Durante años, la República Dominicana ha debatido su crecimiento económico alrededor de grandes sectores estratégicos como el turismo, la construcción, las zonas francas, la minería o las telecomunicaciones. Y ciertamente todos ellos han contribuido de manera importante al dinamismo económico nacional.
Sin embargo, existe una realidad silenciosa que muchas veces no ocupa los titulares económicos ni las grandes discusiones nacionales: el principal tejido económico, laboral y productivo del país son las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). Según distintas estimaciones y estudios del Banco Central y organismos especializados, las MIPYMES representan aproximadamente entre un 32% y un 38% del Producto Interno Bruto nacional y generan más de la mitad del empleo dominicano.
Es decir, las MIPYMES aportan más al empleo nacional que cualquier otro sector individualmente considerado y, probablemente, más al PIB que muchos de los sectores tradicionalmente identificados como prioritarios. Además, una gran parte de esos empleos son ocupados por trabajadores dominicanos, convirtiendo a las MIPYMES en uno de los principales sostenes económicos y sociales de las familias nacionales. Aun así, continúan enfrentando enormes barreras estructurales para crecer, formalizarse, capitalizarse y competir.
Ahí radica una de las mayores contradicciones del modelo económico dominicano. Mientras sectores como el turismo, las zonas francas o grandes proyectos de inversión cuentan con leyes especiales, incentivos, estructuras financieras diferenciadas y políticas de apoyo relativamente claras, miles de pequeños comerciantes, talleres, agroindustrias, emprendedores, colmados, productores agrícolas y empresas familiares sobreviven atrapados entre dificultades de acceso al crédito, altas tasas de interés, exigencias excesivas de garantías, cargas administrativas, anticipos tributarios, costos tecnológicos crecientes y un sistema financiero que muchas veces privilegia más el consumo que la producción.
Porque ese es el fondo real del problema.
La República Dominicana ha construido durante décadas una arquitectura financiera y tributaria que funciona razonablemente bien para financiar consumo, préstamos personales, vehículos, hipotecas e importaciones. Pero mucho menos eficiente para financiar producción, capital de trabajo, innovación, agroindustria, tecnología o expansión de pequeñas empresas.
No necesariamente por mala intención, sino porque gran parte de las normas prudenciales modernas derivadas de los acuerdos de Basilea fueron diseñadas para economías desarrolladas con estructuras empresariales mucho más capitalizadas y formalizadas que la dominicana.
Y ahí existe una diferencia fundamental: en economías desarrolladas, incentivar el consumo suele traducirse también en un incentivo a la producción nacional, debido a que gran parte de los bienes consumidos son fabricados internamente. Sin embargo, en economías como la dominicana, donde una parte importante de los bienes de consumo son importados, el incentivo excesivo al consumo muchas veces termina convirtiéndose en un incentivo indirecto a las importaciones más que a la producción nacional.
En consecuencia, el crédito productivo termina siendo tratado como un riesgo elevado. Y cuando el sistema financiero percibe alto riesgo, o las normas lo obligan a realizar mayores provisiones y reservas, presta menos, cobra más caro, exige más garantías o simplemente evita determinados sectores.
El resultado es evidente: muchas veces resulta más fácil conseguir financiamiento para comprar una jeepeta que para ampliar una pequeña fábrica. Más fácil obtener una tarjeta de crédito que capital de trabajo para producir. Y en ocasiones, más rentable mantenerse informal que asumir todos los costos de formalizarse.
Ese último punto merece especial atención.
La informalidad no siempre responde únicamente a evasión o incumplimiento deliberado; suele ser una respuesta a la supervivencia económica, pues miles de pequeños negocios sienten que formalizarse implica mayores costos, más cargas, más burocracia y pocas ventajas tangibles inmediatas.
Por eso el país necesita comenzar a hablar seriamente de formalización inteligente y de premiar la formalización, logrando una formalización que no se base únicamente en fiscalización y sanciones, sino también en incentivos, inclusión financiera, simplificación tributaria, monotributo, acceso al crédito, apoyo tecnológico y acompañamiento institucional.
Formalizar debe convertirse en una oportunidad de crecimiento y no en una amenaza de asfixia financiera.
Ahí es donde la discusión sobre las MIPYMES deja de ser un tema sectorial y se convierte en una verdadera estrategia nacional de desarrollo.
Porque las MIPYMES no constituyen simplemente "otro sector económico". Son el tejido transversal de toda la economía dominicana. Están presentes en el comercio, en la agricultura, en la manufactura, en el transporte, en los servicios, en la tecnología, en el turismo, en la construcción y en las economías locales.
En otras palabras, si las MIPYMES se debilitan, se debilita gran parte de la economía nacional. Y si se fortalecen, se fortalece la capacidad del país para generar empleos, ampliar producción, reducir informalidad, aumentar innovación, diversificar exportaciones y construir una economía más resiliente.
Por eso necesitamos avanzar hacia una nueva arquitectura financiera y tributaria orientada al desarrollo productivo. Una arquitectura donde el sistema financiero preserve su estabilidad, pero al mismo tiempo incorpore mecanismos modernos de mitigación y distribución del riesgo productivo.
Eso incluye:
- fondos nacionales de garantías;
- participación del Bandex como banco de segundo piso;
- integración de organismos multilaterales;
- seguros agrícolas y climáticos;
- fortalecimiento de cooperativas;
- flexibilización prudencial inteligente;
- y programas especiales de financiamiento para mujeres y jóvenes emprendedores.
Se trata de evitar que la prudencia continúe siendo una de las causas de la parálisis productiva de nuestra economía.
Las economías asiáticas exitosas crecieron construyendo instituciones capaces de compartir inteligentemente el riesgo productivo para impulsar industrialización, innovación y crecimiento empresarial.
La República Dominicana necesita comenzar a recorrer ese camino. Porque la indispensable estabilidad macroeconómica no es suficiente. El país necesita transformar crecimiento en desarrollo productivo sostenible. Y eso difícilmente ocurrirá mientras el principal generador de empleo y uno de los mayores aportantes al PIB continúe enfrentando barreras estructurales para producir, crecer y formalizarse.
Apoyar a las MIPYMES debe entenderse como lo que realmente es: una estrategia nacional de desarrollo económico, inclusión social y fortalecimiento productivo de la República Dominicana.
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