El tuerto combate contra la impunidad

Con incomparable enjundia, Jose Lois Malkun nos tiene acostumbrados a adornar con agudeza sus análisis sobre economía y política. En un reciente artículo en el Listín Diario nos hizo ver que hemos avanzado bastante en la lucha contra la corrupción. Del puesto 28 en que la ong Transparencia Internacional nos colocó en el 2019 hemos saltado al 37 en el 2025. Tan importante logro merece encomio. Pero la noticia se queda tuerta porque nadie mide la impunidad.  Su fétido rastro equivale a una negligencia cómplice de la clase política que resulta en justicia denegada. Por eso el actual entramado institucional contra la corrupción requiere de un rediseño que haga efectiva la lucha contra la impunidad.

La percepción pública es que, aunque se investigan casos de alto perfil, la justicia tarda, los procesos se diluyen y muchos implicados resultan absueltos o sin castigo efectivo, alimentando la sensación generalizada de impunidad. De nada sirve alegar que tenemos un Ministerio Publico (MP) independiente si esa independencia no se traduce en condenas efectivas de los corruptos. Eso solo sucede en los casos de corrupción menuda que involucran a los mas vulnerables de la sociedad. Contra ellos los jueces se enseñan con las condenas. La justicia solo es para los mas débiles.

En las últimas dos décadas se han sucedido casos de alta gama que reflejan esa triste realidad. Varios de esos casos todavía están a la espera de sentencias definitivas.  El escándalo de Baninter terminó en condenas ligeras gastadas en celdas de lujo, pero todavía no se cierra el ciclo porque dos de los imputados deben miles de pesos al Banco Central y no se conmina su pago. Tanto Ramon Baez Figueroa como Luis Alvarez Renta han incoado recursos de casación para dilatar o impedir que se les cobre esas altas sumas. “El balance a la fecha de recursos públicos por recuperar por ese concepto es de RD$58,329,928,298.80.”

Algo similar pasa con el caso de Odebrecht: habiendo admitido sobornos por US$92 millones y con una condena al pago del duplo de esa cantidad, el Estado solo ha recibido US$30 millones. Las autoridades no solo han soltado el caso “en banda” sino que tampoco han indagado los responsables de los “codinomes”. Un caso que involucró más de mil millones de dólares de soborno se deja colgando porque nadie asume la responsabilidad de terminarlo, El “MP independiente” debió comenzar su gestión enviando fiscales a Brasil a averiguar los nombres de los sobornados. Y la Suprema Corte alegó falta de pruebas para exonerar de culpa a Angel Rondon y Victor Diaz Rua, los dos más prominentes imputados.

Desde que inauguró su supuesta independencia, el MP solo ha arremetido contra los imputados de grandes fraudes durante el ultimo gobierno del PLD. En conjunto, la cuantía de los robos en esos casos supera por mucho a los de Baninter y de Odebrecht. Con una retahíla de nombres marinos, las pesquisas del MP han producido expedientes kilométricos –como el de 12,000 página de Alexis Medina— que cinco años después se encuentra empantanado por una apelación del imputado. El colmo del absurdo se completa con casos en los cuales el infame “criterio de oportunidad” ha permitido que pagando solo unos RD$3,000 millones se exonere de juicio y de cárcel a personajes de la mas baja calaña. Mientras, la Operación Calamar que involucra a Gonzalo Castillo, Jose Ramon Peralta y Donald Guerrero esta sin sentencia, dejando incierta una condena por el robo de RS$19,000 millones “mediante pagos irregulares, expropiaciones y financiación de campañas políticas.”

Los juicios contra los imputados en los casos Coral y Coral 5G han avanzado bastante, pero todavía no hay sentencia definitiva que especifique la condena. Otros que han sido favorecidos con prisión domiciliaria alargan sus casos con numerosos incidentes jurídicos que retrasan el proceso y tal vez nunca llegaran a enjuiciarse.  Un cambio político podría, en cambio, indultarlos. Pero con el récord de dilaciones e incidentes jurídicos para retrasar los procesos es dable presumir que el curso de los casos más recientes (Minerd, Inabie, Intrant, Senasa) exhibirán igual grado de desidia judicial. La prescripción de la pena se perfila como posible. Sera muy difícil que la opinión publica y el pueblo llano se sientan satisfechos con maniobras que solo equivalen a justifica denegada.

De ahí que sea oportuno plantear la necesidad de un rediseño de la política de prevención de la corrupción y la impunidad. Si comenzamos por el entramado institucional encargado parece aconsejable eliminar algunas entidades gubernamentales, reforzar otras y crear otras nuevas. Por ejemplo, la titular de la DGEIG hace poco informó que había sometido 276 casos de “irregularidades administrativas” al Ministerio de Administración Publica y 50 al MP, pero de que hayan recibido atención y seguimiento no se ha sabido nada. Parece entonces que esa dependencia sobra porque maneja “irregularidades” que son menudencias que no ameritan que el MP se ocupe.

Por otro lado, la incidencia de la Camara de Cuentas, la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la Republica y la misión de fiscalización del Congreso parecen no servir de nada. En cuanto a la Direccion General de Contrataciones Publicas habrá que esperar porque su nueva ley establece un régimen de sanciones administrativas, penales y disciplinarias, pero solo remite los casos a las instancias correspondientes (DGEIG, Unidad Antifraude, el MP) para que actúen en conjunto.

De la Camara de Cuentas se puede decir lo mismo. Si sus 600 empleados no justifican sus salarios con condenas importantes a los infractores identificados en sus auditorias, conviene eliminar ese esperpento. Una parte de su personal pasaría a reforzar la Unidad Antifraude de la Contraloría. Esta Unidad absorbería también las funciones de la DGRIG y establecería un mecanismo mediante el cual remitiría al Congreso aquellos casos en que altos funcionarios gubernamentales –o políticos del patio– sean imputados por inconductas. El Congreso así tendría un rol en el enjuiciamiento de la clase política para despejar los contubernios que se dan entre privados y públicos.

También conviene que el Defensor del Pueblo se haga cargo de, en conjunción con el MP, perseguir los casos de impunidad. En aquellos en que las sentencias no se acojan al sentido elemental de justicia, esa entidad estaría obligada a dejarse sentir, por lo menos en términos de imputaciones y reparos que dejen una mancha indeleble sobre los que escapan con subterfugios de las garras de la judicatura.  ¿De que Defensoría del Pueblo me hablan si ante la más descarada impunidad se hace la desentendida? El artículo 3 de la Ley 19-01 que estatuye y define al Defensor del Pueblo establece que “estará investido de plenos poderes y facultades a fin de iniciar, de oficio o a petición de parte, cualquier investigación que conduzca al esclarecimiento de actos u omisiones del sector público y de las entidades no públicas que prestan servicios públicos.” Si no interviene en estos casos es preferible que cerremos esa oficina.

Debemos pues recordar que, según la sentencia del Juez Ortega de la Suprema Corte de Justicia, la corrupción no prescribe. Es decir, no existe una prescripción de la pena y todos los casos deben permanecer abiertos mientras vida tengan los imputados. No podemos seguir aceptando que delincuentes de cuello blanco y políticos sinvergüenzas sigan expoliando los recursos públicos sin que recaiga sobre ellos el peso de la justicia. Una justicia denegada, una justicia sin penas, no puede considerarse justicia social. Redefinamos el rol del Defensor del Pueblo para que su principal prioridad sea el combate a la impunidad.