La Región Este es uno de los grandes motores económicos de la República Dominicana. La Altagracia concentra el 57.7 % de las habitaciones hoteleras del país, y por el aeropuerto de Punta Cana, que movilizó más de 11 millones de pasajeros en 2025, entran seis de cada diez turistas que llegan al país por vía aérea. A ello se suman la agropecuaria, la industria azucarera, la inversión inmobiliaria y los servicios. Sin embargo, ese crecimiento extraordinario convive con comunidades que todavía reclaman agua potable, saneamiento, drenaje, movilidad segura, empleos dignos y servicios públicos de calidad.
La marcha convocada para este domingo 11 de octubre en Higüey por la Coordinación de los Movimientos Sociales de La Altagracia y organizaciones de La Romana, El Seibo, Hato Mayor y San Pedro de Macorís merece atención más allá del lenguaje político de su convocatoria. Junto a ella, las organizaciones difundieron una agenda comunitaria, Región Este: 20 problemáticas prioritarias. Cinco provincias, una agenda común, que conviene leer completa, en particular los puntos que sus propios autores destacan por el riesgo que suponen para la vida, la salud y la seguridad. No hace falta compartir cada consigna ni dar por probada cada denuncia para reconocer una advertencia legítima: el crecimiento pierde sostenibilidad y respaldo social cuando sus beneficios no se perciben en la vida de quienes lo hacen posible.
Esas comunidades no son solo la fuente de los reclamos ni receptoras pasivas de lo que decidan el Gobierno y los inversionistas. Son el sujeto y actor principal del desarrollo territorial: conocen las carencias acumuladas, aportan el trabajo que sostiene buena parte de la economía regional y vivirán con las consecuencias de lo que hoy se decida. Inclinar el oído a su clamor no es una concesión; es el primer paso de cualquier solución duradera.
Esa agenda reúne tres tipos de problemas. Algunos son males que el país debe encarar con políticas nacionales: las deficiencias del servicio eléctrico, las limitaciones en salud, la inseguridad ciudadana, las brechas educativas, la violencia contra mujeres y niñas, el tránsito peligroso, la poca conectividad rural, la desprotección de los adultos mayores y la escasez de espacios deportivos y culturales. En el Este pesan más porque la población crece más rápido que los servicios: solo Verón-Punta Cana pasó de 43,982 habitantes en 2010 a 138,919 en 2022, más del triple. Otros son propios de la región: el agua potable, el alcantarillado, la basura y los vertederos improvisados, las carreteras y puentes deteriorados, la falta de apoyo a agricultores y ganaderos y la deuda histórica con los cañeros. Y un tercer grupo comparte una misma raíz, un crecimiento que llegó antes que la planificación: viviendas precarias y hacinamiento, conflictos de tierras y desalojos, el acceso público a las playas, inundaciones, contaminación de ríos y costas y pérdida de áreas verdes.
El agua no puede seguir detrás del crecimiento
La primera urgencia es el agua. El Estudio de Riesgo de Desastre y Riesgo Climático de Verón-Punta Cana (octubre de 2025) recoge que el 91 % de las viviendas se abastece de pozos sin controles adecuados de calidad ni saneamiento formal. La evidencia sobre la calidad de esa agua es antigua: un estudio de la Fundación Grupo Puntacana y Virginia Tech (2009-2012) halló coliformes totales en 43 de 46 pozos (93 %) y Escherichia coli en el 30 %. Desde entonces, con una población que se multiplicó por más de tres, no existe un monitoreo público equivalente. Esa ausencia es, por sí sola, una señal de alarma.
Para una región con este empuje económico, la situación es difícil de explicar y contraproducente. Un turismo que aporta buena parte de los más de US$11,000 millones anuales en divisas del sector depende de agua segura, comunidades sanas y un entorno que no se degrade. Cuidar el agua es cuidar la gallina de los huevos de oro.
La región necesita un Plan Maestro de Seguridad Hídrica que proyecte la demanda de las próximas décadas y proteja las cuencas de los ríos Soco, Chavón, Duey, Sanate, Maimón y Anamuya, regule los pozos y asegure la recarga de los acuíferos. El INDRHI ya proyecta presas en el Maimón, el Duey, el Sanate y el Chavón, la primera con un costo estimado de US$70 millones y 4 m³ por segundo; corresponde acelerar sus estudios y decidir con evidencia. Lo insensato sería esperar a que la escasez o la contaminación sean críticas para empezar a planificar.
Urbanismo sostenible: lo que el Plan de Ordenamiento Territorial ya advierte
El tercer grupo de problemas, los del crecimiento sin planificación, tiene una herramienta a mano: el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Verón-Punta Cana. La propuesta protege el 55 % del territorio y destina el 30 % a suelo urbano, pero su aprobación sigue pendiente: el 5 de agosto el Concejo de Vocales la condicionó a verificaciones técnicas tras objeciones a la clasificación como suelo agrícola de La Ceiba-El Salado. Su estudio de riesgos reconoce la exposición a inundaciones, la vulnerabilidad de asentamientos levantados sin planificación y la necesidad de proteger humedales, manglares y zonas de recarga frente a huracanes, erosión costera y crecidas como las que dejó Fiona en 2022. El bien común exige que esas decisiones se tomen con estudios transparentes, no por la influencia de propietarios, desarrolladores o actores políticos.
