El daño en salud no se corrige con dinero

La investigación sobre el fraude en el Seguro Nacional de Salud (SENASA) constituye —en palabras de la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, Mirna Ortiz— la operación de corrupción más grave presentada hasta ahora por las autoridades. Pero lo ocurrido trasciende las irregularidades administrativas o los típicos esquemas de malversación, pues lo que estamos presenciando es el colapso ético, humano e institucional de un sistema creado para cuidar la vida de las personas.

Y la primera verdad que debemos asumir con responsabilidad es esta: el impacto en la salud no se corrige con dinero ni se repara con prisión. Lo que se ha quebrado afecta la seguridad humana, la dignidad de miles de personas y la confianza en las instituciones. El impacto es profundo y, en muchos casos, difícil de reparar, imposible de compensar y éticamente inadmisible para cualquier sociedad.

Se han afectado vidas, tiempos de espera, diagnósticos críticos, tratamientos urgentes, ansiedades que se prolongaron y familias que pierden noches enteras de tranquilidad. Sus efectos marcan profundamente la vida de las personas. Por ello, este caso obliga a una pregunta incómoda: ¿Qué pasa por la mente de personas que, trabajando en salud, deciden participar en esquemas y prácticas que perjudican la salud de otros?

Un Estado que no protege la salud de su gente no cumple su función más básica.

En este sector nadie desconoce lo que significa un retraso en una autorización, un medicamento no despachado, un procedimiento no registrado. Sin embargo, durante 5 años se habría sostenido una estructura que comprometió el bienestar de miles de personas sin que nadie detuviera esas afectaciones.

Esto no es simplemente un caso de corrupción: es una traición a la vocación más noble y un quiebre moral que golpea directamente a quienes confiaron en esta aseguradora para preservar su vida. Hasta el año 2020, SENASA fue un referente nacional de eficiencia, humanidad, entrega y oportunidad en las atenciones; una institución reconocida y certificada internacionalmente por operar con altos estándares de calidad. Esa trayectoria, construida durante años, fue uno de los pilares de confianza para que cerca de 2 millones de personas estuvieran en el régimen contributivo. Este hecho erosiona la credibilidad de una entidad diseñada para proteger a quienes más la necesitan, con más de 5,6 millones de afiliados en el régimen subsidiado y más de 100 mil pensionados y jubilados.

A este impacto humano debe sumarse otro eslabón del sistema silenciosamente afectado: los prestadores de salud. Durante años, clínicas, centros médicos y profesionales que ofrecían servicios a la población a través de SENASA sufrieron retrasos en el pago y afectaciones derivadas de distorsiones financieras. Cuando un prestador no recibe a tiempo los pagos por los servicios ya prestados, se compromete su capacidad operativa, se deteriora la calidad de la atención y se profundiza el daño a quienes dependen de ellos. Esta situación, por tanto, no solo golpeó a los afiliados, sino también a parte de la red que sostiene la atención en salud.

Sin embargo, SENASA no opera de forma aislada. Su funcionamiento incluye un circuito de supervisión y verificación que también falló.

• SISALRIL, responsable de regular y supervisar las administradoras de riesgos de salud (ARS);
• El CNSS, ente rector del sistema de seguridad social;
• El gabinete de salud, responsable de coordinar las acciones de las instituciones del sector;
• La Cámara de Cuentas, responsable de auditorías oportunas y rigurosas;
• Los comités internos de control, llamados a detectar alertas tempranas.

Si un esquema irregular operó durante años sin una sola alarma, la cadena institucional no cumplió sus funciones básicas: los controles internos, la regulación, la supervisión financiera y el Gobierno en su responsabilidad indeclinable de garantizar que estas instituciones cumplieran su función. Cuando eso no ocurre, volvemos a identificar la incompetencia de gestión.

Más del 50 % de los afiliados de SENASA son mujeres, la mayoría de ellas cuidadoras o jefas de hogar. Pero las consecuencias van mucho más allá de las estadísticas. El país necesita un levantamiento serio de daños para comprender la verdadera magnitud humana de lo ocurrido.

¿A cuántas personas se les retrasó una cirugía o se les realizó sin los parámetros correspondientes? ¿Cuántas mujeres perdieron citas prenatales esenciales? ¿Cuántos pacientes con cáncer tuvieron interrupciones en sus tratamientos o recibieron medicamentos sin la calidad necesaria? ¿Cuántos adultos mayores quedaron a la deriva por la falta de medicamentos críticos? ¿Cuántas familias se endeudaron para pagar servicios que el Estado debía garantizar?

Este no es un fraude contable. Es una cadena de sufrimientos reales, silenciosos y no registrados, que alteraron la vida. Para evitar que esto vuelva a ocurrir, se necesitan tres capas de protección que no funcionaron:

1. Control operativo interno modernizado con análisis de patrones, verificaciones en tiempo real y sistemas automatizados para identificar movimientos atípicos.

2. Supervisión regulatoria efectiva. SISALRIL necesita fortalecer su capacidad tecnológica y su independencia de criterio, para detectar irregularidades antes de que escalen.

3. Controles financieros y auditorías externas permanentes que deben actuar preventivamente, no retrospectivamente.

Cuando uno de estos niveles falla, hay riesgo. Cuando todos fallan, ocurre un colapso sistémico. Y ese colapso lo paga la ciudadanía.

Si queremos recuperar la confianza pública —y proteger la salud como el derecho fundamental que es—, el país debe asumir medidas urgentes:

1. Modernizar controles internos con inteligencia artificial accesibles a la ciudadanía en tiempo real.
2. Garantizar transparencia en tiempo real para cada afiliado.
3. Construir una cultura institucional centrada en la dignidad humana.

Un Estado que no protege la salud de su gente no cumple su función más básica.

Los recursos pueden recuperarse; la vida alterada, no. Es un caso humano, ético, de una grave gestión fallida. Porque al final, el daño a la salud no se corrige con dinero. El país espera que se enderece el rumbo con liderazgo, verdadera integridad e instituciones que funcionen de manera legítima para la gente.