La historia dominicana está llena de gobiernos que fueron. Pero también —y a veces con mayor peso— de gobiernos que no llegaron a ser. Hay trayectorias que se construyen desde el ejercicio del poder, y otras que se definen desde su ausencia. El caso de 1990 pertenece a esta última categoría. Porque lo que no ocurrió esa noche del 16 de mayo no solo alteró un resultado inmediato: alteró el curso del liderazgo nacional en los años siguientes.
Si Juan Bosch hubiese asumido la presidencia en 1990, acompañado por José Francisco Hernández, la República Dominicana habría entrado en una transición distinta. No se trataba de un gobierno improvisado, ni de una ruptura radical. Bosch llegaba con una larga trayectoria, una legitimidad moral acumulada, y una visión del Estado profundamente marcada por la ética, la institucionalidad y la pedagogía política.
Pero también llegaba en otro tiempo.
No era el Bosch de 1963, enfrentado a la Guerra Fría y a las tensiones ideológicas del hemisferio. Era el Bosch de finales del siglo XX, en un mundo donde el comunismo colapsaba y Estados Unidos —bajo George H. W. Bush y luego Bill Clinton— se convertía en la potencia hegemónica sin contrapeso.
Ese Bosch habría gobernado en un escenario menos ideológico, pero más complejo en términos de poder interno.
El gobierno Bosch-Hernández habría sido, probablemente, un gobierno de reformas institucionales. No habría buscado perpetuarse en el control del aparato político, sino reorganizarlo. Combatir la corrupción, disciplinar el Estado, reducir el clientelismo, ordenar la administración pública. Era un proyecto de limpieza más que de dominación.
Pero ahí residía también su fragilidad.
Porque la República Dominicana de 1990 no era un terreno neutral. Era un sistema político moldeado por décadas de prácticas de control, lealtades construidas desde el Estado, equilibrios informales de poder. Gobernar sin ese andamiaje era gobernar con desventaja.
José Francisco Hernández, desde la vicepresidencia, habría representado un contrapeso práctico. Empresario, con visión operativa, habría servido de puente con sectores económicos y productivos. El gobierno habría tenido, así, una doble naturaleza: ética en su conducción, pragmática en su funcionamiento.
No habría sido un gobierno radical. Habría sido, más bien, un gobierno reformista moderado, tratando de moverse entre la convicción y la realidad.
El factor internacional habría jugado a su favor.
En 1989, en Washington, Bosch había recibido una señal clara: si ganaba legítimamente, su triunfo sería reconocido. El contexto había cambiado. Ya no existía el miedo geopolítico que en 1963 había marcado su derrocamiento. Estados Unidos no tenía interés en desestabilizar un gobierno democrático en el Caribe, siempre que este garantizara estabilidad y reglas claras.
Eso habría dado margen.
Pero el verdadero problema no habría estado fuera, sino dentro.
La dificultad central del gobierno Bosch-Hernández habría sido la gobernabilidad. Un Estado heredado, no necesariamente leal; una oposición activa; sectores económicos atentos; una cultura política acostumbrada al control vertical. En ese escenario, la tensión habría sido inevitable.
Bosch habría gobernado con autoridad moral, pero con limitaciones operativas. Habría impulsado reformas, pero habría enfrentado resistencias. Habría intentado ordenar el sistema, pero dentro de un sistema que no estaba diseñado para ordenarse fácilmente.
Sin embargo, el punto más importante no está solo en cómo habría sido ese gobierno.
Está en lo que habría cambiado después.
Porque si Bosch hubiese gobernado en 1990, el mapa político dominicano entre 1990 y 1996 habría sido completamente distinto.
La crisis electoral de 1994, tal como ocurrió, probablemente no habría existido en la misma forma. La reforma constitucional que introdujo la doble vuelta electoral para 1996 podría haberse adelantado o tomado otra dirección. El sistema político habría evolucionado bajo la influencia de un gobierno reformista, no desde una crisis de legitimidad.
Pero, sobre todo, hay una consecuencia que debe decirse con claridad histórica:
Leonel Fernández no habría sido presidente en 1996.
No en esas condiciones. No en ese momento. Y probablemente no de esa manera.
Porque el ascenso de Leonel Fernández estuvo directamente ligado a la secuencia que se abrió a partir de 1990:
— un partido que no llegó al poder — una transición interna del liderazgo — una crisis nacional en 1994 — y un acuerdo político que permitió su llegada en 1996 con el apoyo de fuerzas que antes eran adversarias
Si Bosch hubiese gobernado, ese proceso habría sido otro.
Leonel Fernández habría crecido dentro de un gobierno, no en la oposición. Su liderazgo se habría formado en la administración del poder, no en la construcción de una alternativa. Su ascenso, de producirse, habría seguido otro ritmo, otra lógica, otro tiempo.
La historia no le habría abierto el mismo camino.
Por eso, cuando se mira hacia atrás, el análisis de 1990 no puede quedarse en la pregunta de quién ganó o quién perdió.
Debe ir más lejos.
Debe preguntarse qué país se dejó de construir en ese instante.
Porque lo que no ocurrió esa noche del 16 de mayo no solo cambió un resultado electoral. Cambió el curso del liderazgo político dominicano, alteró las condiciones de la transición democrática y abrió el camino a un desenlace distinto seis años después.
Hay decisiones que se toman en público. Y hay decisiones que se toman en silencio.
Algunas se anuncian en discursos. Otras se definen en habitaciones cerradas, antes de que lleguen los periodistas.
La historia de 1990 pertenece a esta segunda categoría.
Y en esa historia, en ese instante preciso en que se pudo afirmar una victoria y no se afirmó, no solo se perdió una oportunidad inmediata.
Se configuró, sin saberlo, el país que vendría después.
Y también —con toda claridad— el liderazgo que ocuparía su lugar.
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