El escenario electoral del 2028 se caracteriza, hasta este momento, por una situación muy particular. Mientras el oficialismo, aunque desgastado y criticado, conserva importantes fortalezas institucionales y políticas, la oposición continúa enfrentando dificultades para construir una alternativa capaz de aglutinar el descontento existente en diversos sectores de la sociedad. Esta realidad obliga a preguntarse si el principal rasgo político del momento radica en el desgaste del Gobierno o, más bien, en las limitaciones de quienes aspiran a sustituirlo.
Las encuestas publicadas en los últimos meses sugieren que el principal activo político del oficialismo sigue siendo el liderazgo del presidente Luis Abinader. Más allá de las valoraciones que puedan hacerse sobre su gestión, resulta evidente que el Gobierno conserva ventajas importantes derivadas del control del Poder Ejecutivo, del Congreso y de la mayoría de los gobiernos locales.
A esto se suma la persistencia de mecanismos clientelares que continúan desempeñando un papel relevante en la construcción de apoyos electorales y en la preservación de la gobernabilidad. Se ha planteado reiteradamente que la identidad social se ha edificado sobre la base de valores individualistas; razón por la cual la lógica del favor y del acceso privilegiado a recursos estatales sigue siendo un componente importante de la competencia política.
Sin embargo, sería un error interpretar esta situación como una expresión de fortaleza absoluta. Después de seis años de gestión, el Gobierno comienza a enfrentar los efectos naturales del desgaste. Las denuncias de corrupción, los cuestionamientos vinculados al narcotráfico, las obras inconclusas y las dificultades para responder a determinadas demandas sociales constituyen factores que erosionan gradualmente el capital político acumulado.
A esto hay que añadir la presencia del ADN de la tradición perredeísta que arrastra el PRM: las amenazas de tensiones y división interna derivadas de la sucesión presidencial. La postergación de procesos internos para la elección de nuevas autoridades refleja que el partido oficialista enfrenta desafíos de cohesión que podrían intensificarse conforme se acerque el próximo proceso electoral.
Como hemos dicho anteriormente, el oficialismo disfruta de una estabilidad real, pero vulnerable. Real porque conserva amplias capacidades de control político e institucional; vulnerable porque enfrenta factores de desgaste que, bajo determinadas circunstancias, podrían alterar el equilibrio actual.
Por su parte, la oposición mayoritaria (la Fuerza del Pueblo y el PLD) cuenta con fortalezas que no deben ser subestimadas. Tanto la Fuerza del Pueblo como el Partido de la Liberación Dominicana conservan liderazgos conocidos por la ciudadanía, experiencia de gobierno, estructuras organizativas y recursos suficientes para competir electoralmente. Ninguna de estas organizaciones puede ser considerada marginal o irrelevante dentro del panorama político nacional.
No obstante, ambas enfrentan problemas similares. Sus principales liderazgos continúan generando importantes niveles de rechazo en sectores significativos de la población. En política, la notoriedad constituye una ventaja, pero también puede convertirse en una limitación cuando una parte considerable del electorado asocia determinadas figuras con experiencias pasadas que desea superar.
A ello se suman dificultades específicas. La Fuerza del Pueblo continúa enfrentando retos para fortalecer liderazgos territoriales con capacidad propia de movilización. El PLD, por su parte, todavía parece inmerso en un proceso de redefinición política, afectado por deserciones, conflictos internos y la incertidumbre respecto a su futura candidatura presidencial.
No obstante, la principal debilidad de la oposición no parece encontrarse en cada partido por separado, sino en la imposibilidad de construir un proyecto político común capaz de canalizar el descontento social y transformarlo en una mayoría electoral.
Esta situación adquiere una importancia especial porque el desgaste de un gobierno no conduce automáticamente a la victoria de la oposición. Para que se produzca una alternancia política, generalmente se requiere la existencia de una fuerza capaz de presentarse como una opción creíble de gobierno, canalizando el descontento social hacia una salida electoral que le favorezca. Hasta el momento, esa condición no parece haberse consolidado plenamente.
Más allá de las disputas electorales, existe un aspecto de fondo que merece reflexión. Las tres principales fuerzas políticas del país comparten amplios consensos en materia económica, institucional y de política pública. Aunque existen diferencias de liderazgo, estilo y prioridades, las divergencias programáticas suelen ser menos profundas de lo que sugieren los discursos partidarios. Precisamente, una de las características del ciclo político actual es la homogeneización de las posiciones políticas e ideológicas de los tres partidos mayoritarios. Donde antes teníamos partidos socialdemócratas, socialcristianos o de liberación nacional, hoy tenemos organizaciones con visiones neoliberales compartidas.
Dada esta situación, la competencia política gira alrededor de quién administra el Estado y no sobre proyectos claramente diferenciados de sociedad. Por eso, se percibe que las diferencias entre los principales actores políticos son, en ocasiones, más administrativas que estratégicas, porque, más que tres partidos, tenemos un solo partido, en la medida en que comparten la misma visión ideológica y política, más allá de los adornos.
Una de las consecuencias de esta última situación es que, dado el descontento ciudadano con la política y los partidos, se abra la posibilidad de que alguien que represente una visión antipolítica desempeñe un papel importante en el próximo escenario electoral, no necesariamente como ganador, pero sí como una novedad que alteraría la normalidad en que se mueve el sistema político dominicano.
Aún falta tiempo para poder precisar cuáles de estas tendencias se convertirán en hechos efectivos y concretos, y se transformen en factores cruciales para determinar los resultados electorales del 2028. Lo cual no impide que los tomemos en cuenta desde hoy.
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