La tragedia del Jet Set exige una respuesta judicial que honre a las víctimas mediante una investigación rigurosa y responsabilidades establecidas conforme a derecho. Esa exigencia comprende el respeto al principio de legalidad, y aunque resulte doloroso para muchos, la magnitud del daño no autoriza a modificar judicialmente las condiciones que la ley exige para atribuir un homicidio voluntario.
La Resolución núm. 042-2026-TRES-00048, de la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, varió la calificación de homicidio y lesiones involuntarios a voluntarios, mediante el dolo eventual, y remitió el proceso a un tribunal colegiado. Aunque no constituye una condena, su fundamentación plantea una objeción de fondo sobre los límites de la interpretación penal.
En su numeral 82, el tribunal considera que las imperfecciones legales se resuelven mediante interpretación y propone que, donde el artículo 295 dice «voluntariamente», sería más adecuado decir «dolosamente». Esa sustitución compromete el razonamiento: el juez debe explicar el alcance del texto vigente, sin reemplazarlo por la formulación que considera preferible. Corregir una insuficiencia legislativa que amplíe la responsabilidad penal corresponde al legislador.
Los artículos 40.13 y 69.7 de la Constitución, junto con el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, protegen la exigencia de legalidad previa. Esta garantía obliga a identificar una base normativa anterior al hecho para cada atribución de responsabilidad. La doctrina contribuye a interpretar esa base; carece de potestad para suplirla en perjuicio del imputado.
Conviene precisar que el dolo eventual es una categoría de imputación subjetiva, no un delito autónomo. La ausencia de esas dos palabras en un código no resuelve, por sí sola, la controversia. La cuestión decisiva consiste en demostrar que su aplicación cabe dentro del significado y la estructura del tipo legal, sin extender la punibilidad por analogía.
La resolución sostiene, en sus numerales 94 y 97, que estos conceptos son obra de la dogmática, pero, su origen doctrinal no los exime del control de legalidad. Cuando una construcción permite pasar de una conducta culposa a un homicidio voluntario, afecta las condiciones de la imputación y exige una justificación legal específica. Presentarla como una cuestión ajena a la tipicidad elude precisamente el problema que debía resolverse.
La sentencia TC/1652/25, citada por el propio tribunal, exige que el núcleo del tipo penal figure en una ley previa. Al examinar la difamación e injuria por medios electrónicos, explica que el juez aplica una definición legal existente sin completar ni redefinir la conducta prohibida.
En derecho comparado, el Tribunal Constitucional del Perú, en el expediente 010-2002-AI/TC, fundamentos 70 y 71, distingue entre interpretar una norma cuyo sentido literal comprende el caso e integrar un vacío mediante analogía. La segunda operación está proscrita en materia penal. Esta distinción permite evaluar si la interpretación permanece dentro de la ley.
Debe reconocerse, además, que la Suprema Corte dominicana admitió el dolo eventual en su sentencia núm. 147, del 31 de mayo de 2021, como también lo recoge la decisión de que se trata, sin embargo, aquel supuesto involucraba una estocada en el tórax, un escenario punitivo sustancialmente diferente. Su existencia exige discutir el precedente y explicar las diferencias con una imputación vinculada al deterioro estructural de un establecimiento. Ahora bien, lo importante es retener que la jurisprudencia tampoco dispensa de demostrar la base legal y los elementos de cada caso.
Existe, finalmente, un salto argumental en el numeral 113 de la resolución: descartar terremotos, incendios o explosiones no demuestra aceptación de las muertes. La negligencia también puede causar un resultado previsible y evitable. Aunque los numerales 108 a 110 afirman esa aceptación, debían justificar rigurosamente por qué los indicios permiten superar la culpa consciente y qué conoció y asumió cada imputado.
A mi juicio, la resolución rebasa el límite interpretativo cuando justifica la recalificación mediante la corrección del lenguaje legal y una inferencia insuficiente entre previsibilidad y aceptación. El dolo se trastoca cuando la dogmática sustituye la demostración que exige la ley. Las víctimas merecen una justicia cuya firmeza pueda sostenerse dentro de las garantías constitucionales.
Compartir esta nota