Un diagnóstico urgente
La corrupción sistémica que carcome al Estado dominicano no se manifiesta solamente en la malversación de fondos públicos, sino en un entramado político-clientelar que distorsiona los valores de la función pública, degrada la meritocracia y socava la confianza ciudadana. Este artículo propone un análisis de sus síntomas más visibles y de los mecanismos que perpetúan esta enfermedad institucional, así como la urgencia de aplicar un tratamiento profundo y sostenido.
Prácticas que alimentan este mal
Un método insólito que convertido en una conducta: funcionarios que nombran en cargos bien remunerados a allegados, concubinas o socios políticos, sin méritos ni experiencia comprobada. A esto se suma la extracción de fondos procedentes de operaciones oscuras, entregados periódicamente a figuras influyentes del Estado bajo la apariencia de acuerdos informales. Aunque encubiertos, estos 'peajes internos' son conocidos por muchos los que operan dentro del sistema.
Otra práctica extendida es el uso de intermediarios o empresas de fachada para obtener contratos estatales en condiciones de privilegio. Se conforman estructuras comerciales que jamás habrían sido favorecidas en el mercado privado por falta de solvencia o trayectoria. De estas operaciones se fondean campañas políticas, redes de influencia y fortunas personales, en perjuicio de quienes actúan de manera honesta.
Estas prácticas, amparadas en la complicidad institucional, distorsionan la libre competencia y asfixian a los emprendedores legítimos. La economía deja de premiar el esfuerzo y la productividad para rendirse ante el amiguismo y el tráfico de favores.
Tratamientos contraproducentes en la gestión pública
El proyecto del Tren Metropolitano o Monorriel de Santo Domingo se ha convertido en otro tema de debate público. Cambió varias veces de modalidad y marco legal, pasando de APP rechazada a obra estatal y luego a licitaciones fragmentadas, pero siempre con los mismos actores alrededor. El ministro Paliza defendió la iniciativa informando que habría veedores y que el proceso sería supervisado por una consultora internacional, aunque se trata de Systra, empresa pública francesa vinculada a la SNCF, lo que deja dudas sobre la real independencia del proceso. Según lo externado en los medios de comunicación, el funcionario sostiene que se trata de un proyecto técnicamente sustentado y con participación de expertos nacionales, pero esas garantías no han disipado las dudas sobre la transparencia ni sobre los constantes cambios de marco legal y contrataciones.
Terapia mal administrada: falla que permite expandir el cáncer
La justicia dominicana no ha funcionado como un mecanismo terapéutico eficaz, porque, lejos de actuar correctamente, sigue condicionada por intereses políticos. Cada gobierno, sin importar su signo, ha utilizado el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) como instrumento de control, repitiendo un patrón que convierte la designación y evaluación de jueces en un ejercicio partidario, que impide que cumpla su acción correctiva.
El caso reciente tres magistrados fueron separados de la Suprema Corte de Justicia bajo el alegato de 'no haber pasado la evaluación', reavivó el debate sobre si el CNM tiene verdadera capacidad técnica para evaluar jueces o si, más bien, actúa según conveniencia política. De acuerdo con la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), el CNM carece de preparación técnica y urge revisar el diseño del sistema. Servio Tulio Castaños Guzmán y Jorge Subero Isa han advertido que el modelo actual se presta a manipulación y vulnera la independencia judicial.
El jurista Julio Aníbal Suárez fue categórico al afirmar que 'la inamovilidad de los jueces no puede verse como un privilegio de éstos, sino como un derecho de los ciudadanos'. Suárez advirtió que confundir evaluación con destitución viola la Constitución y la Ley Orgánica del CNM. Lo ocurrido confirma la gravedad de aquella advertencia. En un sistema donde quien controla el CNM designa y quien podría disentir desaparece, la independencia judicial no es una conquista asegurada, sino una batalla constante.
