El giro proteccionista de los Estados Unidos ha sido examinado en las cuatro entregas previas, en las que se analizaron sus incidencias y desafíos a la política industrial de la República Dominicana. Esta última parte funciona como corolario y síntesis de proposiciones contenidas en esos artículos, recogiendo las ideas centrales, reforzando los mensajes clave e incorporando información ilustrativa para dimensionar mejor los retos y oportunidades en el contexto actual del neoproteccionismo selectivo estadounidense. Como en las entregas anteriores, la comparación con Costa Rica y las lecciones extraídas de su experiencia constituyen un eje transversal que ilustra la reflexión.
La dependencia estructural de EE.UU.: un reto pendiente
Históricamente, la economía dominicana ha estado altamente vinculada al mercado estadounidense. Una expresión de esta dependencia es que, en 2024, más del 53% de las exportaciones totales —las nacionales, entre 15-20%; las de zonas francas (ZF), alrededor de 73%)— se dirigieron hacia ese destino. Desde la Iniciativa para la Cuenca del Caribe (CBI) en los años ochenta hasta el DR-CAFTA en 2007, el país se amparó en un marco preferencial que, si bien, sostuvo su competitividad externa y afianzó su inserción, también fomentó una dependencia que limitó el esfuerzo por elevar la productividad y desarrollar una competitividad propia. El acceso preferencial no fue aprovechado como oportunidad para transformar la estructura productiva, que continuó concentrada en textiles, cigarros, confecciones y ensamblajes de bajo valor agregado.
Un ejemplo ilustrativo es la industria textil, que durante los años noventa alcanzó a representar más del 40% de las exportaciones de zonas francas. Con la eliminación del Acuerdo Multifibras en 2005 y la creciente competencia asiática, muchas empresas cerraron o redujeron operaciones, mostrando la vulnerabilidad de un modelo basado en ventajas fiscales y en bajos costos laborales.
En cambio, Costa Rica, aunque dependiente también de Estados Unidos, logró un salto cualitativo. Desde la llegada de Intel en 1997, el país consolidó un perfil exportador en dispositivos médicos, electrónicos y servicios de alta tecnología. Hoy, cerca del 30% de sus exportaciones corresponden al sector de dispositivos médicos, mientras que en República Dominicana esa proporción sigue dominada por bienes de bajo valor agregado.
El límite del modelo de zonas francas
En 2024 las ZF dominicanas albergaban 843 empresas en 94 parques industriales, generaban unos 200 mil empleos y exportaban $ 8, 607 millones de dólares —casi dos tercios de las exportaciones del país— frente a los $ 3, 997 millones de dólares que se vendieron fuera de este régimen. Cerca del 73 % de esas ventas fueron a Estados Unidos, aportando divisas y convirtiéndolas en un pilar de la balanza de pagos.
Pese a su peso macroeconómico, las ZF operan como enclaves aislados de la economía nacional, con pocos vínculos a proveedores locales. La falta de una estrategia integral limita su efecto multiplicador: a diferencia de Costa Rica, que combinó el régimen con programas de formación, apoyo universitario e infraestructura tecnológica y creó clústeres alrededor de multinacionales de dispositivos médicos, muchas empresas dominicanas siguen sin generar encadenamientos productivos. Convertir estos enclaves en polos de innovación —con mayor transferencia tecnológica y desarrollo local— es un reto pendiente; la experiencia costarricense demuestra que invertir en habilidades, proveedores y capacidad de I+D marca la diferencia.
Como instrumento, las zonas francas son valiosas, pero no suficientes. Por sí solas no garantizan la transformación productiva del país ni la construcción de encadenamientos duraderos. El reto de la República Dominicana no está en renunciar a ellas, sino en trascenderlas: en convertir su experiencia en una plataforma que impulse sectores nacionales, diversifique la economía y siente las bases de una política industrial integral y sostenida en el tiempo.
El giro proteccionista del orden global
En un contexto de tensiones geopolíticas y rivalidad tecnológica con China, Estados Unidos ha adoptado un giro proteccionista. La aprobación en 2022 de la Inflation Reduction Act, orientada a la transición energética y la producción limpia, y de la CHIPS Act, destinada a reindustrializar el país fortaleciendo la fabricación local de semiconductores, marcó el regreso de una política industrial activa con subsidios a sectores estratégicos. Estos instrumentos dejan atrás el dogma neoliberal de los años ochenta según el cual “la mejor política industrial era no tener ninguna” y simbolizan la recuperación explícita de la intervención estatal en sectores clave. Los nuevos viejos tiempos están de vuelta.
El resurgimiento del proteccionismo no es un fenómeno coyuntural, sino una señal de que la globalización abierta de décadas pasadas ha entrado en revisión. Estados Unidos y Europa están redibujando sus reglas de juego, priorizando cadenas de suministro más seguras y sectores estratégicos. Para países pequeños y abiertos como la República Dominicana, esta dinámica plantea un doble desafío: adaptarse a un mundo donde el libre comercio ya no es absoluto y, al mismo tiempo, construir capacidades productivas propias para no quedar rezagados.
En este nuevo orden, depender únicamente de preferencias externas o de ventajas pasajeras resulta insuficiente. La verdadera lección es que la inserción internacional debe estar acompañada por una política industrial nacional sólida, capaz de resistir los vaivenes del proteccionismo global y de sostener un desarrollo de largo plazo.