El crecimiento de Verón, Bávaro, Higüey y otros centros del Este no puede seguir dependiendo de pozos sépticos y filtrantes que contaminan los acuíferos, ni de una urbanización que impermeabiliza el suelo sin reservar cauces y espacios de drenaje. Hacen falta alcantarillado sanitario y drenaje pluvial planificados a la vez, y suelo urbanizado para vivienda digna de quienes trabajan en la región, para que el hacinamiento y la ocupación de zonas de riesgo no sigan siendo la única opción.
El riesgo sísmico también debe estar en esa planificación. El ingeniero Alexander T. Holsteinson propone un parque lineal con mirador y una franja de seguridad protegida sobre un corredor que asocia con una posible estructura tectónica al oeste de Verón, con conexiones viales para descongestionar el bulevar. Su propuesta prevé además áreas verdes de esparcimiento, algo que en los planes suele parecer secundario, pero que tiene un enorme impacto en la calidad de vida: donde no hay parques ni espacios públicos, la convivencia se resiente y los niños y jóvenes pierden el lugar donde encontrarse. La hipótesis debe validarse con el Servicio Geológico Nacional y las instituciones competentes, pero el principio es acertado: identificar y proteger las zonas de riesgo antes de urbanizarlas y actualizar y hacer cumplir con rigor las normas sismorresistentes. Ese diagnóstico debe traducirse en proyectos con responsables, presupuestos y plazos verificables.
Una alianza que conviene a todos
El Este no se construyó por casualidad. En La Romana, el ingenio fundado en 1912 es hoy el Grupo Central Romana, uno de los principales empleadores privados del país, con presencia en agroindustria, turismo, zonas francas, salud y transporte, y con puerto y aeropuerto propios. Allí Charles Bluhdorn levantó Casa de Campo y Altos de Chavón, cuya escuela de diseño todavía forma talento dominicano. En Punta Cana, Frank Rainieri, Theodore Kheel y sus socios apostaron en 1969 por una costa sin caminos y en 1983 inauguraron uno de los primeros aeropuertos internacionales de propiedad privada del mundo, hoy el más transitado del país. El Grupo Puntacana desarrolla junto a él la Punta Cana Free Trade Zone y sostiene, además de sus complejos turísticos e inmobiliarios, una fundación dedicada a la conservación ambiental y a programas comunitarios. A su lado, Cap Cana, impulsado desde 2002 por la familia Hazoury con capital íntegramente dominicano, ha invertido más de US$3,000 millones en un desarrollo planificado con marina, campos de golf y hotelería de lujo. Estos grupos entendieron algo que conserva toda su vigencia: un destino no es solo una playa o un campo de golf, sino un territorio, una cultura y una comunidad. La calidad del agua, la salud de los trabajadores, la seguridad de las vías y la estabilidad social forman parte del producto que el Este ofrece al mundo, tanto como sus hoteles.
Por eso el sector empresarial de la región es un aliado natural en esta agenda, no un adversario. Invertir en agua, saneamiento y comunidades prósperas no es filantropía: es proteger la competitividad del destino y el valor de lo ya invertido. Muchas empresas lo saben y lo practican. El paso siguiente es sumar esos esfuerzos en un propósito común, junto al Estado y a las comunidades, a la escala que el crecimiento de la región exige.
Un ejemplo de esa escala es la movilidad. En la Cámara de Diputados se estudia un tren entre Higüey y Punta Cana mediante alianza público-privada. Es una buena señal, pero antes de elegir la tecnología hace falta una planificación integral: un sistema de transporte masivo que conecte Cap Cana, Punta Cana y su aeropuerto con Bávaro, Friusa, Macao, Verón e Higüey, por donde se mueven a diario turistas, trabajadores y estudiantes. Reservar hoy sus corredores blindaría a la región contra el caos vehicular y motorizado que ya copa buena parte del territorio nacional. Ganarían por igual los visitantes, las empresas y quienes cada día recorren largas distancias para llegar a sus trabajos.
Un llamado a la sensatez
Este no es un llamado a frenar el turismo, la inversión inmobiliaria o la empresa privada. Es un llamado a la sensatez. Todavía estamos a tiempo de corregir desequilibrios, anticipar riesgos y acordar soluciones que permitan que el desarrollo continúe con más legitimidad, inclusión y sostenibilidad.
El Gobierno, los ayuntamientos, el sector turístico e industrial, los productores, las universidades y las organizaciones comunitarias deben sentarse en torno a una agenda común. Esa concertación debe producir algo más que declaraciones: proyectos financiables, responsables, calendarios e indicadores públicos de avance. Al Estado le toca planificar, regular e invertir; al empresariado, aportar capital, ejecución e innovación; a la academia, conocimiento independiente; y a las comunidades, ser coautoras de las decisiones y vigilar su cumplimiento.
Escuchar a las comunidades y corregir a tiempo no amenaza la inversión; la protege. Es la forma más inteligente de preservar la estabilidad, la seguridad jurídica y la sostenibilidad del propio desarrollo. El Este ya demostró que sabe producir riqueza. Ahora debe demostrar que sabe convertirla en bienestar para quienes viven, trabajan y producen en su territorio.
En próximas entregas abordaremos la visión de largo plazo, con los suelos agrícolas y la infraestructura portuaria, y las oportunidades de empleo, economía circular y turismo comunitario que pueden acercar el progreso a la gente.
El verdadero progreso no consiste solo en seguir creciendo, sino en aprender a crecer mejor, juntos y con sensatez.
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