El Código Penal que necesitamos

“La democracia no es solamente el derecho a votar, es el derecho de vivir con dignidad” Naomi Klein

El sábado pasado asistí a una de las marchas multitudinarias contra el avance de la extrema derecha que tuvieron lugar en Estados Unidos protestando contra las políticas extremas y crueles de Donald Trump después de su regreso al poder. El centro de Los Ángeles se llenó con las más de 15 mil personas de todas las edades y grupos sociales marchando y levantando los letreros que habían hecho en sus casas en defensa de los derechos, los grupos e instituciones que Trump y Elon Musk intentan lastimar o han lastimado ya. Y la lista es larga: las mujeres, la comunidad LGTBIQ+, las personas migrantes, estudiantes internacionales en proceso de deportación porque Trump y sus seguidores no están de acuerdo con sus ideas, las personas pensionadas y el sistema de seguridad social, las y los ex – militares y la institución que les apoya, las universidades, los museos, el Ministerio de Educación, las bibliotecas y un largo etcétera. La lista es tan larga que en uno de mis letreros favoritos una manifestante simplemente escribió: “Too much for just one sign” (“Demasiado para un solo letrero”).

Como me recordaron esos letreros ingeniosos del sábado pasado, una de las cosas que tienen en común los grupos y partidos de la extrema derecha en muchos países es el demonizar todo lo relacionado con la equidad entre hombres y mujeres, con la comunidad LGTBIQ+ y otros grupos vulnerables, una estrategia que inició el Vaticano a finales de los años ‘90 como reacción a los avances en derechos humanos de esa década. Pero esta estrategia ha cobrado más fuerza en los últimos años con líderes como Trump en EEUU, Bolsonaro en Brasil, Orbán en Hungría o Milei en Argentina. Es lo que en otras columnas he analizado usando el concepto de la “identidad de resistencia” del sociólogo catalán Manuel Castells. O sea, los grupos que al sentirse atacados intentan volver al pasado en vez de construir proyectos nuevos y más incluyentes de sociedad como hacen los movimientos con “identidad proyecto” como el movimiento feminista, ambientalista, anti-racista, de las personas con discapacidad y muchos otros.

Y les menciono todo esto porque segmentos importantes de la extrema derecha continúan impulsando esta agenda de intentar volver al pasado también en las discusiones del Código Penal en nuestro país. En cada nueva legislatura incluyen medidas más y más extremas no solo en contra de los derechos de las mujeres, de la comunidad LGTBQ+, de los niños y niñas, de las personas con discapacidad y otros grupos sino también debilitando libertades básicas que nos ha costado mucho ganar como el derecho a la protesta y la libertad de expresión. Por eso dedico mi columna de hoy a destacar el único proyecto de Código Penal que sí incluye medidas para fortalecer nuestra democracia y para respetar los derechos de las personas y cómo se diferencia de las propuestas presentadas por estos sectores conservadores: el presentado por el senador Antonio Taveras. Les comparto algunos ejemplos:

Incluir las causales para proteger la vida, la salud y la dignidad de las mujeres

El mejor Código Penal propuesto incluye las causales, o sea, las tres causas de excepción para no castigar a las mujeres y al personal de salud si la mujer decide interrumpir su embarazo en tres circunstancias extraordinarias: cuando su vida está en peligro, cuando el feto no sobreviviría al nacer por defectos genéticos graves y cuando el embarazo es el resultado de haber sido violada o víctima de incesto. Este proyecto incluye las causales porque las causales no obligan a nadie a hacer nada. Las mujeres que decidan continuar con su embarazo incluso poniendo su vida en riesgo podrían hacerlo pero sin obligar a las que decidan no poner en peligro su vida y su integridad física y mental. Múltiples encuestas en los últimos 10 años han mostrado que la mayoría de la población está de acuerdo con estas excepciones y lo mismo se ha visto en las vistas públicas en el Congreso.