Retos internos para una política industrial sostenible
Más allá de los factores externos, la República Dominicana enfrenta desafíos internos que condicionan su capacidad de adaptación. La productividad laboral sigue siendo baja en comparación con otros países de la región, y la inversión en investigación y desarrollo no supera el 0.1 % del PIB, muy por debajo del promedio latinoamericano (alrededor de 0.62%; Costa Rica, entre 0.27% y 0.34%). A esto se suma la necesidad de mejorar la infraestructura logística, donde los costos de transporte interno y de electricidad encarecen las exportaciones. Además, la falta de un sistema educativo técnico robusto limita seriamente la disponibilidad de capital humano calificado, mientras que la informalidad laboral supera el 55% de la fuerza de trabajo.
En la coyuntura del neoproteccionismo estadounidense, lo que nos trajo hasta aquí no nos llevará más lejos: RDOM precisa una reforma estructural de su política industrial que deje de administrar incentivos inerciales y pase a premiar productividad, innovación y encadenamientos productivos locales. Esto exige una estrategia integral que combine: i) Educación y formación técnica alineada a sectores dinámicos; ii) Infraestructura moderna de puertos, carreteras y energía confiable y competitiva; iii) Políticas de I+D y adaptación tecnológica que inserten a las pymes en cadenas globales de valor; y fortalecimiento y iv) Fortalecimiento institucional, que garantice reglas de juego claras, evaluación de resultados y rendición de cuentas. A diferencia de Costa Rica, que sí hizo la tarea, y hoy exhibe mayor resiliencia, en RDOM, el Estado y el sector industrial han postergado decisiones clave; en que, la política industrial se ha limitado en gran medida a gestionar unos sistemas de incentivos cuya implementación resiste a duras penas una evaluación sincera de los resultados.
En estos términos, en RDOM urge rediseñar los sistemas de incentivos tanto en ZF como en la industria local —orientándolos a la inversión, capacitación, exportación de mayor contenido tecnológico y compras públicas inteligentes— para transformar el modelo y comenzar a superar, de manera sostenible y estructural, el rezago industrial que ha generado un rezago competitivo que sigue condicionando la capacidad del país para integrarse con resiliencia en el comercio global.
Enfrentar estos retos no es tarea exclusiva del Estado ni del sector privado-empresarial: requiere un compromiso conjunto. Sólo con una política industrial en la que gobierno y sector empresarial-industrial asuman responsabilidades compartidas y coordinen acciones estratégicas, la República Dominicana podrá dar el salto hacia un desarrollo competitivo y sostenible.
Lecciones de Costa Rica para República Dominicana
El contrapunto entre Costa Rica y República Dominicana evidencia con nitidez la brecha en la diversificación hacia sectores de alta tecnología. Según datos internacionales, en 2023 Costa Rica logró que alrededor del 15 % de sus exportaciones provinieran de sectores de alta tecnología, frente a apenas 3–4 % en República Dominicana. Bajo definiciones nacionales, la diferencia se amplía: los dispositivos médicos representaron en 2024 cerca del 44 % de las exportaciones costarricenses, mientras que en la República Dominicana el peso relativo de manufacturas más sofisticadas difícilmente supera el 10%-15%.
La lección es inequívoca: Costa Rica no solo atrajo inversión extranjera, sino que la articuló con una estrategia nacional de largo plazo, apoyada en educación pública de calidad, estabilidad institucional e impulso a la innovación, logrando consolidar un sector de alta tecnología robusto y resiliente.
Para la República Dominicana, el desafío es asumir que sus ventajas estratégicas —mercado interno más amplio, ubicación privilegiada en el Caribe y dinamismo demográfico— solo se traducirán en mayor competitividad si se convierten en parte de una política industrial integral, orientada a elevar el valor agregado, fortalecer los encadenamientos productivos y apostar decididamente por la innovación. De no hacerlo, estas ventajas seguirán desaprovechadas y perderán fuerza; de hacerlo, podrían convertirse en la base de un desarrollo industrial más diversificado y sostenible.
La lección costarricense es clara: sólo la coordinación estrecha ente Estado y sector empresarial puede sostener una política industrial efectiva. República Dominicana debe asumir este compromiso conjunto si quiere transformar su potencial en resultados de desarrollo productivo tangibles.
Conclusión: una reforma industrial impostergable
El giro proteccionista de Estados Unidos confirma que los países pequeños no pueden depender indefinidamente de ventajas externas. Para República Dominicana, la conclusión es clara: debe transformar la ventaja inicial de las zonas francas en una plataforma de innovación, diversificación y valor agregado.
El país precisa una visión de largo plazo, basada en conocimiento e institucionalidad, que le permita resistir los cambios del entorno global. La experiencia de Costa Rica demuestra que es posible reconvertirse y ganar resiliencia frente al neoproteccionismo.
El futuro dominicano dependerá de su capacidad para dar este salto. El proteccionismo estadounidense puede verse como amenaza, pero también como oportunidad: el catalizador para la transformación productiva que el país ha postergado. Asumir este reto es imprescindible para insertarse dignamente en la economía global del siglo XXI.
Ha llegado la hora de que República Dominicana asuma con decisión la reforma de su política industrial. Solo una alianza estratégica entre Estado y sector empresarial permitirá traducir el potencial productivo en un desarrollo competitivo y sostenible.
No hay de otra: o se hace así, o nos acabará de dejar la guagua.
Compartir esta nota