Este artículo ya estaba escrito antes de la acción militar ocurrida en la madrugada de este sábado contra Venezuela y formaba parte de los textos que tenía previstos publicar más adelante. Sin embargo, frente a la intervención y a sus efectos inmediatos, me vi en la necesidad de incorporar algunos elementos que no estaban en la versión original. Su publicación en este momento responde a que los hechos recientes han terminado confirmando, de manera muy clara, varias de las dinámicas históricas que aquí se analizan. Lo ocurrido refuerza la necesidad de mirar el papel de Estados Unidos en el Caribe desde una perspectiva histórica y de reconocer la persistencia de ciertas formas de ejercicio del poder en la región.
La intervención militar abre la posibilidad de una escalada de violencia y de una crisis de mayor alcance en Venezuela, con consecuencias difíciles de prever tanto a nivel interno como regional. Más allá de las justificaciones coyunturales, vuelve a evidenciarse una concepción del orden internacional en la que una potencia asume un rol decisorio unilateral en asuntos que afectan directamente la soberanía de otros Estados.
Esta conducta se inscribe en una práctica histórica caracterizada por una aplicación selectiva de principios y valores, donde las alianzas y confrontaciones responden menos a criterios democráticos universales que a consideraciones estratégicas y económicas.
La historia del Caribe muestra que el control de los mares ha sido un factor central en la configuración del poder regional. A lo largo del tiempo han cambiado los actores, los discursos y los instrumentos, pero se mantiene una constante. El dominio de las rutas marítimas y de los recursos estratégicos asociados a ellas ha sido un elemento decisivo en la subordinación política y económica de los territorios caribeños. Lo que en la época colonial se expresó mediante corsarios y piratas con respaldo imperial, hoy adopta formas propias de la geopolítica contemporánea.
Entre los siglos XVI y XVIII, el corsarismo no constituyó una anomalía del sistema internacional, sino un mecanismo reconocido de competencia entre potencias europeas. Inglaterra, Francia y Holanda recurrieron a patentes de corso para debilitar el monopolio español sobre el comercio atlántico. Figuras como Francis Drake actuaron con legitimación estatal, atacando puertos y embarcaciones en el Caribe como parte de una estrategia económica y militar más amplia. El mar se convirtió así en un espacio de disputa permanente, donde la fuerza prevalecía sobre cualquier noción estable de legalidad.
Estados Unidos asumió progresivamente ese papel tras la guerra de 1898. Desde entonces, el Caribe pasó a ser considerado un espacio estratégico de interés prioritario. La incorporación de Puerto Rico, las intervenciones en Cuba, la separación de Panamá de Colombia y las ocupaciones militares en Haití y República Dominicana respondieron a una lógica común. Garantizar el control de las rutas marítimas y evitar la presencia de actores considerados hostiles en una región clave para el comercio y la seguridad estadounidense.
Esta lectura tiene un referente claro en el pensamiento histórico caribeño. Juan Bosch, en su obra De Cristóbal Colón a Fidel Castro. El Caribe, frontera imperial, sostuvo que la región no puede comprenderse como un conjunto de países desconectados, sino como un espacio estratégico permanentemente disputado por las grandes potencias. Para Bosch, el Caribe ha funcionado históricamente como una frontera imperial, donde el dominio del mar y de las rutas comerciales ha condicionado de manera decisiva la vida política y económica de sus pueblos. Desde esta perspectiva, las intervenciones, presiones y bloqueos no responden a hechos aislados, sino a una lógica estructural que se reactiva cada vez que una potencia considera amenazados sus intereses en la región.
En el siglo XXI, el caso de Venezuela se inserta en esta continuidad histórica. El endurecimiento de las sanciones económicas y energéticas, especialmente a partir de 2017, colocó al comercio petrolero venezolano en el centro de una disputa geopolítica. El petróleo, como recurso estratégico, adquiere un peso comparable al que tuvieron los metales preciosos durante la época colonial. El conflicto no se limita a la naturaleza del régimen político venezolano, sino que involucra directamente el control de flujos energéticos y rutas comerciales.
El espacio marítimo vuelve a desempeñar un papel fundamental. Diversos incidentes relacionados con buques vinculados al transporte de crudo venezolano, incluyendo retenciones, presiones diplomáticas y daños a embarcaciones, han puesto de relieve la vulnerabilidad del comercio marítimo frente a decisiones unilaterales de las grandes potencias. Operaciones navales de gran escala en el Caribe, justificadas oficialmente por razones de seguridad o lucha contra el narcotráfico, han coincidido temporalmente con momentos de máxima presión sobre el sector energético venezolano, lo que sugiere una interrelación entre ambos planos.
Los ataques y explosiones registrados en algunos buques petroleros asociados a Venezuela, aunque no siempre esclarecidos en términos de autoría, introducen un elemento adicional de preocupación. Más allá de la atribución directa de responsabilidades, estos hechos contribuyen a convertir el mar en un espacio de disuasión y presión política. El comercio marítimo deja de operar bajo reglas previsibles y se transforma en un instrumento indirecto de coerción.
Este tipo de prácticas guarda similitudes estructurales con el corsarismo histórico, aunque adaptadas a un contexto jurídico y tecnológico distinto. No se trata de ocupaciones territoriales formales, sino de restricciones que afectan la capacidad de un Estado para comerciar y acceder a sus propios recursos. La coerción no se ejerce de manera abierta, sino a través de mecanismos que combinan presión militar, sanciones económicas y control de rutas estratégicas.
La apelación a la defensa de la democracia y del orden internacional plantea serios interrogantes cuando se contrasta con la conducta global de Estados Unidos. La disposición a negociar o cooperar con gobiernos autoritarios aliados, mientras se sanciona o confronta a otros en función de su orientación política o de su grado de autonomía, revela una aplicación desigual de los principios que se invocan. Esta selectividad no es nueva y forma parte de una tradición de política exterior basada principalmente en intereses estratégicos. En ese marco, la conducta clásica de los Estados con capacidad hegemónica no ha sido la negociación entre iguales, sino la imposición de condiciones, especialmente cuando existe una marcada asimetría de poder.
Para los países del Caribe, este contexto supone un desafío significativo. La región queda expuesta a dinámicas de poder que trascienden sus propias agendas nacionales, mientras sus mares son utilizados como espacios de presión geopolítica. El debilitamiento del principio de soberanía marítima y la subordinación del derecho internacional a la correlación de fuerzas generan un precedente preocupante para Estados con capacidades limitadas de defensa.
Hablar de neocolonialismo en este marco no implica una consigna ideológica, sino una categoría analítica que permite identificar continuidades históricas en las formas de dominación. La piratería, entendida como apropiación forzada de recursos y control de rutas, no desapareció con el fin del orden colonial clásico. Se transformó y se integró a prácticas contemporáneas de poder. Mientras el control de los mares y de los recursos estratégicos continúe concentrado en pocas manos, el Caribe seguirá siendo un espacio particularmente sensible a estas dinámicas.
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