Del consenso al compromiso: prueba de una nación

Hay algo que rara vez aparece en las fotografías de las grandes conferencias internacionales.

Lo que ocurre después.

La mesa queda vacía, los participantes vuelven a sus oficinas y los documentos encuentran acomodo en archivos que, con demasiada frecuencia, solo se abren cuando toca preparar la siguiente reunión.

En Santo Domingo se celebró esta semana la Conferencia de la Coalición de las Américas contra los Carteles, con representantes de diecinueve países. El presidente Luis Abinader pidió pasar de los acuerdos a responsabilidades definidas, acciones concretas y resultados que puedan comprobarse. Los participantes trabajaron en un plan operacional y una carta de gobernanza para organizar su cooperación.

Lo novedoso no es que las naciones reconozcan el peligro de las redes criminales. Lo verdaderamente exigente sería que, al cabo de unos meses, cada país pudiera explicar qué parte asumió, qué consiguió realizar y qué sigue pendiente.

En la vida pública solemos considerar que un acuerdo ha sido alcanzado cuando conseguimos firmarlo. En la vida cotidiana ocurre al revés: si un constructor se compromete a entregar una obra, nadie confunde la firma del contrato con la casa terminada.

¿Por qué habríamos de hacerlo con las decisiones públicas?

Interpretando declaraciones judiciales aprendí algo que no he olvidado: la respuesta depende mucho de la calidad de la pregunta. Un testigo puede contestar sinceramente sin que lleguemos a conocer el hecho decisivo, porque nadie se lo preguntó. Algo parecido ocurre con nuestros acuerdos. Si preguntamos solamente si hubo consenso, probablemente todos contesten que sí. Si preguntamos quién asumió la tarea, cuándo debía realizarla y qué prueba tenemos de que la cumplió, podemos descubrir algo muy distinto.

Un compromiso tiene destinatarios. También tiene responsables. Sin esas dos referencias, puede convertirse en una declaración tan generosa que nadie sepa a quién corresponde cumplirla ni quién tiene derecho a reclamar cuando no se cumple.

Imaginemos que varios países deciden cooperar para enfrentar organizaciones que trasladan sus operaciones a través de las fronteras. Es un propósito razonable. Pero, cuando cada delegación regrese a su capital, surgirán preguntas menos solemnes: ¿quién coordinará el trabajo?, ¿qué institución tiene atribuciones para compartir cierta información?, ¿qué hará cuando sus leyes impongan límites?, ¿quién revisará los avances y cómo se informará de ellos sin comprometer las operaciones ni los derechos de las personas?

No son detalles administrativos añadidos al acuerdo. Son el terreno en el cual sabremos si el acuerdo existía de verdad.

La cuestión se vuelve todavía más delicada cuando cooperan gobiernos que conservan, como debe ser, sus respectivas soberanías. Lo que uno puede autorizar no siempre coincide con lo que otro está facultado para hacer. La buena voluntad no deroga una ley ni corrige una competencia mal asignada. Concertar exige conocer esas diferencias antes de prometer resultados que después nadie podrá exigir legítimamente.

Esta semana encontré en Acento otra pregunta que parecía escrita para acompañar la primera. Desde Haití, Frantz Duval se preguntaba si su país volvería a perder una oportunidad de hablar francamente con la República Dominicana sobre la frontera y otros intereses comunes.

Me interesó menos la coincidencia entre ambas noticias que la distancia que las separa. Una conferencia puede reunir diecinueve Estados alrededor de una mesa. Entre dos vecinos que comparten siglos de historia puede resultar mucho más difícil acordar quién habla en nombre de quién y con qué capacidad real de responder por lo hablado.

Hace una semana escribíamos aquí sobre la necesidad de que la nación haitiana recupere su Estado. La conversación bilateral que Duval reclama necesita precisamente eso: instituciones haitianas capaces de decidir, ejecutar y sostener lo convenido. De otro modo, el encuentro puede producir buenas intenciones, pero no necesariamente obligaciones que perduren.

La República Dominicana tampoco debería conformarse con proclamar disposición al diálogo. Debe saber qué propone, cuál es su margen legal, qué instituciones deberán actuar y cómo protegerá sus propios intereses mientras construye cooperación con su vecino.

