Desde 1996, la República Dominicana ha basado su desarrollo en un modelo que combina inversión extranjera, crecimiento del turismo y financiamiento a través de deuda pública. La deuda del sector público no financiero (SPNF) ha aumentado significativamente en las últimas décadas, pasando de representar menos del 25% del PIB en los años 90 a rondar el 60% del PIB en 2024-2025. La República Dominicana ha experimentado un notable crecimiento económico, posicionándose como una de las economías de mayor dinamismo en América Latina y el Caribe. El acceso a estos recursos ha permitido al país avanzar en áreas clave como la construcción de infraestructura, la expansión de programas sociales y el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica. Sin embargo, este modelo de crecimiento basado en el endeudamiento también ha generado una creciente dependencia del crédito externo, lo que plantea desafíos importantes para la sostenibilidad fiscal y económica del país.
El endeudamiento público ha sido una herramienta fundamental para financiar proyectos de desarrollo en la República Dominicana. Gracias a estos recursos, el país ha logrado modernizar su infraestructura vial, ampliar la cobertura de servicios básicos como agua potable y electricidad, y mejorar los sistemas de educación y salud. Además, en momentos de crisis, como la provocada por la pandemia de COVID-19, el acceso a financiamiento externo permitió al gobierno implementar medidas de apoyo a la población y reactivar la economía. No obstante, este modelo de crecimiento basado en la deuda no está exento de riesgos, especialmente cuando no se establecen límites claros y responsables.
Los principales factores que han impulsado el endeudamiento han sido:
- Infraestructura y crecimiento económico: Se ha financiado la construcción de carreteras, aeropuertos, puertos y proyectos energéticos.
- Crisis externas: Factores como la crisis financiera de 2008, el colapso de la economía venezolana (impactando Petrocaribe) y la pandemia del COVID-19 han obligado al país a endeudarse más para mantener estabilidad macroeconómica.
- Déficit fiscal recurrente: El país gasta más de lo que recauda, lo que ha llevado a financiar el déficit con deuda en lugar de una reforma fiscal integral.
A pesar de los beneficios que ha traído el endeudamiento, su aumento acelerado en los últimos años ha encendido señales de alerta. Según datos del Ministerio de Hacienda y organismos internacionales, la deuda pública de la República Dominicana ha alcanzado niveles significativos en relación con el Producto Interno Bruto (PIB). Si bien el país aún se encuentra dentro de los parámetros considerados manejables, la tendencia creciente de la deuda podría comprometer la estabilidad fiscal en el mediano y largo plazo.
Un endeudamiento descontrolado puede tener varias consecuencias negativas. En primer lugar, aumenta la vulnerabilidad del país ante shocks externos, como fluctuaciones en los mercados financieros internacionales o alzas en las tasas de interés. En segundo lugar, una carga de deuda elevada limita la capacidad del gobierno para invertir en sectores estratégicos como educación, salud, innovación y tecnología, que son esenciales para garantizar un crecimiento sostenible e inclusivo. Finalmente, un nivel de deuda insostenible podría llevar a ajustes fiscales drásticos, como recortes en el gasto público o aumentos de impuestos, que afectarían directamente a la población y podrían generar malestar social.
Ante este escenario, es imperativo establecer un tope de endeudamiento que garantice la sostenibilidad fiscal y la capacidad de pago del país. Este tope debe ser diseñado de manera responsable, tomando en cuenta no solo los indicadores económicos actuales, sino también las proyecciones de crecimiento, los ingresos fiscales esperados y los compromisos futuros. Un límite bien definido permitiría al gobierno planificar sus finanzas de manera más eficiente, evitando caer en ciclos de endeudamiento excesivo que pongan en riesgo la estabilidad económica.
Límites Razonables
- Tope ideal: 40-45% del PIB → Nivel manejable para países emergentes con economías abiertas como la de RD.
- Límite de riesgo: 50-55% del PIB → Requiere ajustes fiscales o políticas de consolidación para evitar presión sobre las finanzas públicas.
- Zona crítica: 60% o más del PIB → Alto riesgo de vulnerabilidad ante crisis externas o internas, posible pérdida de confianza de inversionistas y encarecimiento del financiamiento. (Este nivel, aunque manejable en el corto plazo, puede volverse riesgoso si continúa sin un crecimiento económico proporcional).
Además, la implementación de un tope de endeudamiento debe ir acompañada de medidas complementarias que fortalezcan la gestión fiscal. Entre estas medidas se incluyen:
- Mejora de la recaudación tributaria: Ampliar la base tributaria y combatir la evasión fiscal para aumentar los ingresos del Estado sin necesidad de recurrir a más deuda.
- Transparencia y rendición de cuentas: Garantizar que los recursos obtenidos a través de préstamos se utilicen de manera eficiente y en proyectos que generen un impacto positivo en el desarrollo del país.
- Diversificación de la economía: Reducir la dependencia de sectores tradicionales como el turismo y las remesas, promoviendo la inversión en áreas como la industria, la agricultura sostenible y las energías renovables.
- Fortalecimiento de las instituciones: Crear mecanismos de control y supervisión que aseguren que el endeudamiento se mantenga dentro de los límites establecidos y que se priorice el bienestar de la población.
La República Dominicana se encuentra en una encrucijada en la que debe equilibrar el uso del endeudamiento como herramienta de desarrollo con la necesidad de mantener la estabilidad fiscal y económica. Establecer un tope de endeudamiento responsable no solo es una medida prudente, sino también una oportunidad para sentar las bases de un crecimiento sostenible e inclusivo. La disciplina financiera, acompañada de políticas públicas efectivas y transparentes, será clave para garantizar que el país pueda enfrentar los desafíos futuros sin comprometer el bienestar de las generaciones venideras.
El endeudamiento ha sido un motor importante para el crecimiento económico de la República Dominicana, pero su manejo debe ser cuidadoso y estratégico. Un tope de endeudamiento basado en criterios de sostenibilidad fiscal no solo protegerá la economía del país, sino que también asegurará que los recursos se utilicen de manera eficiente para impulsar un desarrollo que beneficie a todos los dominicanos. La planificación responsable y la transparencia en la gestión de la deuda pública son, por tanto, pilares fundamentales para construir un futuro económico próspero y resiliente.
El país debería establecer una regla fiscal que limite el crecimiento de la deuda pública, garantizando que no supere el 50% del PIB de manera sostenida. Esto permitiría mantener el acceso a financiamiento sin comprometer la estabilidad macroeconómica. Además, se deben reforzar políticas de mayor eficiencia en el gasto público y diversificación de ingresos fiscales para reducir la necesidad de endeudamiento.
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