Esta propuesta incluye las causales también porque los estudios sobre el aborto en el país y a nivel internacional muestran que prohibirlo, especialmente sin ningún tipo de excepciones, solo aumenta los abortos clandestinos. Por eso tanto el Colegio Médico Dominicano como la Academia de Ciencias y la mayoría de asociaciones de enfermería históricamente han apoyado las causales. Por el contrario, los otros proyectos de Código Penal no incluyen las causales e incluso aumentan las penas de cárcel tanto a las mujeres como al personal de salud (en el proyecto presentado por la diputada Soraya Suárez ¡son de hasta 30 años!). Eso sería condenar a la cárcel a las mujeres más pobres que con frecuencia no tienen los recursos para hacerse abortos seguros como hacen las de clase media y alta generalmente viajando fuera del país. De hecho, el proyecto de Código Penal que necesitamos tampoco penaliza los métodos anticonceptivos ni distorsiona lo que es la educación sexual integral. Por el contrario, en el proyecto de la diputada Mirna López hasta se prohíbe este tipo de educación para proteger a los niños, niñas y adolescentes junto con la pornografía como si fueran cosas similares.

Sancionar la violencia contra los grupos más vulnerables

A diferencia de los otros proyectos presentados, el mejor Código Penal propuesto hasta la fecha se toma en serio y sanciona los distintos tipos de violencia ejercidos contra las mujeres, los niños y niñas, la comunidad LGTBIQ+, las personas con discapacidad y otros grupos. Por eso tipifica y define claramente crímenes como la violencia obstétrica (cuando el personal de salud insulta, maltrata y es negligente con las mujeres embarazadas y créanme que es mucho más común de lo que la gente cree), la violencia política de género (cuando las mujeres políticas son acosadas o agredidas por atreverse a irrumpir en ese ámbito) y otros tipos de violencia de género incluyendo su expresión más extrema, los feminicidios (cuando las mujeres son asesinadas por ser mujeres, con frecuencia por hombres que son o fueron sus parejas y que las consideran como su propiedad).

Además, se prohíbe totalmente el castigo físico a niños, niñas y adolescentes mientras que en los otros proyectos no se impide o se permite de manera supuestamente “proporcional”. Esta propuesta también contempla los delitos de odio basados en la orientación sexual y el género de la persona que excluyen los otros proyectos. Igualmente sanciona la discriminación contra las personas con discapacidad; algo que no plantean o hacen de manera dispersa y sin un enfoque integral los otros proyectos presentados. En lo que respecta a los derechos de las personas migrantes, el proyecto que les menciono establece protecciones y procesos claros para evitar las deportaciones arbitrarias mientras que los otros proyectos propuestos las permiten.

 Castigar la corrupción y el favoritismo a sectores privilegiados

La propuesta de las que les hablo tipifica la corrupción en el sector público y en los partidos políticos mientras que en los otros proyectos presentados el tema no se aborda o solo con sanciones leves. También castiga el uso excesivo de la fuerza policial y militar algo que los otros proyectos desconocen y que, como sabemos, todavía ocurre con frecuencia en nuestro país. Tampoco incluye tribunales militares especiales que protegerían a los miembros de estas instituciones de las consecuencias de sus acciones contra el resto de la población. Además, el mejor Código establece claramente cómo sancionar a las personas jurídicas (organizaciones, empresas u otras instituciones) mientras que los otros proyectos tratan con favoritismo a las iglesias y a otras entidades.

Proteger el derecho a la protesta y la libertad de prensa

El mejor proyecto de Código también aborda explícitamente las libertades que tanto nos costó ganar después de la dictadura trujillista y los 12 años de Balaguer: el derecho a la protesta y la libertad de prensa. Por el contrario, el proyecto del senador Rogelio Genao trata las protestas pacíficas como insurrecciones y las castiga de manera excesiva mientras que el de la diputada Soraya Suárez las criminaliza con figuras poco claras como la “obstrucción de tránsito”. A diferencia de esos dos proyectos, este proyecto más democrático y moderno de Código también garantiza la libertad de expresión y limita las sanciones por difamación e injuria para proteger a las y los periodistas haciendo su trabajo y garantiza la protección de la prensa y de las personas que son activistas defensoras de los derechos humanos.

Es cierto que el Código Penal es solo uno de los muchos instrumentos de política pública que tenemos. Pero recordemos que es uno de los que tiene mayores consecuencias para todos y para todas. Con lo que decidamos poner y no poner en el Código Penal también decidimos el tipo de sociedad en que queremos vivir. Aprovechemos esta oportunidad apoyando el mejor Código para defender los derechos de todas las personas y fortalecer nuestra democracia.