Entre los números y la verdad vivida
A primera vista, los avances que la República Dominicana ha logrado en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 pueden parecer alentadores: reducción de la mortalidad infantil, expansión de las energías renovables, creación de áreas marinas protegidas, políticas de género más visibles y mejoras en cobertura educativa (CEPAL, 2025). Sin embargo, un examen más profundo revela una verdad incómoda: los progresos reportados no han logrado traducirse en transformaciones estructurales reales y sostenibles.
Disonancia entre el discurso y la capacidad institucional
Aunque el informe de la CEPAL América Latina y el Caribe y la Agenda 2030 a cinco años de la meta: ¿Cómo gestionar las transformaciones para acelerar el progreso? celebra ciertos avances cuantitativos —como la reducción de la mortalidad infantil o la expansión de energías renovables—, estos no deben confundirse con transformaciones estructurales sostenibles. La realidad dominicana muestra que muchos de estos progresos son fragmentarios, desconectados del territorio y vulnerables a choques externos, como quedó evidenciado con la pandemia de COVID-19. Tal es el caso de la reducción de la pobreza ha sido frágil y fuertemente dependiente del crecimiento económico exógeno y de transferencias sociales, más que de una transformación productiva o de una redistribución estructural del ingreso.
La CEPAL reconoce que solo el 23% de las metas de los ODS se alcanzarían en 2030, lo cual delata un profundo desfase entre las aspiraciones normativas de la Agenda 2030 y la capacidad real del Estado para articular respuestas efectivas, transparentes y coherentes. En la República Dominicana, persisten graves deficiencias de planificación pública, captura institucional, corrupción sistémica y clientelismo político, que impiden la implementación efectiva de políticas intersectoriales orientadas al desarrollo sostenible. La inestabilidad regulatoria y la baja calidad del gasto público agravan este panorama.
La alta informalidad laboral, que afecta a más del 55% de la población ocupada en el país, evidencia que el crecimiento económico no ha sido inclusivo ni generador de derechos sociales. Las mejoras en indicadores macroeconómicos conviven con altos niveles de desigualdad, persistencia de trabajo infantil y débil protección social, especialmente en zonas rurales. Esto refleja una estructura económica concentrada y dual, donde conviven sectores modernos y exportadores con amplios segmentos excluidos del desarrollo.
A pesar de las áreas marinas protegidas y la expansión de energías renovables, seguimos siendo altamente vulnerable al cambio climático, con deficiencias en planificación territorial, control del uso del suelo y adaptación climática. La deforestación, contaminación de acuíferos, expansión urbana desordenada y minería sin regulación efectiva continúan amenazando los recursos naturales. La transición ecológica, si no se enmarca en una justicia ambiental, corre el riesgo de reproducir las desigualdades existentes.
La Agenda 2030 requiere movilización de recursos internos. Sin embargo, el sistema tributario dominicano es regresivo, con baja presión fiscal (13.5% del PIB), fuerte evasión y múltiples exenciones. Esto limita severamente la capacidad de inversión pública en salud, educación, saneamiento y protección social. La estrategia basada en financiamiento externo y cooperación internacional puede generar nuevas formas de dependencia y pérdida de soberanía sobre las políticas públicas, si no se refuerza una estrategia fiscal progresiva y soberana.
Un riesgo técnico relevante es la instrumentalización superficial de los ODS como checklist burocrático sin transformación del modelo de desarrollo. Los informes nacionales voluntarios suelen enfatizar logros cosméticos y omitir fallas estructurales. Esto puede generar una narrativa complaciente que reduce la presión por reformas profundas. Es crucial territorializar los ODS, adaptarlos a las realidades locales y convertirlos en motores de cambio institucional y cultural, no solo en metas numéricas.
Transformación estructural como imperativo
Repensar la Agenda 2030 en la República Dominicana no es una opción técnica, sino un imperativo histórico. Nos encontramos en un punto de inflexión en el que la continuidad de los enfoques actuales —fragmentarios, dependientes de métricas superficiales y alejados de las realidades vividas por la mayoría de la población— ya no solo es insuficiente, sino profundamente riesgosa. El desarrollo sostenible no puede seguir siendo entendido como una aspiración decorativa de discursos internacionales, sino como una estrategia nacional de supervivencia, dignidad y futuro compartido.
La visión declarativa de los ODS ha poblado informes, presentaciones oficiales y documentos institucionales con una retórica optimista que rara vez se traduce en acciones estructurales transformadoras. Esta brecha entre el discurso y la acción es la que más daño hace: genera desafección ciudadana, reproduce inercias tecnocráticas, deslegitima los compromisos internacionales y, sobre todo, normaliza la injusticia. Superarla exige valentía política, madurez institucional y un nuevo contrato social orientado a los fines del desarrollo humano integral.
Esto implica construir un nuevo pacto fiscal, social y territorial, no solo para recaudar más, sino para hacerlo mejor y redistribuir con justicia. Es esencial también fortalecer los sistemas de información y evaluación con enfoque interseccional y territorial, desarrollar capacidades estatales estratégicas, generar una economía con propósito y colocar el capital humano y social en el centro de la agenda.
Esto es, repensar la Agenda 2030, en suma, no es simplemente ajustar indicadores ni reorganizar prioridades. Es adoptar una lógica de transformación radical que parta de la realidad vivida, confronte las estructuras que perpetúan la desigualdad y abra un horizonte de sentido colectivo, donde el desarrollo sea una experiencia concreta de justicia, libertad y bienestar compartido.
La República Dominicana y América Latina no solo necesitan avanzar en indicadores, sino replantear su modelo de desarrollo. La Agenda 2030 es una útil herramienta crítica de transformación sistémica, y no un instrumento de validación de políticas inerciales. La oportunidad está abierta, pero exige valentía política, conciencia social y liderazgo técnico de alto nivel.
Referencias
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2025). América Latina y el Caribe y la Agenda 2030 a cinco años de la meta: ¿Cómo gestionar las transformaciones para acelerar el progreso? (LC/FDS.8/3). Santiago: Naciones Unidas.
- Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD). (2021). Informe Nacional Voluntario sobre la Implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la República Dominicana. Santo Domingo: Gobierno de la República Dominicana.
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) & Oficina Nacional de Estadística (ONE). (2022). Mapa de pobreza multidimensional en República Dominicana. Santo Domingo: PNUD y ONE.
- Banco Interamericano de Desarrollo (BID). (2022). La informalidad laboral en América Latina: Diagnóstico y políticas. Washington, D.C.: BID.
https://publications.iadb.org/es/la-informalidad-laboral-en-america-latina
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