Hay palabras que el poder elige con cuidado. Cuando la Policía Nacional informa que un ciudadano murió en un «intercambio de disparos», no solo describe un hecho, sino que lo justifica de antemano: si hubo intercambio, hubo agresión, y si hubo agresión, hubo defensa. La fórmula se ha repetido tantas veces en los últimos meses que ha dejado de ser una explicación para convertirse en un trámite: en septiembre, casi la mitad de los homicidios del país fueron registrados como «acción legal». Cambia el nombre de la víctima y el resto del parte permanece idéntico.
Conviene, sin embargo, tomarle la palabra a la Policía. Un intercambio supone reciprocidad: algo se da y algo se recibe. Y hay, en efecto, un intercambio en juego, aunque no es el que describen los partes policiales.
El intercambio verdadero
La razón de ser de una democracia constitucional es precisamente un intercambio. Los ciudadanos renunciamos a la venganza privada, entregamos al Estado el monopolio de la fuerza y toleramos restricciones razonables de nuestros derechos. A cambio, el Estado se obliga a garantizar esos derechos y a que, cuando alguno de nosotros sea acusado de un delito, la respuesta llegue por medio de la ley. Es decir, antes debe haber una investigación, una acusación, un juicio con todas las garantías y una sentencia. Además, en caso de culpabilidad, la pena aplicable debe estar prevista en la ley para el delito cometido. Ese es el pacto. El artículo 37 de la Constitución lo sella en su punto más alto cuando declara inviolable el derecho a la vida y dispone que en ningún caso podrá aplicarse la pena de muerte.
De este modo, cuando un agente ejecuta a un sospechoso desarmado, lo que se rompe no es solo una vida, sino el intercambio mismo. El Estado retiene la fuerza que le entregamos, pero se libera unilateralmente de la obligación que asumió al recibirla. Conserva el beneficio del pacto y se desentiende de su costo. Ningún contrato resiste esa lógica, y el contrato social tampoco.
La diferencia que se pierde
Asimismo, hay una consecuencia que suele pasarse por alto. ¿Qué distingue a un policía que dispara de un asesino que dispara? No es el arma, ni la puntería, ni siquiera la intención de acabar con un delincuente. Los sicarios también suelen elegir víctimas vinculadas al crimen. La diferencia no está en quien dispara, sino en el título con que lo hace. Lo único que justifica la coerción estatal es la vigencia del Estado de derecho y la superioridad ética que esa vigencia le confiere frente a quien se aparta de la ley: el Estado puede castigar al que infringe la norma precisamente porque él sí la respeta. Por eso el policía debe actuar conforme a normas que solo le permiten usar la fuerza como último recurso y con proporcionalidad, tal como exige la Ley núm. 590-16, Orgánica de la Policía Nacional. Cristóbal Rodríguez Gómez lo ha advertido en un reciente artículo: cuando el Estado adopta los métodos del crimen, sus agentes dejan de distinguirse de aquellos a quienes dicen combatir. Si se suprime la ley, la diferencia entre el agente y el criminal se reduce a un uniforme.
El argumento de lo que funciona
Frente a esto se alza un argumento que conviene tomar en serio, porque es el que convence a muchos: los delincuentes están armados, hay policías que mueren y la sociedad exige resultados. Es el argumento de lo que funciona, de la necesidad práctica, y pretende colocar estas muertes del lado de la realidad frente a la teoría.
Jürgen Habermas explicó que todo orden jurídico vive en una tensión entre facticidad y validez. Por una parte, el derecho es un hecho, porque se impone con la fuerza del Estado y se obedece aunque sea por temor a la sanción. Por otra parte, el derecho pretende validez, es decir, ser aceptable para todos los afectados como una norma justificada. Lo decisivo es que, para Habermas, ambas dimensiones son inseparables: la coerción del Estado solo es legítima mientras sea la fuerza del derecho.
En ese orden de ideas, quienes defienden los «intercambios» creen situarse del lado de la facticidad, del derecho duro pero eficaz. No obstante, una ejecución sin juicio ni siquiera es facticidad jurídica, porque ninguna norma la autoriza. Tampoco tiene validez, porque nadie podría aceptarla como justificada si supiera que mañana la víctima podría ser él o su hijo. Lo que queda es un hecho puro, una fuerza que existe pero que ha renunciado a valer: facticidad sin validez. Alberto Binder, que ha estudiado la política criminal en América Latina, lo plantea en términos similares cuando advierte que la violencia del Estado, aun siendo ilegal, termina por convertirse en una política. No estamos presenciando excesos aislados, sino una política de hecho.
El juicio como corrección del error
Hay, además, una razón para el juicio que quienes aplauden estas muertes olvidan. El proceso penal no existe para proteger a los culpables, sino porque el Estado puede equivocarse. Se investiga, se acusa, se celebra un juicio con posibilidad de contradicción y se recurre la sentencia porque la primera versión de los hechos —la policial— puede ser falsa, y los videos que circulan demuestran que con frecuencia es así. La ejecución suprime toda posibilidad de corregir el error. Un sistema que no admite rectificación no es un sistema de justicia, sino un sistema de azar armado.
El director de la Policía, frente a la querella que varios abogados presentaron en su contra, respondió que no hay condena sin pruebas. Tiene toda la razón. Pero esa garantía, que reclama con naturalidad para sí, es exactamente la que se les negó a quienes murieron en los «intercambios». La frase resume, mejor que cualquier teoría, la contradicción en que se ha instalado el Estado.
La seguridad que produce inseguridad
Así las cosas, la búsqueda de seguridad por estos medios conduce a su pérdida total. Cuando el Estado mata al margen del estado de derecho, el ciudadano pasa a temer dos amenazas: la del delincuente y la de quien debía protegerlo de él. Basta con parecer sospechoso, estar en el lugar equivocado o responder a un estereotipo que un agente asocie con el delito, lo que en nuestro argot popular se llama «porte ilegal de cara». La ley, que era la única protección del individuo frente al poder, ha sido sustituida por el criterio de quien porta el arma.
En definitiva, no es posible perseguir el crimen con el crimen sin incurrir en una contradicción fundamental del Estado de derecho. El Ministerio Público debe investigar cada muerte por acción policial, y no solo las que se vuelven virales. La información debe ser pública y no ampararse en reservas que nadie entiende. Una paz construida sobre ejecuciones no es paz, sino silencio. Un Estado que se conforma con ella habrá elegido la facticidad sin validez, es decir, habrá dejado de ser, en ese punto, un Estado de derecho.
Compartir esta nota