A comienzos de 2014 el aire en Santo Domingo tenía la densidad de los días en que la historia se vuelve personal. No era un conflicto cualquiera ni una polémica pasajera: era la sensación, cada vez más visible, de que fuerzas externas e internas se conjugaban para empujar a la República Dominicana hacia una redefinición profunda de su identidad constitucional, cultural y demográfica. Y en medio de ese vendaval, quienes defendíamos el orden jurídico de la Nación nos convertimos en blancos visibles de una tormenta cuidadosamente alimentada desde múltiples frentes.
Todo había comenzado meses antes, en 2013, cuando el Tribunal Constitucional dominicano dictó su famosa Sentencia 168-13.
Aquella decisión, que se insertaba en una larga historia jurídica sobre la nacionalidad y la migración irregular en el país, no fue leída en el exterior como un acto soberano de interpretación constitucional, sino como una afrenta ideológica que debía ser combatida.
De pronto, el pequeño país caribeño que había sido durante siglos crisol de razas, frontera histórica y laboratorio de convivencia, fue presentado en ciertos foros internacionales como una anomalía moral del hemisferio.
Las críticas no se limitaron a informes técnicos o análisis jurídicos. Vinieron acompañadas de una ofensiva cultural que tenía la fuerza simbólica de los nombres consagrados. Entre ellos, el de Mario Vargas Llosa, quien desde tribunas prestigiosas arremetió contra lo que consideraba una deriva nacionalista dominicana. Aquellos textos, repetidos y amplificados por medios internacionales, no solo cuestionaban una decisión constitucional, sino que insinuaban que el país debía someter su tradición jurídica y cultural a un nuevo canon moral global. Las críticas alcanzaron incluso al Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, quien había defendido públicamente la soberanía dominicana y la continuidad histórica de sus valores culturales. De ese modo, la polémica dejó de ser un debate jurídico para convertirse en un enfrentamiento simbólico entre dos visiones del mundo: una que partía de la soberanía constitucional de los Estados y otra que pretendía subordinarla a nuevas corrientes ideológicas transnacionales.
En paralelo, otro hecho cargado de significado político alteró el clima nacional: la designación del embajador estadounidense James “Wally” Brewster. Su llegada no fue percibida únicamente como un nombramiento diplomático ordinario, sino como un gesto político de la administración de Barack Obama —con Joe Biden como vicepresidente— en un momento en que Estados Unidos promovía activamente una agenda global de derechos civiles vinculada al matrimonio igualitario y a la redefinición cultural de la familia.
En sí mismo, el nombramiento no era un problema institucional; lo que generó inquietud fue la posibilidad de que desde la sede diplomática se ejerciera presión para influir en debates que pertenecían al ámbito exclusivo de la soberanía dominicana.
Fue en ese contexto cuando pronuncié, el 14 de febrero de 2014, mi respuesta al embajador Brewster. No hablaba como polemista ni como agitador, sino como diplomático y ciudadano que había jurado fidelidad a la Constitución de la República Dominicana.
Recordé entonces que nuestra Carta Magna protege la vida desde la concepción hasta la muerte natural y define el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, en consonancia con nuestra tradición jurídica y cultural.
Señalé que la laicidad del Estado dominicano, establecida desde la Constitución de 1963 y reafirmada en la de 2010, no implicaba el desconocimiento de las raíces cristianas que habían modelado nuestra historia. Y subrayé, sobre todo, que el principio de igualdad soberana de los Estados —consagrado en el derecho internacional— obliga tanto a las grandes potencias como a los pequeños países a respetar la cultura, las tradiciones y el ordenamiento jurídico de cada nación.
Aquellas palabras desataron reacciones intensas. Se multiplicaron los artículos, los comentarios y las insinuaciones que pretendían presentar mi postura como una muestra de intolerancia o atraso cultural.
Fue entonces cuando comprendí con claridad la dimensión real del conflicto: no se trataba solo de un debate sobre matrimonio o familia, sino de una disputa más amplia sobre la capacidad de la República Dominicana para definir su propio destino sin tutelas externas. Sentí, con la crudeza que solo ofrece la experiencia política directa, que pretendían comerme vivo. Pero en realidad no era a mí a quien querían devorar, sino al principio mismo de soberanía que yo representaba en ese momento.
Mientras la polémica cultural ocupaba titulares, otro tema aún más delicado se desarrollaba en el trasfondo: la cuestión migratoria haitiana. Desde el terremoto de 2010 y el progresivo colapso institucional de Haití, la presión migratoria hacia la República Dominicana había aumentado de manera constante. La comunidad internacional, en particular sectores de la diplomacia estadounidense y de organismos multilaterales, insistía en la necesidad de soluciones humanitarias, regularizaciones masivas y políticas de integración. Tales propuestas, en abstracto, podían parecer razonables; pero en el contexto de un Estado insular con recursos limitados y una frontera históricamente porosa, despertaban el temor legítimo de que se pretendiera trasladar a nuestro territorio un problema estructural que el sistema internacional no había logrado resolver en Haití.
