que la República Dominicana ha experimentado un sólido crecimiento económico en los últimos años. Sin embargo, persisten fuertes demandas sociales, presiones fiscales y desafíos estructurales de sostenibilidad. El gran reto que tenemos es modernizar la infraestructura pública sin comprometer la eficiencia ni la equidad. Para lograrlo, no basta con aumentar la inversión: es necesario transformar la forma en que gobernamos y gestionamos los proyectos públicos y público-privados. Para mí, la respuesta está en un modelo más abierto, inclusivo y estratégico: la gobernabilidad colaborativa.
Este enfoque promueve la coordinación efectiva entre el sector público, privado, la sociedad civil y las comunidades locales para la toma de decisiones estratégicas en proyectos de infraestructura. A través de mecanismos de corresponsabilidad, transparencia, participación y diálogo continuo, se construye confianza entre los actores involucrados (stakeholders) y se fortalecen las condiciones para ejecutar obras con mayor legitimidad y sostenibilidad.
En un contexto donde la desconfianza ciudadana crece –a veces por desinformación, otras veces por experiencias fundadas–, se vuelve indispensable abrir espacios de cocreación que involucren a las comunidades desde las fases tempranas de planificación. Este principio es especialmente relevante en proyectos con impacto ambiental, economico, social, como ocurre frecuentemente en la infraestructura pública. La cocreación en la toma de decisiones por los diversos stakeholders, así como en las soluciones novedosas y adaptables son necesarias para generar legitimidad e innovación, tomando en consideración los retos existentes y los que se vienen como todo el tema de la movilidad sostenible (terrestre y aérea), tecnología y su vinculación con la inteligencia artificial.
La gobernabilidad colaborativa no implica debilitar la autoridad estatal, sino reconfigurarla para que sea más inteligente, integradora y orientada al bien común. Esto exige procesos confiables, decisiones basadas en evidencia, capacidades institucionales sólidas y un marco normativo que facilite la articulación entre los stakeholders. Invertir en buena gobernanza no es un lujo: es una condición necesaria para que la infraestructura sea efectiva, eficiente, de calidad y no profundice desigualdades.
Los desafíos son muchos. Uno de los más urgentes es fortalecer las capacidades de los gobiernos municipales, que juegan un rol cada vez más relevante en la ejecución de obras públicas. Desde hace tiempo he sostenido que es imperante repensar sus competencias, incluyendo una revisión del marco constitucional. Sin una municipalidad funcional adecuada y ajustada a la realidad dominicana, cualquier esfuerzo de gobernabilidad colaborativa queda limitado, siendo este un gran obstáculo a superar.
A ello se suman otros como la fragmentación institucional dentro de la Administración Central y más aún cuando se trata de la Administración Local, la falta de planificación basada en datos, la debilidad en la evaluación costo-beneficio de los proyectos y el riesgo de procesos de contratación pública opacos o vulnerables al riesgo de corrupción. Además, persisten importantes brechas técnicas para supervisar concesiones y alianzas público-privadas (APP), lo que con frecuencia deriva en sobrecostos, litigios, retrasos que se traducen a infraestructura o servicios públicos ineficientes o inaccesibles para la ciudadanía.
La buena gobernabilidad en infraestructura pública implica adoptar un conjunto de principios que aseguren que los proyectos responden a necesidades reales de la población, que sean financieramente sostenibles, que sean ejecutados con eficiencia, transparencia y equidad, y que generen valor público a largo plazo, por mencionar algunos. Sin una gobernabilidad colaborativa efectiva cumplir esos objetivos se hace casi una quimera.
La experiencia reciente demuestra que es posible trabajar de manera colaborativa. Así se evidenció durante la crisis de la COVID-19 y la posterior recuperación del sector turismo. En ambos casos, la coordinación público-privada fue clave para superar momentos críticos. Este aprendizajevdebe servir de base para institucionalizar una gobernabilidad más abierta, estructurada y centrada en la persona.
Hay que avanzar hacia una gobernabilidad más colaborativa, enfocándose en que los proyectos sean debidamente planificados estratégicamente y con una incidencia multisectorial, tomando en consideración una visión de desarrollo nacional y sostenible. La transparencia y acceso a la información general es fundamental. Se tiene que aprovechar la tecnología y plataformas de datos abiertos que permitan el monitoreo ciudadano. La rendición de cuentas o “accountability” debe ser efectiva y real, a través de órganos independientes y técnicos de fiscalización.
La participación ciudadana informada a través de consultas previas con las comunidades que interactuarían con el proyecto, incluyendo una gestión del ciclo completo del proyecto fortaleciendo la evaluación sistemática mediante indicadores clave de desempeño (KPIs). Estas informaciones son fundamentales para interpretar datos disponibles, trazar objetivos y evaluar el cumplimiento de las metas que se trazaron al realizar la infraestructura.
La infraestructura pública del siglo XXI no puede limitarse al cemento y acero. No basta con adjudicar un proyecto. La gobernanza debe iniciar desde el diseño y continuar hasta su operación, mantenimiento, incluyendo renegociaciones contractuales que definitivamente se producirán en un contrato de larga duración, hasta la eventual reversión. Los proyectos de infraestructura no solo deben enforcarse en buena construcción, sino que deben gobernarse mejor. La gobernabilidad colaborativa ofrece a la República Dominicana una vía posible y deseable para asegurar proyectos más eficientes, legítimos y sostenibles, integrando capacidades públicas, privadas y sociales al servicio del bien común. Creo firmemente que, si se institucionaliza como práctica estándar, al menos para los proyectos de infraestructura pública, concesiones o APPs podría ser el inicio de una nueva generación de infraestructura pública con visión de país, resiliencia institucional, efectiva y poniendo a la persona en el centro.
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