Las entregas que inician con este artículo se basan en el aprovechamiento del libro Ética pública y buen gobierno, de Manuel Villoria Mendieta y Agustín Izquierdo Sánchez, dos influyentes académicos e investigadores españoles, que abordan con profundidad el tema de la ética y la buena gobernanza.
Vivimos una época de tensiones crecientes, tanto en plano geopolítico, de inflación como de quiebres institucionales. El momento en que se presenta se caracteriza por exacerbación de conflictos geopolíticos, incumplimiento a acuerdos internacionales asumidos desde hace varias décadas. Se destacan los acuerdos que ocurrieron con el término de la Segunda Guerra Mundial (1945-1970), los del fin de la Guerra Fría en la década del 90 y los llamados de gobernanza global moderna: a) Acuerdo de París, b) Objetivos del Desarrollo Sostenible y c) los de coordinación del G20.
Además, es un momento de mayor desconfianza, incertidumbre, violaciones del derecho internacional, desplazamientos y violaciones de los derechos humanos, elevada deuda externa, búsqueda incesante por mayor rentabilidad de los grandes inversionistas y en general de mayor descontento social. Toda la situación internacional aumenta la falta de esperanza de la ciudadanía y a su vez, debido al escalamiento de los conflictos militares, se resiente la economía global, regional y nacional, así como la logística del comercio, la oferta de materia prima y una especie de efecto bicicleta, en una sociedad mundial donde se han deteriorado los valores humanos y políticos.
A partir de la obra de Manuel Villoria Mendieta y Agustín Izquierdo Sánchez, titulada Ética pública y buen gobierno, se puede construir una reflexión profunda sobre el papel que desempeñan los valores, las normas y la integridad en el funcionamiento del Estado y, por extensión, en el desempeño de la economía.
Previamente, es necesario aclarar que aunque este libro lo utilizo frecuentemente, junto a otros, en mis conferencias nacionales e internacionales, el propósito no es reproducir su contenido. Más bien, el propósito es hacer un esfuerzo de diálogo con sus principales planteamientos, los cuales podrían ser útiles para los que vivimos en la sociedad actual, no importa la generación. Al hacerlo buscamos interpretarlos y vincularlos con la realidad contemporánea, en especial para América Latina y la República Dominicana.
Empezamos reconociendo la relevancia de varios de sus aportes. Uno de ellos es que la ética es más que un conjunto de principios abstractos o aspiraciones morales. En este sentido los autores plantean que la ética constituye un componente esencial del sistema institucional. En otras palabras, la ética no es un "añadido" al Estado, sino parte de su estructura operativa.
Desde esta perspectiva, la economía no puede analizarse de manera aislada de la calidad ética de las instituciones. Aquí converge el planteamiento de Villoria e Izquierdo con la tradición institucionalista, particularmente con autores como Douglass North, quien sostenía que las instituciones reducen la incertidumbre en la interacción humana. La ética pública, en este sentido, actúa como un mecanismo que fortalece esa reducción de incertidumbre, generando confianza y previsibilidad.
El libro no destaca solo la corrupción como un problema personal. En este se describe el problema de las fallas del sistema de control, la regulación gubernamental y la cultura organizacional. Este enfoque es especialmente útil si queremos entender el fracaso de las reformas legales incluso antes de su inicio.
Las leyes no son suficientes, pero debemos establecer condiciones institucionales y culturales para facilitar el cumplimiento. Aquí es donde la ética pública se convierte en un asunto estratégico. Ha habido un claro impacto económico en esto. Un entorno de integridad reduce los costos de transacción, aumenta la eficiencia del gasto público y también genera confianza en las empresas desde la perspectiva pública. Por el contrario, la opacidad y la corrupción conducen a más riesgos, desalientan la inversión y limitan el potencial de crecimiento.
En el caso de República Dominicana se ha obtenido importantes progresos en el crecimiento económico. El desarrollo y la gobernanza no son simplemente cuestiones cuantificables, sino también asuntos morales. De hecho, si aprovechamos los aportes fundamentales de Villoria e Izquierdo en este tema nos ayudan a inferir que una buena gobernanza es mejor que una gobernanza administrativa. Si no se puede ser transparente y asumir la responsabilidad del proceso, los gobiernos no pueden hacer nada porque no puede hacerlo logrando la dignidad humana. Toda eficiencia que carece de una base ética puede, en el peor de los casos, servir como un aparato para consolidar prácticas injustificadas en un sistema que en lugar de enfrentar los males, lo que hace es que los interioriza.
Así que el desarrollo y, por lo tanto, la gobernanza no deberían ser solo cosas cuantitativas; también deberían ser un proceso dominado por la ética. Si no puedes actuar con transparencia y no puedes asumir la responsabilidad del proceso, el gobierno no es legítimo (incluso si es capaz de implementar tales políticas). La eficiencia sin una base ética puede entonces, en el peor de los casos, convertirse en un instrumento para consolidar prácticas inapropiadas.
En su libro Villoria e Izquierdo recalcan que un buen gobierno trasciende la simple eficiencia administrativa. Un buen gobierno se logra entre otras cosas cuando además de ser eficaz en la ejecución de políticas, no carece de legitimidad, al actuar de manera transparente, con justicia y responsabilidad incuestionable. Podemos ser eficientes, pero si carecemos de fundamentos éticos nos constituimos en instrumento que visibilizará las prácticas inadecuadas.
De lo anterior se infiere la comprensión del verdadero reto; esto es, la necesidad de establecer un modelo de gobernanza que integre capacidad técnica con la integridad. Esto implica reforzar los sistemas de rendición de cuentas, profesionalizar el servicio público y fomentar una cultura institucional fundamentada en valores. Esto aplica para todo tipo de institución pública, privada y mixta, y las instituciones educativas, donde formamos los seres humanos encargados de la transformación, tienen una responsabilidad incuestionable.
La lección del documento Ética pública y buen gobierno es clara: la ética no es un lujo o una idea abstracta, sino la base del sistema; ella es importante para que el sistema económico funcione y opere bien. Aquellos países que incorporan el concepto de ética en el núcleo de sus instituciones pueden avanzar en un mundo complejo y de generaciones que tienen nuevas creencias; vivimos en el mundo de la inteligencia artificial y de los conflictos geopolíticos, y a su vez, estamos asistiendo a una crisis en la sostenibilidad ética e institucional que históricamente ha permitido canalizar la naturaleza humana hacia el bien común.
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