Con el paso de los años, y en medio del agravamiento de la crisis haitiana, surgieron declaraciones diplomáticas posteriores que alimentaron la percepción de que existía un plan, implícito o explícito, de gestionar la crisis demográfica haitiana mediante su absorción progresiva por la República Dominicana.
Más allá de la precisión estadística o de la retórica política, lo cierto es que el flujo migratorio irregular ha sido constante y visible, y que la discusión sobre su magnitud —si se cuenta en cientos de miles o en millones— refleja no solo un debate demográfico, sino una angustia histórica vinculada a la capacidad del Estado dominicano para preservar su equilibrio social, económico y cultural.
De ese modo, a comienzos de 2014 confluyeron tres presiones simultáneas: la crítica intelectual internacional a nuestras decisiones constitucionales, la ofensiva cultural derivada de nuevas agendas globales impulsadas por potencias occidentales y la creciente inquietud geopolítica por el impacto de la crisis haitiana en nuestro territorio.
En esa encrucijada histórica, defender la Constitución dominicana no era un acto de conservadurismo ideológico, sino un deber elemental de fidelidad institucional y de responsabilidad con la continuidad histórica de la Nación.
Mirado en retrospectiva, aquel episodio revela una constante en la historia de los pueblos pequeños: cuando afirman su identidad jurídica y cultural frente a corrientes dominantes del sistema internacional, son sometidos a presiones que se presentan como exigencias morales universales.
Pero la verdadera universalidad del derecho internacional no reside en la uniformidad cultural impuesta, sino en el respeto mutuo entre naciones soberanas, grandes o pequeñas, poderosas o vulnerables.
Por eso, al recordar aquellos días de 2014, no evoco solo una polémica personal ni un enfrentamiento diplomático puntual. Recuerdo un momento en que la República Dominicana se vio obligada a reafirmar, ante el mundo y ante sí misma, que su Constitución no es una pieza ornamental ni un documento negociable según las corrientes ideológicas del momento, sino la expresión viva de su historia, de su cultura y de su voluntad soberana de existir como Nación independiente en medio de un sistema internacional cada vez más complejo y presionante.
Y así, cuando hoy repaso aquellas palabras que pronuncié en defensa de la Constitución y de la soberanía dominicana, comprendo que no respondían solo a un embajador ni a una coyuntura mediática. Respondían a una tensión más profunda entre la permanencia de los pueblos y la volatilidad de las ideologías globales. Una tensión que seguirá marcando, sin duda, el destino de nuestra Nación mientras exista, como existe, la eterna lucha entre la identidad histórica de los Estados y las corrientes que buscan redefinirlos desde fuera.
Dije entonces que:
“Mi posición se fundamenta, ante todo, en la defensa de la Constitución de la República Dominicana, a la cual juré fidelidad al asumir mis funciones públicas. En particular, me remito a los artículos que consagran el respeto a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, así como al marco jurídico que establece que el matrimonio y la familia, conforme a nuestro ordenamiento constitucional vigente, se fundamentan en la unión entre un hombre y una mujer.
“El pueblo dominicano constituye, en el sentido histórico y cultural del término, la nación de época moderna más antigua de América. Somos el primer gran crisol de culturas y razas del continente, raíz originaria de lo que hoy se denomina América, en el marco de la civilización occidental. Esa condición histórica ha forjado valores esenciales que estructuran nuestra identidad como pueblo, como Nación y como Estado soberano. Dichos valores merecen ser respetados tanto por los Estados grandes como por los pequeños, en el marco del principio de igualdad soberana consagrado por el derecho internacional.
“Desde la Constitución de 2010, al igual que ocurrió con la de 1963, el Estado dominicano se define como un Estado laico. Esta laicidad, sin embargo, no implica el desconocimiento de las profundas raíces culturales y éticas que el cristianismo ha dejado en nuestra formación histórica. No somos un Estado confesional, pero sí un Estado laico que reconoce y respeta la tradición cultural que ha contribuido a modelar nuestra vida social y jurídica.
“En consecuencia, como Embajador, mi deber es defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la República Dominicana. Y como cristiano, sostengo los valores culturales que forman parte de nuestra herencia histórica, independientemente de la vivencia personal de la fe, la cual pertenece al ámbito de la conciencia individual.
“Respeto plenamente la pluralidad y la libertad, tanto la mía como la de los demás. Del mismo modo, considero que esa misma pluralidad exige el respeto hacia nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestros valores y, sobre todo, hacia el ordenamiento jurídico que, en ejercicio de nuestra soberanía, nos hemos dado como nación y como Estado independiente.”
Respuesta al Embajador James “Wally” Brewster
14 de febrero de 2014
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