Protocolo y estrategía de tratamiento
Combatir esta enfermedad estructural exige más que discursos. Implica auditar nóminas, contratos y gastos; depurar consultorías; transparentar los fideicomisos públicos; y aplicar sanciones ejemplares. Como en medicina, los tumores deben extirparse a tiempo y la vigilancia debe ser continua. La verdadera fortaleza de un gobierno se mide no por cuántos aliados conserva, sino por su capacidad de corregir y sobrevivir con integridad.
Tumores localizables: extirpar, prevenir y controlar
El tratamiento debe iniciar por las áreas donde el daño es más visible y recurrente: las compras o contrataciones por excepción; las nóminas estatales; las consultorías contratadas; los gastos en viajes oficiales; entre otros.
1. Auditorías de nóminas estatales. Las nóminas públicas deben ser revisadas con criterios de mérito, productividad y transparencia. Es indispensable detectar casos de nepotismo, duplicidad de funciones, personal inexistente o posiciones creadas para favores políticos, o para fines de uso personal, asignando personal (seguridad, choferes, etc.) a negocios o viviendas privadas. Cada entidad del Estado debería publicar trimestralmente su nómina detallada, con nombre, cargo, salario y justificación funcional, permitiendo el escrutinio ciudadano.
- Optimizar sustancialmente los procesos de licitaciones públicas de grandes obras. Una vez entre en vigor a partir de enero de 2026, la nueva Ley 47-25 de Compras y Contrataciones Públicas esperamos que exista planificación clara, información accesible, árbitros imparciales, adopción de estándares internacionales como las Guías OCDE para Contrataciones Públicas y se aplique la misma rigurosidad de la Ley 47-20 de APP a los Fideicomisos Públicos, fortaleciendo la transparencia, reduciendo los riesgos de favoritismo y optimizando el uso de los recursos públicos, para contener así el cáncer de la corrupción y garantizar competencia justa en todos los procesos.
- Análisis pormenorizado de las compras o contrataciones por excepción. Cualquier invocación de esta norma exige una justificación sólida, verificable y documentada. No se aceptarán argumentos genéricos como urgencia, exclusividad, proveedor único, unicidad o singularidad sin respaldo comprobable. Las decisiones sin evidencia serán consideradas incumplimiento de procedimiento y responsabilidad administrativa.
- Auditoría y control de consultorías. El gasto en asesorías externas se ha convertido en un método de drenaje del erario y debe estar justificado por aportes concretos y medibles. El Estado no puede permitirse mantener mensualidades permanentes a consultores en stand-by; toda consultoría debe tener objetivos claros, por tareas o proyectos entregables y costos verificables, evitando retribuciones políticas encubiertas.
- Verificación de la pertinencia de los viajes al exterior. Los viajes oficiales deben responder a necesidades reales de representación o capacitación. Se requiere publicar las autorizaciones, costos, viáticos y resultados de cada misión. Cada viaje debe rendir un informe obligatorio de logros o acuerdos concretos, para justificar el gasto y evitar que sirva de privilegio o distracción.
Vigilancia ciudadana y línea anónima de denuncias
Ningún procedimiento institucional es efectivo sin vigilancia ciudadana. Una línea anónima de integridad pública (LAIP) permitiría reportar irregularidades de manera segura, canalizando denuncias verificables a los organismos competentes y generando alertas preventivas. Más que un buzón de quejas, funcionaría como un radar ciudadano de integridad, fortaleciendo la transparencia y previniendo la corrupción desde la base social.
El ostracismo como último recurso
Cuando un sistema no previene ni sanciona, y su ineficacia se normaliza, la impunidad se expande, dejando solo la acción de la ciudadanía. En la antigua Grecia, el ostracismo marginaba a quienes amenazaban el equilibrio moral de la comunidad. Hoy este principio puede aplicarse como ostracismo ciudadano, privando de reconocimiento y respeto a los corruptos cuando la justicia falla. No rendirles culto a su dinero ni a su influencia constituye el acto más firme de acción ciudadana y el recurso más eficaz de enfrentar el cáncer de la corrupción y la impunidad.
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