- La observación de José Gabriel García sobre el Plan J. Granville
La indagación historiográfica, cuando aspira a penetrar más allá de la superficie de los hechos, adopta inevitablemente el método del investigador: no se contenta con registrar acontecimientos, sino que persigue la coherencia íntima que los enlaza. Así, al examinar el régimen instaurado por Jean-Pierre Boyer en 1822, la pregunta no es simplemente qué hizo, sino qué lógica profunda ordena sus actos, qué designio —confesado o no— se deja entrever en la persistencia de sus medidas.
En este punto, la observación de José Gabriel García adquiere un valor decisivo, no por su autoridad, sino por su capacidad de condensar en una fórmula clara lo que los documentos dispersos apenas insinúan. Escribe el historiador: «El motivo del plan de inmigración de Boyer no era tanto dotar al país de obreros y artesanos capaces, sino más bien cambiar la fisonomía social de la parte española de la isla y despertar preocupaciones raciales en la mente de los inmigrantes que tendieran a crear su identificación con los haitianos». Esta frase, sobria y penetrante, desplaza el problema del terreno económico al terreno identitario: no se trataba de suplir brazos, sino de alterar un equilibrio social.
A partir de esta clave, los hechos comienzan a ordenarse con una claridad casi geométrica. La exclusión legal de los blancos, lejos de ser un residuo doctrinal de la revolución haitiana, aparece como el primer movimiento de una estrategia de desplazamiento. Privar a la élite hispánica de la propiedad equivalía a despojarla de su fundamento histórico; la emigración que siguió no fue una contingencia, sino la consecuencia natural de una ley que hacía inviable su permanencia. La nación no se redefine únicamente por proclamaciones: se redefine, sobre todo, por la estructura de derechos que permite o niega la continuidad de sus grupos constitutivos.
Sobre ese vacío así creado se proyecta la segunda fase: la empresa de Jonathan Granville en los Estados Unidos. Su misión, cuidadosamente preparada y generosamente financiada, no puede reducirse a una simple política migratoria. El Estado haitiano pagó pasajes, garantizó ciudadanía inmediata, ofreció tierras y sostuvo a los inmigrantes en sus primeros meses. Tales concesiones, excepcionales en cualquier régimen, revelan la importancia que se atribuía a la operación. No se atraía a cualquier población, sino a una definida por su origen racial y por su condición histórica: negros y mulatos libres del Norte americano, ajenos tanto a la tradición española como a la francesa, pero susceptibles de integrarse en la idea de una república negra.
El carácter de esta inmigración —urbana, angloparlante, de hábitos religiosos protestantes— refuerza la sospecha de que no se buscaba continuidad, sino sustitución de elementos. Aquellos hombres no venían a prolongar la cultura existente, sino a insertarse como un cuerpo nuevo, cuya lealtad no descansaba en la historia local, sino en una afinidad política y racial con el proyecto haitiano. En ellos se ensayaba, por decirlo así, la creación de una base social alternativa.
La redistribución de la tierra completa el dispositivo. Las propiedades confiscadas a emigrados y a la Iglesia no permanecieron inactivas: fueron el instrumento con que el Estado recompuso el mapa social. Al conceder parcelas a los inmigrantes y a sectores subalternos, el régimen no sólo modificaba la economía agraria, sino que instituía una nueva dependencia: la tierra ya no era herencia ni tradición, sino don del poder. De este modo, la fidelidad política se anclaba en la propia subsistencia material.
A este proceso material correspondió un intento paralelo de transformación cultural. La imposición del francés como lengua administrativa, la intervención sobre las costumbres, la reducción de las festividades tradicionales y la apelación a una “revolución moral” revelan la voluntad de reconfigurar no sólo la sociedad, sino el espíritu público. La cultura hispánica, con su lengua, sus prácticas y su memoria, no era simplemente tolerada: era progresivamente desplazada por un modelo que aspiraba a la uniformidad.
. ¿Hubo un plan explícito, sistemático y plenamente consciente de convertir Santo Domingo en una nación negra homogénea? Los documentos no ofrecen una declaración inequívoca en ese sentido. Pero la convergencia de las medidas —jurídicas, demográficas, económicas y culturales— dibuja una dirección que no puede ignorarse. Como en toda investigación rigurosa, no es una pieza aislada la que decide, sino el encadenamiento de todas.
Así, la hipótesis de la suplantación no se apoya en una proclama, sino en una serie de actos coherentes: se priva a un grupo de su base material, se facilita su salida, se introduce otro grupo definido por criterios raciales y políticos, se le dota de medios de subsistencia y se intenta reformar el marco cultural para hacerlo dominante. No es necesario que el proyecto se formule con crudeza para que su lógica se manifieste.
