La República Dominicana ha experimentado un sólido crecimiento económico en la última década, pero arrastra una brecha estructural en materia de infraestructura pública, reflejada en déficits persistentes en movilidad urbana, saneamiento, energía, gestión de residuos y conectividad interurbana, por señalar algunos. Esta situación no solo compromete la competitividad del país, sino que limita su capacidad para generar bienestar ciudadano, cerrar desigualdades territoriales y avanzar hacia un desarrollo verdaderamente sostenible.
A pesar de las crecientes demandas, la inversión pública en infraestructura se ha estancado en los últimos años. Las restricciones fiscales y la rigidez del financiamiento público tradicional han reducido la capacidad del Estado para ejecutar proyectos de gran escala y largo plazo. En este contexto, los fondos especializados en infraestructura emergen como una alternativa estratégica y viable para movilizar capital privado hacia proyectos de alto impacto económico y social.
Ahora bien, ¿qué es un fondo de infraestructura? Se trata de vehículos de inversión colectiva que canalizan recursos de largo plazo —provenientes principalmente de fondos de pensiones, aseguradoras, bancos de desarrollo y otros inversionistas institucionales— hacia proyectos de infraestructura pública. A diferencia de otros mecanismos de financiación, estos fondos están diseñados para invertir en activos de maduración lenta y retornos estables, típicamente con horizontes de inversión superiores a 15 años, lo que los hace particularmente adecuados para iniciativas de infraestructura pública.
Los proyectos de infraestructura requieren financiamiento de deuda con características específicas: (i) alto volumen de fondos; (ii) plazos largos de vencimiento; (iii) capacidad para asumir riesgos comerciales y políticos; (iv) naturaleza relativamente ilíquida; (v) costos de financiamiento estables y, en algunos casos, indexados a la inflación. Estas condiciones difícilmente pueden ser cubiertas por el financiamiento bancario tradicional, basado en depósitos del público, lo cual genera una desalineación entre oferta financiera y necesidad de los proyectos de infraestructura. En cambio, los fondos de pensiones se ajustan naturalmente a estos requerimientos, salvo por su limitada tolerancia al riesgo político y comercial.
Esta complementariedad convierte a los fondos institucionales en socios financieros idóneos para la infraestructura pública, especialmente en su modalidad de deuda. En cuanto al financiamiento mediante capital (equity), la alineación con los fondos de pensiones es más limitada, por lo que esta vía no sería la más eficiente ni para los proyectos ni para los fondos institucionales.
La República Dominicana carece actualmente de un fondo especializado de esta naturaleza, por lo que una iniciativa en este sentido representaría una innovación financiera relevante, capaz de reactivar la inversión en infraestructura, actualmente rezagada.
Ante este panorama, propongo que se estructure y cree un Fondo Nacional de Infraestructura (FONAIN-RD) como vehículo público-privado orientado a financiar proyectos estratégicos en infraestructura en sectores prioritarios (movilidad urbana e interurbana, energía, agua, residuos, por mencionar algunos). Este fondo podría estar conformado por los fondos de pensiones, inversionistas institucionales especializados en infraestructura, fondos soberanos internacionales, así como aportaciones complementarias de banca multilateral y banca nacional.
No es discutido que nos hace falta infraestructura de calidad. El Estado dominicano no tiene la capacidad de financiar y ejecutar proyectos a la velocidad requerida por la economía y los ciudadanos, con lo cual la brecha existente se continuará ampliando. Aquí es donde los fondos de infraestructura deben jugar un rol protagónico. Los fondos de infraestructura no solo aportan capital. Su participación introduce disciplina en la gestión, gobernanza profesional, transparencia, y estándares internacionales de eficiencia e innovación. Estos elementos fortalecen la confianza entre los actores involucrados, reducen los riesgos de sobrecostos y retrasos, y mejoran la credibilidad general de los proyectos para sus usuarios. Desde la perspectiva de los inversionistas, los fondos permiten acceder a activos estables y con flujos predecibles, ideales para diversificar portafolios y protegerse frente a la inflación.
No obstante su potencial, la implementación de fondos de infraestructura enfrenta desafíos importantes: i) escasez de proyectos bien estructurados desde el sector público; ii) necesidad de mayor equilibrio en los esquemas de APP; iii) aspectos regulatorios en el mercado de valores y contratación pública; iv) debilidad institucional, especialmente en gobiernos locales; v) Riesgos políticos y falta de continuidad en las políticas de inversión.
Aun así, existen precedentes exitosos en América Latina (México, Colombia) y en economías desarrolladas como Canadá y Australia. Gestores globales de fondos de infraestructura como Global Infrastructure Partners, KKR y Brookfield, por mencionar algunos, han demostrado cómo el capital privado bien estructurado puede transformar la infraestructura pública.
La calidad de la infraestructura es un factor determinante para el desarrollo económico, la cohesión social y la resiliencia climática. La República Dominicana no puede continuar postergando inversiones críticas que afecten su competitividad. La infraestructura no es un gasto: es una inversión estratégica, y su financiamiento debe evolucionar en línea con los nuevos tiempos. Creo que la estructuración de un fondo especializado de infraestructura pública representa una oportunidad concreta para dinamizar el desarrollo. Si se logra alinear adecuadamente los intereses públicos, privados y sociales, será posible movilizar recursos, ejecutar proyectos transformadores y generar beneficios tangibles para toda la sociedad.
En fin, me comprometo a contribuir activamente para que, en los próximos tres años, la República Dominicana avance en la implementación de su primer fondo especializado en infraestructura pública. Esta herramienta representa una pieza clave en el rompecabezas del desarrollo sostenible. El momento de actuar es ahora. Es necesario transformar la manera en que concebimos, financiamos y operamos la infraestructura pública del siglo XXI, con un enfoque más inteligente, eficiente y comprometido con el desarrollo nacional.
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