En otra columna, Josué Fiallo llamó la atención sobre el tono de ciertas declaraciones dominicanas vinculadas a la crisis haitiana. Se puede discutir su interpretación, pero plantea una dimensión que ninguna negociación debería ignorar: las palabras utilizadas antes de sentarse a una mesa también pueden facilitar o dificultar lo que allí se espera conseguir.

Hay un dicho alemán que suelo citar: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Confiar está bien; comprobar es mejor. Pero esa comprobación no debería comenzar cuando descubrimos que alguien incumplió lo prometido. Debe comenzar antes de asumir el compromiso, verificando que cada participante tenga atribuciones, recursos y posibilidades reales de hacer lo que ofrece. De poco sirve vigilar después el cumplimiento de una obligación que nunca fue realizable. La confianza es indispensable para concertar; comprobar la viabilidad de lo acordado es indispensable para que esa confianza no termine defraudada.

Diálogo, concertación, consenso y compromiso.

Hemos vuelto algunas veces sobre esas cuatro palabras porque describen una secuencia que nuestras instituciones conocen, aunque todavía no siempre consiguen completar. Hoy me interesa detenerme en la última. No como una promesa moral, sino como una responsabilidad que pueda seguirse en el tiempo.

Pensemos en una obra pública acordada por varias instituciones. Una promete el terreno, otra el financiamiento, una tercera debe otorgar permisos y una cuarta se encargará del mantenimiento. Todo puede estar técnicamente bien concebido y quedar paralizado porque nadie verificó que esas decisiones ocurrieran en el orden necesario.

En ese caso, el problema no era necesariamente la ausencia de consenso. Era que no habíamos convertido las coincidencias en una cadena de obligaciones ejecutables.

Y aquí es donde suelen desaparecer los ciudadanos. Se les invita a la presentación del proyecto, quizás a una consulta, pero pocas veces se les explica con la misma claridad a quién preguntar cuando llega la fecha y la obra sigue sin comenzar.

Una política pública debería poder responder, de manera comprensible, tres preguntas sencillas: quién debe hacer qué, para cuándo y cómo sabremos si lo hizo. No se necesita inventar una burocracia nueva para cada propósito. Se necesita que alguien conserve el hilo de la decisión y que los ciudadanos puedan encontrarlo.

También hace falta aceptar algo que solemos considerar incómodo: hay compromisos que no se cumplen.

En ocasiones cambian las circunstancias, aparece un obstáculo legítimo o descubrimos que la premisa inicial estaba equivocada. Cumplir responsablemente no significa perseverar a ciegas. Significa explicar qué ocurrió, discutir las modificaciones necesarias y dejar constancia de aquello que continúa siendo obligatorio.

Muy distinta es la costumbre de permitir que el acuerdo se desvanezca sin que nadie tenga que dar cuenta de su desaparición.

No pido que todas las deliberaciones terminen en unanimidad. En una democracia, gobernar también significa decidir dentro de las atribuciones que establece la ley, aunque persistan desacuerdos. Lo que sí podemos exigir es que un compromiso anunciado como colectivo no se utilice para repartir aplausos al principio y dejar la responsabilidad sin dueño al final.

La conferencia de Santo Domingo todavía no ofrece una medida de sus resultados. Sería prematuro atribuirle éxitos que están por demostrarse o fracasos que aún no han ocurrido. Ofrece algo más útil para nuestro propósito: la ocasión de observar, desde el comienzo, si los instrumentos que se preparan permitirán reconocer y evaluar lo que cada participante se comprometa a realizar.

Lo mismo vale para cualquier pacto nacional, acuerdo regional o iniciativa municipal. No se mide solamente por la importancia de quienes lo firman, sino por la posibilidad de que sus destinatarios comprueben sus efectos.

Dentro de seis meses sería interesante preguntar qué pasó con los acuerdos de esta semana. No para descalificar a sus promotores, sino para comprobar que el proceso continúa después del acto inaugural. Y repetir la pregunta cuando haga falta.

Quizás allí comience una costumbre pública que nos hace falta cultivar: que cada compromiso importante deje, además de una fotografía, un rastro verificable de lo que se hizo con él.

Porque la prueba de una nación capaz de concertar no está únicamente en reunir voluntades. Está en conseguir que esas voluntades produzcan consecuencias incluso después de que todos se hayan levantado de la mesa.