De este modo, la reflexión historiográfica, guiada por la intuición de García y confirmada por el examen de los hechos, conduce a una conclusión matizada pero firme: el régimen de Boyer no proclamó abiertamente una política de suplantación racial, pero desplegó un conjunto de medidas que tendían, con claridad suficiente, a transformar la fisonomía social, cultural y demográfica de la parte oriental, orientándola hacia la idea de una nación negra unificada bajo la égida de Puerto Príncipe. En la historia, como en la investigación criminal, la verdad rara vez se confiesa; se deja entrever en la persistencia de los indicios.
La misión de Jonathan Granville (1823-1825)
La empresa concebida por Jean-Pierre Boyer y ejecutada por su agente Jonathan Granville no puede entenderse como un simple movimiento migratorio, sino como una operación de sentido político más hondo, dirigida a alterar la dirección histórica de la sociedad dominicana. No se trataba únicamente de poblar, sino de reorientar. Ya desde 1823, cuando el Estado haitiano ordenaba preparar tierras para colonos aún inexistentes, y luego con la misión confiada a Granville en 1824, el proyecto se definía con nitidez: reclutar en las ciudades del Norte de los Estados Unidos una población de color libre, atraerla con promesas de ciudadanía, tierras y protección, y trasladarla bajo patrocinio oficial. La llegada de los primeros contingentes a Puerto Príncipe —a fines de 1824— marcó el inicio visible de una empresa cuidadosamente organizada, que no dejaba al azar ni el reclutamiento ni la distribución.
El dato es inequívoco: la introducción deliberada de contingentes afroestadounidenses —procedentes de Filadelfia, Baltimore o Nueva York— en un cuerpo social reducido y debilitado por las crisis precedentes. No fue una migración espontánea, sino dirigida, financiada y jurídicamente asegurada. Se buscaba formar, dentro del territorio oriental, un núcleo humano cuya lealtad no se apoyara en la tradición hispánica, sino en una afinidad distinta, definida por la experiencia racial y por la dependencia del Estado que los acogía.
El sentido del proyecto se esclarece cuando se les considera junto a las demás medidas del régimen: la exclusión legal del blanco, la transformación del régimen de propiedad, la presión sobre la Iglesia y la dislocación de las antiguas jerarquías sociales. No era necesario proclamar la ruptura con la hispanidad; bastaba con hacerla inviable. En ese marco, el plan de Granville no respondía a una necesidad económica inmediata, sino a una lógica política: introducir un elemento nuevo que inclinara la composición social hacia un modelo de nación concebido en términos raciales.
Aquellos inmigrantes —artesanos urbanos, angloparlantes, de confesión protestante— no venían a prolongar la tradición dominicana, sino a encarnar otra forma de comunidad, fundada en la categoría política de la “negritud” como principio de cohesión. Sin embargo, la experiencia mostró pronto sus límites: la inadaptación al trabajo agrícola, los costos excesivos y las dificultades sanitarias redujeron el alcance práctico de la empresa, obligando a suspenderla en 1825. La distancia entre el plan y su ejecución se hizo evidente.
Y, con todo, la historia introdujo una corrección más profunda. Aquella población, asentada en enclaves como Samaná, no permaneció como instrumento pasivo del designio inicial. Con el tiempo, desarrolló una trayectoria propia y se vinculó a la vida nacional dominicana. Figuras como Moisés Alejandro Anderson, el afamado Macabon; Theophilus James o líderes como Jacob James revelan que aquel núcleo inmigrante no se disolvió en el proyecto haitiano, sino que terminó por integrarse en la realidad dominicana.
Así, el designio inicial —reorientar la sociedad mediante una intervención demográfica— no se cumplió en su forma pura. La política quiso modelar una identidad; la historia produjo una síntesis. Y en esa síntesis, bajo el influjo de líderes como Anderson, junto a autoridades como el General Acosta, referentes como Theophilus James y agentes económicos como Peter R. Vanderhorst, aquella comunidad dejó de ser un enclave para convertirse en parte activa de la nación: se adhirió a la Independencia de 1844, combatió en la Restauración y se integró progresivamente en la vida lingüística, militar y económica del país, afirmando una presencia que, nacida de un proyecto ajeno, acabó por inscribirse de manera perdurable en la historia dominicana.
