La seguridad ciudadana es una de las preocupaciones centrales de la sociedad dominicana. Asumirla desde una mirada de prevención pasa por cambiar radicalmente el enfoque. Precisamente de eso es lo que tratamos en la experiencia que esta vez presentamos. Es una mirada que prioriza la coordinación interinstitucional, el trabajo desde lo local, la participación ciudadana, entre otros.
Con ese propósito, ACENTO con el propósito de seguir abriendo espacios para conocer y compartir buenas prácticas institucionales, presenta la experiencia de la Mesa de Seguridad, Ciudadanía y Género: experiencia de prevención integral, coordinada y participativa
A partir de 2004, la República Dominicana enfrentaba un deterioro de la seguridad ciudadana. Aumentaban la violencia, la delincuencia, el narcotráfico, la violencia intrafamiliar y contra las mujeres, los accidentes viales y los daños provocados por fenómenos naturales. La crisis económica agravaba el panorama al elevar la pobreza, la desigualdad y las dificultades del sector productivo. La inseguridad se convirtió en una preocupación central, mientras las instituciones públicas tenían problemas para responder de forma firme, integral y coordinada.
Los diagnósticos realizados en distintos barrios mostraban robos y atracos con armas de fuego, arrebatos de motocicletas, celulares y joyas, asaltos a viviendas, violaciones, violencia doméstica, prostitución, contaminación ambiental y enfrentamientos entre bandas. También creció la violencia contra las mujeres, incluidos los feminicidios. Por eso, la perspectiva de género pasó a ser esencial en las políticas de prevención y seguridad.
Ante esta realidad, varios actores impulsaron respuestas. La Ley 176-07 otorgó a los gobiernos locales nuevas competencias relacionadas con la seguridad ciudadana. La Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU) promovió estrategias para fortalecer a los ayuntamientos. A la vez, organismos internacionales, instituciones del Gobierno central, organizaciones comunitarias y sectores productivos buscaron soluciones conjuntas.
Participaron el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Interior y Policía, la Procuraduría General de la República, el Consejo Nacional de Drogas, la Policía Nacional, otras entidades públicas y sociales, coordinadas por el Consejo Nacional de Reforma del Estado (CONARE). Este esfuerzo permitió crear contactos y mecanismos de coordinación entre el Gobierno central, los municipios, las organizaciones sociales y el sector productivo.
El proceso comenzó con seminarios y foros para diagnosticar la situación y discutir alternativas. Se identificaron tres obstáculos principales: la desconfianza ciudadana hacia las instituciones de seguridad, especialmente la Policía Nacional; la poca participación comunitaria en el diseño y ejecución de políticas preventivas; y la débil coordinación institucional. Luego, encuentros nacionales e internacionales ayudaron a comprender mejor las causas de la inseguridad y a revisar experiencias de prevención.
Después del diagnóstico, se decidió pasar a la acción. Se organizaron encuentros en seis regiones del país con tres propósitos: promover una visión integral de la prevención, explicar las competencias municipales previstas en la legislación y crear mecanismos de coordinación entre autoridades, comunidades, empresas y organizaciones sociales.
Aunque hubo un primer intento en La Romana, la experiencia se consolidó en 2011 en Boca Chica y Guayacanes. El liderazgo municipal fue decisivo. En Boca Chica, el alcalde Daniel Ozuna apoyó la creación de una Mesa Local de Seguridad, Ciudadanía y Género y promovió el diálogo entre empresarios, organizaciones comunitarias e instituciones públicas.
La experiencia comenzó con un taller. Allí, los participantes identificaron los problemas, analizaron sus causas y elaboraron un plan con metas concretas. Cada sector asumió responsabilidades. Los empresarios donaron 300 bombillas para mejorar el alumbrado público y chalecos identificadores para los motoconchistas. El ayuntamiento se comprometió a limpiar playas, reparar calles y reforzar el alumbrado. Interior y Policía gestionó acciones sobre accidentes en la autopista, ruido y horarios de venta de bebidas. Las organizaciones comunitarias sirvieron de enlace con los barrios mediante medios locales.
El plan inicial duró tres meses y cumplió cerca del 80 % de sus metas. Después se definieron nuevos objetivos y continuó la evaluación. La experiencia mostró que la coordinación entre instituciones, empresas y ciudadanía podía generar resultados visibles y fortalecer la prevención.
Los avances de Boca Chica ayudaron a legitimar la propuesta nacionalmente. Así, el Decreto 121-13 creó la Mesa Nacional de Seguridad, Ciudadanía y Género y las Mesas Locales. La norma incorporó al Gobierno central, los gobiernos intermedios y locales y la sociedad civil organizada. Su misión era impulsar políticas de prevención de la violencia y la criminalidad y promover la convivencia pacífica.
El Ministerio de Interior y Policía coordinó las mesas para facilitar la relación entre autoridades, organizaciones sociales, organismos internacionales, universidades y otros actores. Hasta 2020 se habían creado más de 20 mesas locales en distintos municipios, y la iniciativa continuó durante varias administraciones.
La metodología combinó motivación, concertación, identificación y priorización de problemas, recopilación de información, diagnósticos, líneas de base, seguimiento, evaluación y distribución de responsabilidades. La Mesa Nacional apoyaba las acciones que los actores locales no podían realizar solos.
El acompañamiento seguía tres criterios: responder a demandas locales, asegurar el protagonismo de las comunidades y evitar duplicar esfuerzos. También se procuraba conectar las mesas con otros programas de desarrollo municipal.
Entre los resultados destacan una política preventiva más integral, coordinada y participativa; mayor confianza entre los actores; más participación social y productiva; uso compartido de recursos; y fortalecimiento de la gobernanza democrática. Además, se impulsó la cooperación entre municipios, se incorporaron aportes empresariales y se establecieron mecanismos permanentes de seguimiento.
El proceso también enfrentó dificultades: cambios de autoridades, falta de continuidad, una cultura institucional reactiva, sectarismo político, organizaciones sociales débiles y protagonismos individuales.
Las lecciones son claras. Una política de este tipo necesita voluntad y compromiso compartidos. Para convertirse en política pública debe mostrar resultados sostenibles y construir alianzas. En el ámbito local, las alcaldías deben liderar y concertar sin discriminación política. El Gobierno central debe respaldar de manera efectiva, y la sociedad organizada debe participar con constancia y realismo.
La sostenibilidad depende de respetar los ritmos y capacidades locales, sin imponer metas externas. La Mesa Nacional debe apoyar, no reemplazar, el liderazgo municipal. El éxito requiere planes concretos, objetivos alcanzables, responsabilidades claras y evaluaciones periódicas. La experiencia confirma que la seguridad ciudadana mejora cuando Estado, comunidades y sector productivo comparten responsabilidades, coordinan esfuerzos y trabajan con una visión integral.
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