El proyecto impulsado por Jean-Pierre Boyer en 1824 fijó como meta la introducción de unos 6,000 inmigrantes afroestadounidenses, trasladados a expensas del Estado: pasajes cubiertos, manutención durante el viaje y sostenimiento inicial por cuatro meses, con garantía de ciudadanía inmediata, libertad de culto y concesiones de tierra que se convertían en propiedad al ser cultivadas. Los embarques partieron principalmente de Nueva York y otros puertos del Norte; entre los casos documentados figura el envío de 80 libertos desde Virginia.
El movimiento alcanzó entre 5,000 y 7,000 personas entre 1824 y 1825. Los contingentes arribaban primero a Puerto Príncipe y desde allí eran redistribuidos según criterios administrativos hacia los distintos departamentos, incluida la parte oriental. En Samaná, el barco Four Sons transportó 210 personas, de las cuales unas 150 —organizadas en alrededor de 30 familias— se establecieron de forma permanente. A cada familia se le asignaron cinco carreaux, equivalentes a unos 16 acres (unas 102 tareas), en asentamientos rurales dispersos.
La implantación mostró límites: muchos inmigrantes, de origen urbano, encontraron dificultades en la agricultura tropical y en la diversidad lingüística del medio, lo que provocó retornos. Sin embargo, una parte se fijó de manera estable, formando núcleos duraderos. En lugares como Samaná, estos grupos consolidaron comunidades agrícolas con cultivos básicos —plátano, maíz, cacao—, apoyadas en instituciones propias como la iglesia metodista y la escuela en inglés, y sostenidas por títulos de propiedad considerados seguros por sus descendientes. En conjunto, el proceso revela una operación estatal organizada —reclutamiento, traslado, distribución y asentamiento— cuyo resultado efectivo fue más limitado en número, pero estable en ciertos enclaves.
Conclusión
Lo que sorprende no es tanto el propósito inicial del proyecto de Jean-Pierre Boyer, sino el desvío que introduce la realidad social: una política concebida para uniformar termina produciendo una forma nueva de diversidad.
Los inmigrantes afroestadounidenses, reclutados por Jonathan Granville en las ciudades del Norte, llegaron con lengua inglesa, protestantismo metodista y hábitos urbanos. Eran, en rigor, extraños a los dos mundos que encontraban: no compartían ni el francés y el créole del Oeste, ni el español y el catolicismo del Este. Esa doble ajenidad explica, en parte, su trayectoria posterior.
Instalados como pequeños propietarios —con parcelas de unos 16 acres—, su adaptación agrícola fue incompleta; pero su inserción social siguió otro camino. La comunidad se sostuvo en la disciplina del trabajo, en la sobriedad religiosa y en un alto aprecio por la instrucción. Tales rasgos, que los viajeros consignan con frecuencia, encontraron una afinidad inesperada con la sociedad dominicana: no por identidad de formas, sino por convergencia de valores cristianos y de vida ordenada.
De ahí que, sin proponérselo, comenzaran a injertarse en el medio local. No abandonaron su lengua ni su culto —las iglesias metodistas y las escuelas en inglés fueron núcleos de resistencia cultural—, pero en la práctica cotidiana se produjo una acomodación progresiva: en la agricultura, en el comercio, en las relaciones de vecindad. Esa integración se hizo más visible tras 1844, cuando la comunidad se alineó con la causa dominicana y participó en su defensa.
El contraste con el entorno haitiano fue decisivo. Mientras en el Oeste predominaban formas lingüísticas y religiosas que les eran ajenas, los inmigrantes mantuvieron su distancia cultural; su protestantismo, su idioma y su organización comunitaria los apartaban de ese medio y los acercaban, paradójicamente, al espacio dominicano, donde pudieron coexistir sin disolverse.
Su contribución cultural se advierte con claridad en Samaná. Allí, bajo figuras como Moisés Alejandro Anderson, se consolidó una pequeña sociedad que irradió prácticas nuevas: en la cocina, el uso del coco y del jengibre, el johnnycake y la ginger beer (cerveza de jengibre); en la arquitectura victoriana presente allí donde se implantaron en Puerto Plata, en Sánchez y en Samana; en la música, la fijación local del bambulá, forma afroatlántica que adquirió cadencia propia; en la vida social, hábitos de pulcritud, alfabetización y organización que les dieron prestigio regional.
No crearon, propiamente, una cultura distinta, sino que añadieron un matiz. La cultura dominicana, como toda formación histórico a, no es un bloque inmóvil, sino una serie de estratos. A ese conjunto vinieron a sumarse estos inmigrantes: no como sustitución de lo existente, sino como aporte que, al mezclarse, dejó una huella persistente. En ese sentido, el proyecto que buscaba homogeneidad racial terminó produciendo —por la vía indirecta de la convivencia— una ampliación de la experiencia dominicana.
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